Gobierno electo de BC acusa al dirigente del PAN de usar dinero de burócratas para una asociación civil propanista

Durante la pasada elección a Gobernador de Baja California, el Partido Acción Nacional (PAN) fue el único que reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) mayores gastos que ingresos en la campaña de su aspirante, José Oscar Vega Marín.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Imagen principal: El Confidencial

Ensenada, B.C., 29 de agosto 2019.- La diferencia de los gastos que reportó el PAN a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, es de dos millones 831 mil pesos sobre los ingresos que obtuvo el comité de campaña del candidato panista -17 millones 64 mil pesos-, que son también los más altos en la contienda del primer semestre del año.

Son precisamente esos altos ingresos que por otra parte no superaron el tope legal de 25 millones de pesos, y el déficit en la comprobación de gastos del PAN en Baja California, los que complican la denuncia de hechos que este día presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) el próximo Secretario de Gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano.

En su calidad de Coordinador del Equipo de Transición del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, Rodríguez acusó al dirigente estatal del PAN en Baja California, José Luis Ovando Patrón, uno de los políticos más críticos a la ampliación del periodo de gobierno a 5 años en el estado, de presuntamente simular operaciones financieras en beneficio del instituto político de derecha y sus candidatos.

Rodríguez Lozano, uno de los arquitectos priistas para la quema del material electoral correspondiente a la controversial campaña electoral presidencial de 1988, en la que Carlos Salinas de Gortari resultó ganador en medio de acusaciones de fraude de los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel “Maquio” Clouthier, afirmó en su querella que Ovando, junto con Omar Murillo Salgado y la diputada federal Lizbeth Mata Lozano, desviaron recursos de empleados estatales para la Asociación Civil “Centro de Estudios y Análisis Humanistas”.

Rodríguez Lozano, el acusador (Foto: Uniradio Informa)

“A través de esta asociación se canalizaron recursos económicos por medio de la deducción del 2% en el pago de nómina catorcenal a una gran cantidad de servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado y en los Ayuntamientos emanados del PAN”, indicó el próximo funcionario estatal y miembro del equipo de abogados que desde hace un año planearon la estrategia legal para ampliar el periodo de gobierno a favor de Bonilla Valdez.

Destacó que la Ley Electoral es muy clara en el sentido de que ninguna persona moral puede realizar aportaciones en efectivo o en especie a los partidos políticos, por lo que es importante que las autoridades competentes investiguen a la asociación que preside Ovando Patrón.

Con ello, agregó en entrevistas con medios de comunicación de Mexicali y Tijuana, se conocerá cuál fue el destino del dinero y si existe un vínculo con el PAN.

Precisó que el nuevo gobierno cuenta con una lista de empleados estatales y municipales que afirman que sin su autorización se les descontó un porcentaje de su sueldo catorcenal, y que los nombres de los afectados llenan 27 hojas que entregó a la FEPADE.

De acuerdo con el abogado constitucionalista que salió del PRI en 2001 porque la dirección nacional de ese partido no le dio la candidatura a la gubernatura de Baja California, algunos de esos trabajadores pertenecen al Ayuntamiento de Playas de Rosarito y a diversas dependencias del gobierno que encabeza el panista Francisco Vega de Lamadrid.

“El gobierno (estatal) toleró, permitió y auspició que ese dinero llegara de manera ilegal a través de esta fundación al Partido Acción Nacional (…)”, la cual, según el también ex funcionario del estado de Chiapas en donde también se vio envuelto en escándalos legislativos, se creó en 2016.

José Luis Ovando, el acusado (Foto: Poder MX)

“Este delito puede ser también tipificado como desvío de recursos, la utilización de recursos financieros de manera ilegítima, o puede darse hasta delincuencia organizada, si se es muy rígido en la aplicación del código, porque seguramente hay una maquinación de varios, no solamente de Ovando para poder obtener ese dinero”, declaró a la prensa estatal.

Este es el segundo personaje político de relevancia al que, en menos de 15 días, allegados a Jaime Bonilla acusan de estar involucrados en hechos ilícitos.

El 15 de agosto, Alejandro Ruiz Uribe, quien suplió a Jaime Bonilla como superdelegado federal en la entidad cuando aquél se postuló a la candidatura de Morena al gobierno estatal, vinculó al ex candidato priista a la gubernatura Enrique Fregoso Acosta, con la operación ilegal de un salón de apuestas que funcionaba en San Felipe.

Aseguró desconocer quién es el dueño del lugar, pero “toda la vida se ha ostentado como propietario el señor Enrique Acosta Fregoso.”

El priista, parte fundamental en la denuncia de presuntos intentos de soborno a diputados de la pasada legislatura a cambio de una reforma constitucional que ampliara para Bonilla el periodo de gobierno de 2 a 5 años, norma que se dio el 8 de julio, comprobó con documentos no ser dueño del casino y dijo:

“Esto es lo que nos espera en los próximos 2 años de gobierno, con alguien que trata de acabar con sus adversarios políticos.”