Éxodo democrático, juicio contra consulta y repudio del INE se suman contra la obsesión de Bonilla

En acciones por separado, Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la gubernatura de Baja California por el PRD; el dirigente empresarial Ernesto Elourduy Blackaller; el Presidente del Comité estatal de Participación Ciudadana Francisco José Fiorentini Cañedo: y el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, emprendieron acciones y emitieron posicionamientos condenatorios a la “Ley Bonilla” y a la consulta del congreso local para validar la ampliación de gobierno a Jaime Bonilla Valdez.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Bonilla y su amigo López Obrador hablan de beisbol y familia, no de la «Ley Bonilla» (Tribuna)

Ensenada, B.C., 27 de agosto 2019.- Ante la andanada en su contra que incluyó la realización en octubre de un “éxodo por la democracia y el respeto de la legalidad”, la petición –hoy presentada- de un juicio contra la consulta legislativa, y la oposición abierta del INE a la misma deliberación, Bonilla dijo al diario digital La Razón que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la temporalidad de su mandato.

Pero tras recordar “la madriza” que propinó en la pasada elección estatal a su ex amigo Jaime Martínez Veloz, a quien hoy considera un “dolido” indeseado en Baja California, el morenista destacó que la “consulta ciudadana” aprobada por el Congreso local –“como instancia independiente”– ayudará a conocer la opinión de la gente, “lo que es fundamental.»

Precisamente Martínez Veloz anunció este día en la capital del país que para demandar la cancelación de la llamada “Ley Bonilla” que pretende ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, en la tercera semana de octubre realizará un “Éxodo por la Democracia y el Respeto de la Legalidad” desde Tijuana hasta la Ciudad de México.

En rueda de prensa dijo que su marcha también buscará exigir al Gobierno Federal su intervención “ante esta ilegalidad que a todas luces compete (resolver) al Estado Mexicano.”

Informó a los medios de la Ciudad de México que los diputados de Morena en Baja California actualmente están impulsando una consulta “para disfrazar o tratar de legitimar una decisión ilegal; sin embargo, la Constitución (estatal) establece que corresponde exclusivamente al Instituto Estatal Electoral (IEE) realizar los procesos de consulta popular, plebiscito o referéndum.”

El «Éxodo por la Democracia» de AMLO (Foto: El Universal).

Por eso, añadió, la propuesta de “consulta ciudadana” es igualmente inconstitucional y sería una violación al régimen legal del Estado, por invadir competencias exclusivas del IEE, usurpando además facultades que corresponden al gobernador y a los municipios.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado, Verónica Juárez y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, manifestaron su apoyo a Martínez Veloz para evitar a toda costa “la intentona” que se desarrolla en Baja California para vulnerar los derechos de los ciudadanos en el Estado.

El Dirigente Nacional Ángel Ávila, recordó que el PRD ha llevado a cabo acciones legales para evitar la intención de Jaime Bonilla: desde la solicitud de juicio político en contra de los exdiputados que aprobaron la Ley Bonilla, pasando por la denuncia penal en la Fiscalía General de la República para investigar los sobornos a los parlamentarios de la pasada legislatura estatal, hasta la petición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para indagar la doble nacionalidad del hoy gobernador electo.

Por su parte, Ernesto Elourduy Blackaller, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, y Francisco José Fiorentini, presentaron este día en congreso local una solicitud de juicio en contra de la decisión del legislativo de consultar a los ciudadanos respecto a la ampliación de mandato de dos a cinco años de la gubernatura y hacer obligatorios sus resultados.

Resaltan en su petición que esa consulta viola los derechos político electorales de los ciudadanos contenidos en el artículo 35, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales refieran y consagran el derecho político electoral al voto en elecciones populares y al voto en consultas populares.

Mientras tanto, Lorenzo Córdova condenó en la Ciudad de México “la persistencia de quienes (en Baja California) quieren subvertir el orden constitucional y democrático, y con ello generar un atropello a la democracia y bien, un atraco, como ha dicho un ex funcionario del órgano electoral”, dicho esto último en referencia a José Woldemberg Karakowsky, quien en un artículo en el diario El Universal, del 30 de julio, dijo:

Lorenzo Córdova (Foto: Expansión)

La ampliación del período del presunto gobernador de Baja California es un atraco. Se trata de una violación a la Constitución, a la ley, a los fundamentos de la democracia y a la lógica más elemental. Un episodio propio de esa caricatura denominada república bananera. Y ni en esa caricatura pasaban cosas como las que estamos presenciando.”

De todo esto Jaime Bonilla tiene una opinión: se trata de “ruido” y “acalambramiento” por su próximo gobierno, principalmente de la oposición panista, según publicó este día La Razón.

Insistió en que, al momento de registrar su candidatura, el periodo para gobernador era de 5 años “pero luego cambió”, y que acatará la resolución del Supremo aun cuando no le sea favorable.

«No puedes ganar todas; solamente haciendo trampa, como lo hizo el PAN por 30 años (…) Estoy curado de espantos, pues no se ha violentado la Constitución”, indicó quien se autodefinió como “un empresario con un proyecto político.”

Finalmente, insistió en que es amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que con éste que no ha hablado de la ley Bonilla

“Más bien nuestros temas son sobre béisbol o de la familia.”