A DOS DE TRES CAÍDAS: La farsa democrática de Morena en Baja California.

Si no luchas por lo correcto cuando puedes ganar fácilmente sin sangre derramada; si no luchas cuando tu victoria está asegurada y no es demasiado costosa; puede llegar el momento en el que tengas que luchar con todas las probabilidades en tu contra y solo una posibilidad precaria de supervivencia. Y existe un escenario todavía peor, puede que tengas que luchar cuando no hay esperanza de victoria, porque es mejor perecer que vivir como esclavos: Winston Churchill

La democracia tiene reglas, y tiene reglas para dar certidumbre a quienes contienden para obtener un cargo de elección popular.

Jorge Arturo Ruiz Contreras, El Súper Cívico/ 4 Vientos.

Es por tal razón que la Constitución General, las locales de cada entidad federativa y las leyes electorales, son normas de las cuales se desprenden las convocatorias para cada elección en que se renuevan los poderes ejecutivo y legislativo.

De ahí que los órganos electorales emiten convocatorias con sustento constitucional y legal y para el caso de Baja California en la elección de 2019, se convocó a una elección en donde el periodo para los cargos de gobernador, diputados y munícipes se fijó en dos años.

Y con esta premisa, los partidos políticos y candidatos se registraron y diseñaron sus estrategias con base a dicha disposición legalmente establecida.

Ahora bien, esta disposición de un periodo de dos años, no fue una mera ocurrencia del órgano electoral, sino que se desprende un mandato constitucional establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordemos que en el año 2014, se aprobó en el Congreso de la Unión, la reforma constitucional que mandató a que las constituciones y las leyes electorales de las entidades federativas  garantizaran homologar las elecciones locales con las federales, es decir que fueran concurrentes.

De tal forma que en la reforma al artículo 116 Constitucional, fracción cuarta, inciso a), se definió que las Entidades Federativas que tendrán que modificar sus respectivos calendarios electorales por celebrar elecciones no concurrentes con las federales son las siguientes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, en la elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

En acatamiento a este ordenamiento de la Carta Magna nacional, la legislatura de Baja California determinó el mismo año de 2014, homologar las elecciones locales de la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos con las elecciones federales de 2021.

Con tal finalidad se acordó y se publicó este propósito, la reducción del periodo de duración de todos los cargos que se votarían para este año y que por tanto la gubernatura, se determinó que por única ocasión, quién resultara electo en 2019 ocuparía el cargo solamente por dos años.

Y dicho decreto se estableció en un artículo transitorio de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas establecidas en la vigésimo primer legislatura del estado.

En consecuencia, para el proceso electoral local de 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) emitió una convocatoria en donde se precisó explícitamente que el periodo de gobierno sería de dos años. Y bajo esa regla electoral se registraron TODOS los candidatos de TODOS los partidos y candidatos independientes.

Bonilla y sus operadores de MORENA pretendieron en más de tres ocasiones derogar ese artículo transitorio y ampliar el periodo de mandato de dos a cinco años y en todas estas ocasiones fue derrotado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente, la ambición desmedida de Bonilla lo llevó a operar una masiva compra de votos de los diputados de la saliente vigésimo segunda legislatura con mayoría panista, para reformar la constitución estatal, ampliando el periodo de gobierno de dos a cinco años.

Esta reforma constitucional se efectuó violando el proceso legislativo, ya que no se dictaminó en la Comisión Gobernación y Puntos Constitucionales y se votó  sin discusión alguna «por obvia y urgente resolución».

Además el decreto de la reforma del 8 de julio y declarada válida el 23 de julio del año en curso ya está fuera de plazo para su legal publicación en el periódico oficial del estado de Baja California, ya que en el artículo 34 inciso C de la Constitución local se establece que: “LOS PROYECTOS DE LEY Y LOS DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO, SE REMITIRÁN AL EJECUTIVO FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONGRESO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS A SU APROBACIÓN. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución.”

Posterior a que la anterior legislatura votó por mayoría la reforma constitucional conocida como «Ley Bonilla», y la validó con la aprobación de tres ayuntamientos, la actual legislatura del Congreso del Estado, con mayoría del partido MORENA, no envió en tiempo y forma el decreto de modificación constitucional, ya que adujo que dicho documento estaba “extraviado”.

Pero de forma absurda y sin ningún fundamento legal, acordó instrumentar, una “consulta ciudadana”  para conocer el sentido de la gente, respecto a la ampliación o no del mandato de gobierno, la cual llevó a cabo el domingo 13 de octubre del año en curso.

Cabe decir, que esta farsa de consulta ciudadana, se realizó sin el menor rigor de objetividad, representatividad, certeza, ni imparcialidad, y de la cual se obtuvo un resultado en donde, a su decir, el 84 por ciento votó a favor de ampliar el periodo de gobierno a cinco años.

Cabe destacar que la participación en dicha consulta fue menor al 2 por ciento del total de ciudadanos inscritos en el padrón estatal que es de 2 millones 800 mil electores.

Lo que queda claro es que Bonilla cada vez obtiene menos apoyos en las elecciones y consultas de la ciudadanía, ya que en la elección de 2018 fue electo senador con 800 mil votos; ganó la gubernatura en 2019 con 400 mil votos perdiendo un 50% de votos y en esta consulta solo logró un respaldo para su proyecto de 45 mil votos.

Es claro que Bonilla va a la baja y que la consulta resultó una farsa desairada por la sociedad bajacaliforniana.

Pero esta farsa, está a punto de concluir ya que este martes 15 de octubre el Congreso del Estado ya remitió el dictamen de la “Ley Bonilla” al poder ejecutivo y una vez que sea publicada los partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Cámara de Diputados o de Senadores podrán presentar sus acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano que tendrá la última palabra en este tema.

Y cabe señalar que en un caso similar la SCJN ya consideró inconstitucional un decreto de un congreso estatal que pretendió hacer efectiva la ampliación de mandato.(http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000272.pdf)

Por tanto, si se aplica el estado de derecho, la Suprema Corte ratificará que el gobierno de Bonilla y su camarilla de prianistas embozados en MORENA, gobernará solo dos años.

Y si no es así, entonces entraremos a una seria disputa política local, pero con severos efectos en el ámbito político nacional, porque se estaría sentando un peligroso precedente de vulnerar la voluntad soberana del pueblo emitida en las elecciones, y en donde políticos ambiciosos prolonguen sus periodos de gobierno. ¿O no?

PD: Luchar contra los canallas que poseen el poder político y económico puede ser peligroso y difícil, pero no luchar contra ellos, es más peligroso por las consecuencias de un gobierno despótico, autoritario y represor: Arturo Ruiz