Los 21 diputados que obsequiaron a Bonilla 3 años más de gobierno, no violaron de gravedad los derechos de los bajacalifornianos

En el día anterior a la presentación de un dictamen de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara federal de Diputados que exonera de la solicitud de juicio político en contra de los 21 legisladores de Baja California que aprobaron ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez, empresarios de Mexicali y el ex candidato panista a la gubernatura, Oscar Vega Marín, promovieron recursos de impugnación a la Ley Bonilla.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 6 de noviembre 2019.- La acción del político panista y los empresarios cachanillas se dio horas antes de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Fernando Franco González-Salas, desechara de plano, “por notoria y manifiesta improcedencia”, la acción de inconstitucionalidad 124/2019 que el 31 de octubre promovió el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, en contra la llamada Ley Bonilla.

Asimismo, el magistrado aceptó dar trámite a la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma constitucional local que amplía de 2 a 5 años el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla.

Con ello, la impugnación de la CNDH se sumó a los recursos que antes presentaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de Baja California (PBC), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) para que el mandato de Bonilla dure solo 2 años.

José Fernando Franco también analizará la controversia constitucional que el ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, presentó ante la Suprema Cortes antes de que terminara su mandato el pasado 31 de octubre.

Respecto a los recursos que presentaron Oscar Vega y los empresarios, se trata de un Juicio de Protección de Derechos Políticos –que presentó el panista- y un Juicio para la Protección de los Derechos Electorales Ciudadanos que solicitó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Mexicali, a través de su Presidente Ernesto Elorduy Blackaller.

Oscar Vega y Jaime Bonilla, la pelea se prolonga (Fotos: La Otra Opinión).

El recurso de Vega Marín se entregó hoy al congreso del estado para su envío al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el de los empresarios se radicó en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

En sus alegatos, el ex candidato panista condena la aplicación de la reforma constitucional durante la toma de posesión de Bonilla Valdez, el 1 de noviembre, toda vez que Catalino Zavala Márquez, entonces Presidente de la mesa directiva del congreso y hoy Secretario de Educación de Bonilla, mencionó que el nuevo gobierno sería de 5 años, cuando en 2014 el poder legislativo determinó que, por causa excepcional, sería de 2.

Con lo hecho por la XXIII Legislatura local, afirma Oscar Vega en su impugnación, se materializó un acto inconstitucional en la emisión del bando solemne del congreso y la toma de posesión de Bonilla, lo que además viola el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, del cual México es país firmante.

El citado artículo manifiesta que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción o restricción, de los derechos y oportunidades a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Por su parte, la Coparmex de Mexicali sumó su impugnación a un recurso similar que presentó en el tribunal electoral federal la Confederación Patronal a nivel nacional, “para salvaguardar los derechos electorales de los ciudadanos y preservar el Estado de Derecho en Baja California.”

Las dos entidades patronales argumentan que la reforma constitucional hecha por la XXII legislatura del estado y avalada por el nuevo parlamento con mayoría calificada del partido Morena y sus aliados PT, Transformemos y Verde Ecologista, perturbaron los derechos político electorales de los ciudadanos que votaron el 2 de junio por un gobierno de 2 años.

En Baja California nadie lo pone en duda (Foto: e-consulta)

La estrategia de reforma constitucional que en julio pasado pusieron en marcha 21 diputados de la XXII legislatura, fue objeto de una petición de juicio político en su contra, hecha el pasado 21 de octubre por la bancada del PRD, en la Cámara federal de Diputados

Ayer, la diputada morenista Rocío Barrera Badillo, Presidente de la Subcomisión de Examen Previo de la cámara legislativa, adelantó que será mañana jueves 7 de noviembre cuando se analice el proyecto de dictamen que negará el juicio político contra los legisladores bajacalifornianos: cinco del PRI, uno de Transformemos, tres de Morena y doce del PAN.

La negativa se basa, de acuerdo con Barrera, en que los diputados estatales “actuaron en libre ejercicio de su cargo (…) que conlleva la representatividad política de los electores y su criterio de vencedor en la contienda electoral”.

El dictamen reconoce que, con las pruebas aportadas por la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, se advierte la existencia de un acto u omisión por parte de la mayoría en la XXII Legislatura estatal, pero “la magnitud del mismo no es de los propios que conculcan con carácter de gravedad contrario al interés general y que no implica que el interés de la sociedad se haya visto lesionado en forma tal que el bienestar común y cohesión social se vean afectados.”

El dictamen agrega que, para la Subcomisión, es improcedente la denuncia puesto que el poder judicial no se ha expresado al respecto, por lo que el fondo está sujeto a juicio y porque los hechos narrados no se encuadran en los supuestos que la norma regula como graves y sustancialmente políticos.

El dictamen finalmente concluye que “debe prevalecer la interpretación de equidad entre los poderes y la soberanía y autonomía de los estados.”