Vínculos mortales: Tiroteos en EUA y violencia en México

Cuatro tiroteos en una misma semana -dos de ellos en tiendas de la cadena Walmart- ponen de nuevo el escenario para la guerra de declaraciones en torno al control de armas en Estados Unidos. Buena parte de los legisladores demócratas, líderes de opinión, académicos  y ciudadanos en general, están expresando una preocupación creciente y entendible por la siniestra realidad representada por los más de 250 casos de violencia armada en lo que va de este año en ese país.

Alfredo García Galindo/ 4Vientos

No obstante, también es claro que la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su siglas en inglés) hará lo posible para que se mantenga activa la Segunda Enmienda que consagra el derecho de todo ciudadano a estar armado, habida cuenta de que en el propio poder legislativo hay una cantidad importante de simpatizantes de esa asociación, quienes por décadas han velado por sus intereses y por los de las empresas fabricantes de armas; de hecho, el poder de la NRA se expresa en que nueve presidentes de ese país han formado parte de sus filas y se sabe que también ha recibido el saludo del actual inquilino de la Casa Blanca. Se trata, en suma, de uno de los grupos de presión de mayor impacto en la política norteamericana.

El caso es que la gravedad de los acontecimientos de estos días es tal -como si no hubieran sido ya suficientes los incontables tiroteos en las últimas décadas-, que la opinión pública a favor de mayores controles seguirá ganando terreno. El problema es que en una eventual situación de restricciones mayores, los grandes negocios de armas que medran a manos llenas con la demanda interna estarían dispuestos a hacer lo necesario para enfrentar la situación. Ahí es donde entra en juego la suerte de México en ese vaivén, más allá de la situación específica de que en el caso del ataque en El Paso haya habido connacionales entre las víctimas.

Pensemos que son más de 200 mil las armas que ingresan a México desde los Estados Unidos; con ello queda claro que a la NRA, a las empresas fabricantes y a sus simpatizantes políticos les han tenido sin cuidado las noticias de la masacre que ha enlutado a nuestros país, en particular desde la imprudente y fallida estrategia contra el crimen organizado que emprendió el gobierno de Felipe Calderón.

Es así que el dolo atroz de la NRA y del lobby armamentista en las cámaras legislativas llega a tal punto, que su oposición a las restricciones se ha presentado incluso en la propuesta de criminalizar la compra al mayoreo y el tráfico de armas; con ello se hace evidente que su preocupación por la supuesta libertad de los ciudadanos que la Segunda Enmienda protege es una criminal hipocresía.

Contrabando de armas de Estados Unidos a México detectado en junio de 2011 en poder del Cártel de los Zetas. Foto: Yuri Cortez/Getty Images.

Desde luego que la explicación completa de la violencia en México es sumamente compleja y no se limita a la alta disponibilidad de armas de fuego, sin embargo, es indudable que los grupos criminales mexicanos no podrían provocar una mortandad tan devastadora si se enfrentaran a mano limpia o si atacaran a sus víctimas con armas blancas.

La conclusión de estos datos de muerte es demoledora: la grave crisis de violencia e inseguridad en nuestro país ha sido un negocio redondo para la industria de armas de los Estados Unidos. Siendo así las cosas ¿es difícil inferir la forma como se mantendría el margen de beneficios de esas corporaciones, si por leyes más restrictivas la demanda interna en Estados Unidos disminuyera? Así es. Las mafias que ingresan los cargamentos de armas y municiones desde EUA buscarían a toda costa incrementar el envío a México de esos aparatos de muerte.

Cabe en semejante coyuntura preguntarnos qué es lo que el gobierno mexicano ha considerado hacer sabiendo que son autoridades nacionales las que ya sea por incompetencia o complicidad permiten un enorme ingreso ilegal de armas aun cuando alrededor de 20 mil unidades sean confiscadas al año.

En fin que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que interpondría una denuncia por terrorismo con la que exigiría la deportación a México del responsable del ataque en El Paso, considerando que la supuesta motivación del mismo fue hacer daño concretamente a mexicanos.

Se trata de una curiosa determinación que se fundamenta en poner la atención en lo mediáticamente más visible, pues desde luego se esperaba que el gobierno mexicano al menos diera la apariencia de enviar un mensaje de firmeza. No obstante -y si bien es más importante aún combatir la corrupción y la ineficiencia de las autoridades mexicanas que permiten el tráfico de armas hacía nuestro país-, el actual es un contexto conveniente para que el gobierno de López Obrador exponga al de Estados Unidos la urgencia de revertir la laxitud de sus leyes en la materia. Habría que aprovecharlo, claro está, porque sabemos que la indignación frente a este tipo de tragedias suele ser de corto plazo.

La forma retórica de esa exigencia no debería limitarse a exponer casi como curiosidad que sería conveniente el control de armas por sí mismo, sino enunciarse con fuerza que lo que hoy prevalece está enlutando a cada vez más familias en ambos lados de la frontera: en México con las armas traficadas que llegan a las manos del crimen organizado y en Estados Unidos con las que los supremacistas blancos adquieren en sitios como Walmart (dura ironía) como si fueran parte de las compras de la semana.

En solidaridad con las víctimas del acto terrorista dirigido contra mexicanos en El Paso, Texas, los ciudadanos de ambos países reclaman justicia. Foto: REUTERS/Jose Luis González.

Desde luego, dadas las características de su personalidad, al gobierno de Trump lo último que le importaría es atender un “contundente llamado” del gobierno de México, sin embargo, la coyuntura en Estados Unidos es ciertamente favorable dadas las tendencias actuales de la opinión pública interna, las cuales al final tienden a proyectarse hacia las preferencias electorales, cosa ante la que el propio Trump no es indiferente.

Se trata de un momento que puede prestarse a definiciones importantes de las que es justo y conveniente mantenernos bastante atentos, pues al final, y como podemos concluir de lo que hemos dicho aquí, la siniestra espectacularidad de estos hechos se vincula con una promesa de campaña que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido y que en su momento expresó en forma muy irresponsable como si la pudiera satisfacer sólo con la fuerza de un decreto: poner fin a esta barbarie que nos tiene de rodillas como nunca en la historia de nuestro país.

En fin que la pregunta que podríamos hacer a nuestro gobierno sería: ¿cómo va a combatir a las mafias que contrabandean armas hacia México cuando los fabricantes de Estados Unidos vean restringida la venta en su país?

Imagen de portada: Ofrendas florales a las víctimas (21 muertos y 26 heridos) del atentado terrorista contra mexicanos y connacionales en El Paso, Texas, cometido el sábado 03 de agosto de 2019. Foto: José Luis González/ Reuters.

Alfredo García Galindo es economista, historiador y doctor en Estudios Humanísticos. Es catedrático y autor de diversos libros y artículos; ha impartido charlas, ponencias y conferencias, enfocándose en el análisis crítico de la modernidad y del capitalismo a través de una perspectiva transversal entre la filosofía, la economía, la historia y la sociología