Nuevo estatuto territorial no resuelve el añejo conflicto limítrofe de 3 municipios costeros de BC

El Estatuto Territorial de Baja California que en breve se publicará en el Periódico Oficial del Estado, no resuelve la discusión geográfica en torno a los 168 kilómetros cuadrados limítrofes que se disputa los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 21 de noviembre 2019.-Por eso, una vez que la norma entre en vigor en el estado, el municipio de Ensenada interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció el Presidente Municipal Armando Ayala Robles.

“El recurso legal será elaborado y presentado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del XXIII Ayuntamiento, con el apoyo del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT), dentro de los siguientes 30 días hábiles de la publicación del Estatuto”, manifestó el edil en un comunicado.

El anuncio del alcalde se dio luego de que este mediodía el pleno del Congreso local aprobó por 20 votos el dictamen de las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal; de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y de Justicia.

Las diputadas de Ensenada Miriam Cano y Claudia Agatón votaron en contra del dictamen porque estimaron que el congreso debió resolver antes el conflicto limítrofe que surgió en julio de 1995 con la creación del municipio de Playas de Rosarito.

Hoy en el congreso (Cortesía)

Agatón, del Partido del Trabajo y Presidente del congreso, aclaró que su voto fue en contra porque en el nuevo documento permanece un conflicto territorial entre los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana.

Los límites marcados no corresponden a las medidas que marca el mencionado estatuto (…) Antes se debió revisar y corregir el error aritmético de los 168 kilómetros cuadrados asignados de más a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, en el año de 1995”.

Por su parte, Caño dijo que en la creación del estatuto se escuchó a diversos actores participar en diversos foros técnicos y sesiones públicas de las comisiones legislativas que incluso fueron transmitidas por el congreso.

Ello permitió a los legisladores comisionados tener la información necesaria para crear un ordenamiento que diera certeza jurídica, económica y social “a una región del estado sin atención gubernamental constante”.

Y también dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte que ordenó crear esa norma, a más tardar el próximo 30 de noviembre, ya que tiene un rezago de 20 años en su implementación por parte del congreso de Baja California.

Molina, en la foto en su versión Movimiento Ciudadano todavía en 2016, afirma que el estatuto territorial se apega a criterios técnicos y no políticos. ¿Le creemos? (Imagen del partido MC).

Por los resultados de la votación en comisiones legislativas y en el pleno del congreso, es evidente que ese trabajo de poco o nada sirvió en los hechos.

El diputado Juan Manuel Molina García, que en 2016 cambió su curul del Partido Movimiento Ciudadano para regresar al congreso de la mano con Morena, y que participó en la elaboración del documento como Presidente de la Comisión de Justicia, destacó:

– “Las colindancias fueron establecidas en base (sic) a estudios geológicos realizados por técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt).”

También que a lo largo de las reuniones de trabajo “se aplicó un criterio técnico, no político, y así fue como salió el dictamen que dará certeza jurídica a los habitantes de Baja California, que al fin contarán con un documento que tenía que haber salido (sic) desde hace 18 años”.

Finalmente tuvo que aceptar que se tenía que votar a favor de ese dictamen porque el plazo que fijó la SCJN para crear el estatuto, ya no daba para resolver antes el conflicto territorial de los municipios costeros.