Se va «Kiko» Vega, el violador de los derechos de las víctimas, el represor de los jornaleros

Tres colectivos de familiares de al menos un centenar de desaparecidos en Baja California, y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal que en marzo de 2015 encabezó a decenas de miles de jornaleros agrícolas del valle de San Quintín en un paro general de labores  para buscar mejores condiciones laborales y sociales, conminaron al gobierno del estado a crear la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el  Fondo para la Reparación Integral del Daño a víctimas de violación de sus derechos humanos.

La policía de Francisco Vega golpea y detiene a un jornalero agrícola de San Quintín en abril del 2015 (Foto: Roberto Armocida)

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 31 de octubre 2019.- En escritos por separado dirigidos al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y al Secretario de Gobierno Francisco Rueda Gómez, que este día concluyen su función pública en Baja California, manifiestan que la indolencia en la atención del tema por parte de los gobernantes provocó en miles de víctimas y sus familiares que sufrieran “graves violaciones a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de daños.”

A sus voces se sumó el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, quien en el estudio “Análisis Situacional en Materia de Derechos Humanos en Baja California 2019”, destacó:

El Estado no ha cumplido con la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones a sus derechos, por lo que el Poder Ejecutivo Estatal debe adoptar de manera decidida una política de reparación integral del daño que permita garantizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, el acceso a la justicia de forma pronta y efectiva, no debiendo caer en omisiones, lo que conlleva a la revictimización para las personas”.

Agregó que, tras analizar 76 Recomendaciones emitidas por la comisión de junio 2015 a mayo 2019 por la CEDHBC, entre ellas 11 Recomendaciones Generales, el organismo encontró que sólo en dos de los documentos se realizó la indemnización por compensación monetaria a las víctimas como parte de la reparación integral del daño.

“Y a la fecha (hoy), no están establecidos los instrumentos procesales contemplados en la Ley de Víctimas para Baja California que incluyen una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un Fondo para la Reparación Integral del Daño, lo cual contribuye a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral a partir de instituciones, procedimientos y mecanismos que garanticen su realización.”

Los heridos, después de un enfrentamiento con policías antimotines del gobierno de Francisco Vega en Viente Guerreo, en mayo del 2015 (Foto: Roberto Armicida).

Fidel Sánchez, Bonifacio Martínez, Juan Hernández y Juan Martínez, indígenas mixtecos y triquis que dirigen la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal de Jornaleros Agrícolas, solicitan en su carta la inscripción, -por parte del gobierno estatal- en el Registro Nacional de Víctimas, de los cientos de trabajadores del campo que sufrieron represión física y violación a sus derechos en el movimiento del 2015.

Ello en apego a lo que desde el 30 de enero del 2017 encargó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 02/ 2017 –“Caso sobre violaciones a diversos derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del valle de San Quintín, Ensenada, B.C.”-, escrito donde también se pidió al gobierno de Francisco Vega que proporcionara asistencia y asesoría requerida por las víctimas para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia, Reparación Integral e Indemnización contemplado en la Ley General de Víctimas.

Los jornaleros destacan que si bien es cierto que la Ley estatal de Víctimas ya fue aprobada y publicada, también es cierto que a la fecha aún no se encuentran integradas las comisiones y órganos previstos en la norma para el debido cumplimiento de su objetivo.

Tal es el caso del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y el Comisionado Ejecutivo Estatal, quienes debían instalarse y emitir propuestas de nombramiento dentro de los 180 días y 90 días, respectivamente, contados a partir del 30 de octubre de 2018, fecha en la que entró en vigor de la Ley de Víctimas de Baja California.

El plazo para la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas feneció el 30 de enero de 2019, y el plazo para emitir la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo Estatal venció el 3 de abril del 2019, lo que es una descarada violación a los artículos transitorios Quinto y Décimo de la citada ley”.

La represión de Francisco Vega a los jornaleros, hasta hoy sin castigo (Archivo)

Y agregan que independientemente de las acciones dilatorias del congreso local y la omisión del ejecutivo para acatar el espíritu de la Ley de Víctimas del Estado, en ambos casos ha transcurrido “en exceso y omisión ilegal” del término del mandato, al grado de que Baja California es uno de los dos estados del país que aún no cuentan con esos mecanismos, con lo que el gobierno estatal provocó una “grave afectación” a cientos de víctimas agremiados en la Alianza de Organizaciones.

Por otra parte, Irma Leyva Sosa, en representación de los colectivos Madres Unidas y Fuertes (Mexicali), Una Nación Buscado T (Tijuana) y Siguiendo tus Pasos (Ensenada), solicitó el 24 de octubre al gobernador y al secretario de Gobierno que, a la brevedad posible, envíen al congreso local el oficio que contenga el dictamen del Ejecutivo Estatal con los nombres de las personas que ya fueron postuladas y que integran la terna de donde los diputados elegirán al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado.

Esto en virtud de que la terna está conformada y lista para ser enviada al legislativo desde hace al menos 21 días, pero aparentemente fue detenida a petición del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien al primer minuto de mañana 1 de noviembre asume el cargo ejecutivo en el congreso, lo que viola la convocatoria para designar el cargo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 16 de agosto.

Nuestra preocupación (…) es porque requerimos de la integración de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas sin tintes ni cuotas políticas, encabezada por la persona idónea, con conocimiento y experiencia en la materia, trayectoria y compromiso con las víctimas, y aprobar de igual forma el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sin que se politice ni repita el proceso que legalmente ya se desarrolló al expedirse la convocatoria y haberse integrado la terna.”

Describen por último que, por la falta de apoyo, recientemente tuvieron múltiples dificultades económicas para atender a personas expertas en el rastreo de personas desaparecidas en Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como cubrir los gastos que tienen que hacer para buscar a sus familiares, solo porque la integración de la Comisión y del Fondo están “ilegalmente frenada” en el gobierno y el congreso de Baja California.