Juzgado de Distrito acepta investigar legalidad en el nombramiento de Auditor Superior de BC ligado a «Kiko» Vega

Es en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Mexicali donde se librará la primera batalla legal por echar abajo el nombramiento, como Auditor Superior del Estado, de Carlos Montejo Oceguera, ex Director de Auditoría Fiscal -de la Secretaría estatal de Planeación y Finanzas- en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

4 Vientos

Ensenada, B.C., 15 de agosto del 2019.- Ello porque éste día el tribunal federal aceptó la demanda de amparo que en contra del congreso local y dos de sus órganos de gobierno, presentaron los representantes ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

Los demandantes acusan al poder legislativo de violar principios constitucionales que anularon el funcionamiento y las atribuciones del Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto sucedió el 8 de julio, fecha en que el congreso local tomó dos decisiones importantes para Baja California y que se especula fueron pactadas por el gobierno estatal y el entrante para beneficiarse mutuamente:

El nuevo Auditor Superior toma protesta en el congreso (Cortesía).

1.- Ampliar el periodo de gobierno para Jaime Bonilla a 5 años; 2.- nombrar “fuera de la ley y contraviniendo a la Constitución Política del Estado”, a quien fiscalizará las cuentas públicas de Francisco Vega y Jaime Bonilla Valdez.

El recurso judicial lo presentó al Juzgado de Distrito, el 25 de julio, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEABC, Francisco Fiorentini.

En él se acusa al pleno de la 22 legislatura de nombrar al Auditor Superior del Estado mediante un procedimiento inconstitucional, y aprobar el dictamen 362 de la Comisión de Fiscalización sin consultar a los representantes ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción.

También señala a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la pasada legislatura, de incumplir el proceso de selección de los 4 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que impidió la instalación de la Comisión Especial de Selección del Auditor Superior del Estado.

Además, los integrantes de la junta política tomaron el acuerdo de procedencia de la designación del auditor sin apegarse a la normatividad que determina la constitución local.

Finalmente, los ciudadanos demandaron a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del congreso porque convocaron a los miembros de la Comisión Especial seleccionadora sin incluir los expedientes de cada uno de los aspirantes para su evaluación, ni la metodología de elección.

La Constitución Política de Baja California señala que la Comisión Especial debe estar integrada por cuatro representantes ciudadanos y tres diputados, y que es la responsable de evaluar a los aspirantes a ocupar cargos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

A partir de esta responsabilidad conjunta –indicó Francisco Fiorentini- se debió presentar a los postulantes idóneos, en orden de antelación, pero eso no fue así.”

Ahora, una vez que el Juzgado Segundo de Distrito aceptó la petición de amparo, se designó el 9 de septiembre, a las 10 de la mañana, como la fecha oficial para realizar la primera audiencia judicial del caso.

“Sólo defendemos lo que está en la ley y en la Constitución del estado. A nosotros nos toca defender la participación de los ciudadanos en estos nombramientos, y que no nos dejen afuera, como hizo la pasada legislatura.”