A DOS DE TRES CAÍDAS: Del Decreto extraviado a la consulta patito

Un niño puede perder un libro, una libreta un lápiz, etc, etc… Una persona adulta puede perder las llaves, el auto, documentación y hasta la cabeza si se enamora o si se enoja. Y como se trata de bienes u objetos propios, puede que dicha perdida no tenga mayores consecuencias que tratar de reponer lo extraviado o conformarse con la pérdida.

Pero si un niño pierde o extravía un material que le encargo su maestro, seguramente habrá por lo menos una llamada de atención como medida de sanción.

Arturo Ruiz, El Súper Cívico/ 4 Vientos

Si una persona adulta dentro de sus responsabilidades laborales, llega a perder o extraviar alguna documentación de la empresa o dependencia para la que trabaja, seguramente incurrirá en un acto que tendrá repercusiones que pueden ir desde una amonestación hasta una sanción económica o pérdida de su trabajo.

Es decir que en el trabajo, tenemos que ser cuidadosos con la documentación o materiales que ponen bajo nuestro resguardo o responsabilidad.

Entonces, cómo es posible que en el Congreso del Estado de Baja California se extravíe un dictamen con carácter de Decreto que ya fue presentado al pleno, votado a favor y que por tanto, de acuerdo al procedimiento parlamentario, debió haberse turnado al poder ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y entrada en vigor.

Vemos que dicen algunos ordenamientos legales al respecto:

En la ley Orgánica del Poder Legislativo se menciona en el artículo 53 fracción X, que son atribuciones del Secretario del Congreso del Estado: Verificar y constatar, que la Dirección de Procesos Parlamentarios envíe para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, los decretos, acuerdos, fe de erratas, y en los casos que proceda, oficios, informes y todo comunicado que expida el Congreso;

Esta misma ley señala en su artículo 77 que el desempeño de las atribuciones de la Dirección de Procesos Parlamentarios estará bajo la vigilancia y control de la Mesa Directiva y que le corresponden a dicha dirección las atribuciones siguientes:

Fracción V: Registrar las iniciativas de leyes o decretos, dando seguimiento al estado legislativo que guarden, distribuyendo al pleno los documentos sujetos a conocimiento;

Y fracción X: Coadyuvar con los trámites legislativos para la remisión de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y las reformas a las Leyes Estatales o a la creación de nuevas normas, al Poder Ejecutivo para su promulgación y  publicación;

Entonces ¿cómo es posible que se les haya extraviado el decreto que contiene la ley Bonilla? Y si así fue qué implicaciones tiene:

Primero entender que ahora todo trabajo se encuentra digitalizado y con copias disponibles en comisiones o en mano de los legisladores inicialistas, por lo que obtener el contenido de dicha iniciativa votada y aprobada no debería ser un problema.

Para conocer el procedimiento que se siguió para su votación y posteriormente, la declaración de procedencia de dicha reforma que contó con el apoyo de tres ayuntamientos, existen videos, grabaciones y versiones estenográficas y en taquigrafía, de lo ocurrido en dichas sesiones, por lo que podrían rehacerse las actas correspondientes, toda vez que los actores y firmantes aún están al alcance de la actual legislatura.

¿Por qué no lo hacen? ¡Pues porque no quieren!

Y entonces ¿esta acción  de perder un documento amerita alguna sanción? La respuesta es sí, ya que en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, (que abrogó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California) se dice que: Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: Fracción V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

En este caso se encuadra el acto de perdida de documentación como lo es un Dictamen aprobado por el pleno del Congreso del Estado. En el cual tendrían responsabilidades el presidente en funciones, la secretaria en funciones y el titular de la dirección de procesos parlamentarios.

En la misma ley, se establece como falta grave, entre otras, la establecida en el Artículo 62, que a la letra dice:  Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

Es decir quien perdió y quien encubrió esa falta administrativa tendrán que ser sancionados en términos de la ley antes señalada, no hacerlo sería incumplir con la ley.

Y de ahí hacia acá, el Diputado Catalino Zavala, se hace el gracioso diciendo que no encuentran el citado dictamen de la ley Bonilla y hasta invita a buscarla, a reporteros que cubren la fuente del poder legislativo. Es obvio que o no conoce la ley, o está actuando a sabiendas de que encubre una falta administrativa, lo cual sería grave.

Dip. Catalino Zavala, presidente del Congreso del Estado, dijo que «no encuentra» el decreto de la reforma constitucional aprobada el 8 de julio para ampliar a cinco años el mandato de Jaime Bonilla,. Foto: cortesía

Además y para concluir con este tema, veamos otros conceptos legales: artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: Los proyectos de Leyes y los Decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Y por su parte en el inciso C del artículo 34 de la Constitución política del estado libre y soberano de Baja California se establece que: LOS PROYECTOS DE LEY Y LOS DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO, SE REMITIRÁN AL EJECUTIVO FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONGRESO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS A SU APROBACIÓN. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución.

Entonces, es claro que el plazo establecido en la Constitución para enviar al ejecutivo el Decreto de reforma de la Constitución ya feneció. Toda vez que fue aprobado el día 8 de julio, por lo que el limite seria que lo enviaran a más tardar el 18 de julio, o bien si se considera que para la “aprobación” estaban esperando la declaración de procedencia esta fue llevada a cabo el día 23 de julio, con lo que de acuerdo a Pitágoras y a la Constitución local el plazo para remitirla al poder ejecutivo venció el día 2 de agosto.

Esto significa, si en Baja California y en México se respetan las leyes, que ¡La Ley Bonilla ha muerto!

Así que la prolongación, elongación o jalada mental de los diputados de MORENA en el Congreso del Estado de llevar a cabo una consulta ciudadana patito, ya que no sería una Consulta Popular vía referéndum constitucional con efectos vinculatorios dados los principios de máxima publicidad, certeza e información oportuna que establece la ley de participación ciudadana.

Por tal razón la consulta morenista quedará en eso, en una verdadera farsa populista y que incluso podría ser factor de juicio político contra los legisladores, por instrumentar una “consulta” fuera del marco legal y sobre el tópico electorales que prohíben la constitución federal en el artículo 35 y la local en el artículo 5.

Y ya con esto me despido, esperando que ahora si los diputados locales de Baja California, se pongan a trabajar en los temas de verdadero interés de la sociedad, para transparentar el manejo del dinero público, investigar los presuntos actos se corrupción de Kico Vega y garantizar el presupuesto necesario a la UABC y el rescate del ISSSTECALI, entre muchas otras acciones que si son de interés de la gente… ¿O no?

Imagen de portada: Dip. Claudia Agatón, presidenta en funciones del Congreso del Estado cuando se validó la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local que amplía a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla. Foto: internet