«Kiko» minimiza demandas penales y juicio político en su contra y dice que el Rector Valdez actúa «por intereses ocultos»

Por la posible comisión de delitos tales como corrupción, coalición de servidores públicos, peculado, abuso de autoridad, y los que resulten”, el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las denuncias formales en contra del Gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y varios de sus funcionarios.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: El rector Valdez habla ante miles en la explanada cívica de Mexicali (Cortesía)

Ensenada, B.C., 10 de octubre 2019.- Lo informó este día luego de la manifestación que encabezó en Mexicali donde 35 mil personas -dijeron los organizadores- exigieron al mandatario que deja el gobierno el próximo 31 de octubre, restituya a la universidad los recursos que se adeudan: 1597 millones de pesos.

Además, el Rector reveló ante los miles de manifestantes reunidos en la plaza cívica de la capital del estado, que por la mañana entregó al congreso del estado una petición para que los legisladores abran un juicio político en contra de Vega de Lamadrid.

La petición de Valdez Delgadillo en el congreso incluye a los funcionarios estatales que presuntamente están implicados en la retención de las aportaciones a la universidad desde hace un año, como lo son los secretarios General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; de Educación, Miguel Ángel Mendoza González, y de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.

Y respecto a las dos demandas penales, el Rector manifestó que en el caso de la que se presentó ante la Fiscalía General de la República, los delitos que se imputan al gobernador y sus funcionarios podrían ser considerados graves, por lo que pudiera ameritar prisión preventiva.

La vanguardia de una de las marchas (Cortesía)

“Nosotros estamos proveyendo los hechos para que sean las autoridades competentes quienes determinen si nos asiste la razón y digan el derecho”, indicó Daniel Valdez a los medios de comunicación.

Y a los diputados dijo en el congreso: “Hoy se les deposita el clamor de justicia del pueblo bajacaliforniano, el reclamo para que a aquellos que protestaron cumplir y hacer cumplir las leyes y no hicieron honor a la investidura de servidor público, efectivamente, el pueblo se los demande”.

Agregó: “Por acción u omisión, han comprometido y vulnerado el desarrollo de Baja California al poner en riesgo su principal fuente de educación pública superior a cambio del beneficio económico de unos cuantos. Han negado el derecho humano reconocido en nuestra Constitución, de vivir libre de corrupción”.

Y concluyó: “Es por ello que, en este momento, presento solicitud de juicio político para que sean ustedes quienes en el uso de sus facultades constitucionales tengan a bien hacer la valoración efectiva de lo que aquí se presenta y tomen una determinación para que no sea bajo el escudo de un cargo público, que una persona quede impune”.

Por la tarde, el Gobernador Vega de Lamadrid manifestó su respeto a la marcha y mitin de los universitarios y reiteró su determinación de seguir gestionando recursos ante el Gobierno federal, que permitan cubrir a la mayor brevedad el adeudo histórico a la UABC.

El mitin en el Centro de Gobierno en Mexicali (Cortesía)

Y respecto a las demandas penales y de juicio político que el rector emprendió ayer y hoyen su contra, el mandatario dijo en un comunicado:

“No merecen comentarios del gobierno local ya que se consideran acciones con sesgos visiblemente político-partidistas, e intereses ocultos que no deben distraer lo principal: acelerar el apoyo federal a Baja California para cumplir puntualmente a la UABC.”

Finalmente, explicó que el cumplimiento de entrega de recursos a la universidad se dificultó desde el momento en que el gobierno federal anterior, de manera unilateral, canceló desde mediados de 2018 apoyos extraordinarios, los cuales a la fecha suman aproximadamente 7 mil millones de pesos al gobierno local.

“Es esta situación la que ha obligado a intensificar gestiones con autoridades federales actuales para cubrir necesidades de diversa naturaleza, entre los que se incluye a la institución universitaria.”