Preparan nueva acusación vs Rosario Robles: vendió en 2017, en 127 mil pesos, zona de reserva en San Quintín

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló este jueves que se prepara otra denuncia contra Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedatu y Sedesol, esta vez por la venta irregular de terrenos federales en la Bahía de San Quintín, Baja California.

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24 de octubre de 2019.- Esto podría conducir a una denuncia penal y administrativa, independiente a la Estafa Maestra, según las palabras de Santiago Nieto.

Afuera de Palacio Nacional, el funcionario, indicó que siguen preparando la información sobre los 105 convenios enviados por la Secretaría del Bienestar (Antes Secretaría de Desarrollo Social) que derivaría en una nueva acusación contra la exfuncionaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Adicionalmente, se le indaga por la comercialización de un terreno federal de 700 hectáreas frente al Mar de San Quintín, durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que continuó su sucesor Jorge Carlos Ramírez Marín.

De acuerdo con información que en Baja California se difundió desde octubre del 2017, este terreno habría sido valuado en 1 mil 240 millones de pesos, sin embargo, la Sedatu bajo el mando de Robles la vendió en 61.4 millones.

El titular de la UIF destacó: “Lo que ha dicho el presidente ha sido muy claro, necesitamos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Seguimos en todo el proceso de indagación”.

Punta Mazo (Archivo)

El pasado 18 de agosto trascendió que la Sedatu, durante la gestión de Rosario Robles, vendió a nueve personas dos áreas naturales de más de mil 600 hectáreas en Baja California a un precio de entre 55 y 75 pesos por hectárea, lo que representa un precio total de 127 mil 523 pesos.

Al respecto, la asociación civil Terra Peninsular señaló que en 2012 pagaron 10 millones de dólares por dichos terrenos para destinarlos a la conservación, y pagaban regularmente sus terrenos. Sin embargo, en 2017, al momento de realizar el pago correspondiente, les dijeron que los títulos de propiedad habían sido asignados nuevamente a otras personas.

Cuando llegó 2017 fuimos a pagar nuestro predial y nos llevamos la sorpresa de que en la oficina de catastro nos dijeron: ‘No debes nada porque hay títulos que acaban de ser asignados y sobrepuestos a tus títulos de propiedad’”, explicó César Guerrero, director de Terra Peninsular.

“Resultó que nueve individuos, sin ningún proceso legal, con un trámite corrupto, se acercaron a la entonces secretaria de Desarrollo Agrario y consiguieron 10 títulos de propiedad que se sobreponen a estas hectáreas que teníamos en propiedad”, denunció.

Las zonas en disputa son la Reserva Nacional Punta Mazo y la Reserva Nacional Monte Ceniza, las cuales fueron divididas en diez lotes y vendidas a nueve personas por separado.

Los beneficiados por la venta irregular están identificados como Héctor Bojórquez Quintero, dirigente priista campesino, así como Daniel Salazar Goyri, Everardo Bayón, Mario Gerardo Rivera, Francisco Sesma Vázquez (exdirigente de la priista Confederación Nacional Campesina y exdiputado local en el periodo 1986-1989), Manuel Fernández, Miguel Valadez, Juan Manuel Cota y Guadalupe Díaz.

Monte Ceniza (Archivo)

En el caso de la Reserva Natural de Monte Ceniza, esta cuenta con una extensión de 800 hectáreas y fue comprada en 4 millones de dólares por Terra Peninsular, como lo demuestra la escritura pública 112761, otorgada el 15 de abril de 2016.

En abril de 2017, gracias a los trabajos de conservación realizados por la organización, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), les entregó el certificado que califica a dicho territorio como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, en la Bahía de San Quintín.

Sin embargo, todo esto no evitó que ese mismo año fuera vendida a varias personas, incluyendo a Bojórquez Quintero, quien por un lote de 300 hectáreas pagó únicamente 16 mil 700 pesos.

Ante esto, Terra Peninsular presentó una demanda de amparo, con lo que logró le restituyeran la titularidad de los predios, tras lo cual demandó a Rosario Robles y los nueve compradores por el delito de despojo, proceso que sigue en curso en la actualidad.

“Tenemos miedo de que la sentencia se dicte en nuestra contra y que sigan ganando estos actos de ilegalidad y corrupción, que además se pierdan las tierras, un espacio de valor ambiental, porque sabemos que después los venden a desarrolladores”, comentó César Guerrero.