Reiteramos: No a la «Ley Bonilla»

Hace algunas semanas el Movimiento Comunista Mexicano manifestó su oposición a la llamada Ley Bonilla, con la cual el gobernador electo de Baja California, pretende alargar de dos a cinco años su permanencia en el cargo, en una clara violación a la Constitución, además de ensuciar el proceso democratizador en el país.

Tribuna Comunista*

El tema vuelve al debate porque el pasado domingo 13 de octubre, se pretendió convalidar la medida con un remedo de consulta ciudadana soportada en el capricho de sus promotores, pero sin ninguna base legal, que pudiesen considerar sus resultados como vinculatorios. Se pretende, por encima de la voluntad ciudadana, asestar un golpe a la Constitución

Si bien los resultados de la consulta dan triunfo a la opción de cinco años para el periodo de la gubernatura de Bonilla Valdés, contrasta a esto con el reducido porcentaje de participantes que, apenas llegó al 1.8 %. Reiteramos no es vinculatorio, pero, sobre todo, no logra darle legitimidad a la torcida pretensión de quienes quieren cambiar caprichosamente el marco legal

La pretensión del gobernador electo y sus corifeos es antiética, choca con todo espíritu democrático, crearía un antecedente negativo para que cualquier Congreso pudiera legislar conforme el interés particular de una persona o grupo y no de la comunidad. Alienta además el descrédito de un partido (en seria problemática por sus próximas elecciones internas), que requiere la confianza de la gente, en tanto es el mismo que postuló a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

Los resultados de la mañosa “consulta” debieran ser suficientes para que los legisladores bajacalifornianos desistan de su empeño, aunque también podrían mantener el empecinamiento por seguir un camino irregular, ilegítimo e impositivo, lo que influiría en el deterioro de la vida democrática del país.

Es importante que el presidente López Obrador emita una clara y contundente declaración política sobre este atraco, no puede obviar una postura, debe pronunciarse por el respeto a la legalidad, poniéndose al lado de la mayoría del pueblo. No hacerlo se entendería como convalidar el robo y la corrupción que hay detrás de este despropósito.

Los promotores de este disparate traicionan al espíritu del partido que los postuló, no pueden considerar el resultado de la “consulta” como un aval ciudadano. Al contrario, la mayoría de los ciudadanos de esa entidad mostraron su repudio o, por lo menos, su desinterés a participar en esta farsa, pero también la actitud que podrían adoptar hacia el gobierno y, en el 2021, cobrar la factura.

Empero si el ciudadano estadounidense Jaime Bonilla y sus cínicos adláteres persisten en sus despropósitos, queda la alternativa para desecharlos del recurso que deberá interponerse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tendría que definir el carácter anticonstitucional del Legislativo bajacaliforniano.

*Editorial publicada el 18 de octubre de 2019 en el número 357 de TC MCM