Empresarios cumplen su palabra. Demandan Juicio Político contra los 21 reformistas Pro Bonilla

El sector patronal presentó la tarde de hoy en el Congreso de Baja California, una demanda de Juicio Político en contra de los 21 diputados de la pasada legislatura que aprobaron la modificación del artículo 8 transitorio de la Constitución local que amplió el periodo del próximo gobierno de dos a cinco años.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Internet.

Ensenada, B.C., 13 de agosto 2019.- Ernesto Elorduy Blackaller, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, presentó el documento en la Oficialía de Partes del congreso a nombre de todos los dirigentes de los empresarios de Baja California.

Además, ratificó que los patrones interpondrán una demanda de amparo en contra de la reforma y exigieron a la Mesa Directiva del Congreso local que envíe la cuestionada norma al ejecutivo estatal para que se publique en el Periódico Oficial del Estado, a efecto de que puedan promover el juicio de amparo.

En la demanda quedó asentado que los legisladores que votaron a favor de modificar la Constitución local el 8 de julio, realizaron “un ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del estado, así como a la organización política y administrativa del municipio y por el ataque a la libertad de sufragio”.

El Juicio Político en Baja California está reglamentado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California en sus títulos Segundo y Tercero, y abarca desde el artículo 8 al 45.

Al año 2018, el poder legislativo no había emitido resoluciones definitivas sobre los 25 casos de Juicios Políticos que se presentaron en el congreso desde su creación en 1952. Y solo en dos casos la Comisión Jurisdiccional del poder legislativo determinó procedente el inicio del desahogo del procedimiento, pero de ahí no avanzaron los expedientes.

El artículo 9 de la Ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indica que es procedente el Juicio Político “cuando en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.”

Elorduy entrega la demanda de Juicio Político en el Congreso (Foto: El Norte).

La norma también determina que corresponde al Congreso del Estado valorar la existencia y la gravedad de los actos u omisiones a que se refiere el artículo anterior.

Y prevé que, si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria, se sancionará al servidor público con Destitución, aunque también se podrá interponer la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un período de seis meses hasta 20 años, pena que el sector patronal busca se aplique a los hoy ex legisladores.

Elorduy Blackaller manifestó que la reforma constitucional que aprobaron los diputados de la XXII Legislatura, contraviene los derechos políticos de las personas y altera el principio de certeza en las elecciones.

Y subrayó que ahora es responsabilidad de la nueva legislatura, con mayoría calificada de Morena y sus aliados PT, PVEM y Transformemos, desahogar el procedimiento, “por lo que estaremos muy atentos de lo que realice” con la demanda ya que podría existir un “conflicto de interés” porque al menos 4 diputados que votaron a favor de la reforma se reeligieron.

Ellos son Catalino Zavala Márquez (Morena, actual Presidente de la Mesa Directiva de la actual legislatura), Claudia Agatón Muñiz (PT), Trinidad Vaca Chacón (ex panista hoy “independiente”) y Víctor Manuel Morán Hernández (Morena).

Una legislatura infumable, salvo una que otra honrosa excepción (Archivo).

(Los ex diputados) ya están muy exhibidos, pero esto es un elemento más para dejar en papel que sobrepasaron sus atribuciones y violentaron el derecho político de muchos bajacalifornianos”, destacó el empresario.

Los parlamentarios demandados son: Por el PAN: José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez; todos ellos ya expulsados de su instituto político.

Del PRI: Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Édgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López; todos ellos en vías de ser expulsados.

De Morena: Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez.

Del Partido Transformemos: José Antonio Casas del Real. Del PRD: Rocío López Gorosave, expulsada. Del PT: Claudia Agatón Muníz. Del Partido de Baja California (PBC): Jorge Eugenio Núñez Lozano y del Partido Movimiento Ciudadano (MC): Job Montoya Gaxiola. Y la ex panista Trinidad Vaca Chacón.