Derechos Humanos en BC abre expediente para proteger derechos de los estudiantes y maestros en crisis por negligencia oficial

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió un expediente para investigar posibles violaciones a los derechos humanos tanto de estudiantes de educación básica como de integrantes del magisterio afectados por la falta de pago de sueldos y prestaciones a los maestros por parte del gobierno estatal.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: El Imparcial

28 de agosto del 2019.- Carlos Rafael Flores Domínguez, Presidente Interino de la CEDHBC, manifestó asimismo que la Comisión exhortó este día al Poder Ejecutivo de Baja California a realizar las acciones necesarias que garanticen a la niñez y la adolescencia su derecho a la educación, así como respetar los derechos laborales del magisterio.

“En particular de los profesores que no han recibido su pago por su desempeño como docentes (…) lo que deriva en afectaciones a miles de familias bajacalifornianas.”

Flores Domínguez recordó que el derecho a la educación es definido como aquella prerrogativa que tiene toda persona a recibir la información, la instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas a partir de la adquisición de conocimientos.

Esta instrucción, agregó el ombudsman, permite a los estudiantes “fomentar su amor a la patria, la solidaridad, la independencia, la justicia, la paz, la democracia y el respeto a la dignidad humana.”

El derecho a la educación, valor fundamental de la niñez mexicana (Foto: Expansión)

Reveló que en lo que va del 2019 se han presentado 97 quejas ciudadanas en contra del Sistema Educativo Estatal, cantidad que es la segunda en número de presuntas violaciones a derechos humanos en la entidad después de aquellas que tienen que ver con la seguridad y el respeto al derecho a la vida y al acceso a la justicia.

“Los derechos humanos presuntamente vulnerados (en el sector educativo) son: derecho a la educación, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la igualdad.”

Finalmente, recordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se mantiene atenta a la integración de expedientes y a su vez reitera a todas las personas en Baja California la invitación para que se acerquen a cualquiera de las oficinas que hay en el Estado, o bien, se comuniquen al número 01 800 026 7342, en caso de presentarse alguna violación a sus derechos.

Ayer, el Congreso de Baja California, en el contexto de la glosa del último informe de gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, convocó al Secretario de Educación y Bienestar Social del estado, Miguel Ángel Mendoza González, a reunirse con los profesores y resolver sus 8 peticiones, entre las que destacan:

1.- El pago a maestros interinos de 2016 a 2019 por 100 millones de pesos; 2.- el pago del 22 por ciento y prestaciones de las nóminas extraordinarias de abril y junio del 2018, para cerca de mil 500 trabajadores.

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La justa movilización y protesta del magisterio bajacaliforniano (Facebook)

Además, reclaman el pago del aguinaldo histórico de 2018, el adeudo de vales de gasolina para supervisores y el pago de la compensación C-I de 2019 a los inspectores. Así como el pago del 22 por ciento a jubilados que consiste en el diferencial de retiro y la ayuda humanitaria al sector.

El funcionario estatal aseguró que se han realizado mesas de trabajo con las organizaciones sindicales para dar solución a este rezago, y dio a conocer que, para septiembre próximo, el gobierno estatal destinará una nómina de 5 millones de pesos para cubrir parte de esta situación.

Al respecto, la diputada Araceli Geraldo Núñez recordó al Secretario de Educación que el gobierno estatal ha estado informando -a través de diferentes medios- que no hay motivos para que los maestros no trabajen porque ya se les pagó, y que sus dirigentes mienten sobre el débito que la administración estatal tiene con sus miles de representados.

“¿Cuantos años ocupa para hacer su revisión y cumplir con su obligación? ¡Hay que respetar a los maestros!”, cuestionó y demandó la legisladora.

No obtuvo respuesta del funcionario.