Mexicanos contra la Corrupción pide a AMLO no callar en el caso Jaime Bonilla

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó este día, con el apoyo de cientos de ciudadanos de todo el país, una Carta Abierta al Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien pide “no callar” en el tema de la extensión de mandato a 5 años en Baja California.

4 Vientos / Foto principal: López Obrador y Jaime Bonilla reunidos en Baja California, en público, el día en que el segundo registró su candidatura a la gubernatura.

22 de julio del 2019.- Y como lo mencionó en 4 Vientos en su última columna periodística el Maestro en Derecho Púbico, académico universitario en Derecho Constitucional y ex Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Daniel Solorio Ramírez, Mexicanos contra la Corrupción recuerda en su misiva que el mandatario morenista puede presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma en Baja California.

“El Ejecutivo Federal tiene la facultad de ejercer una acción de inconstitucionalidad, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas”, indica el documento.

Antes, manifiesta: “El Presidente sí debe meterse ‘en esos asuntos’ porque estamos frente a un tema del orden constitucional y democrático de la nación. No le corresponde decidir, pero no debe callar.”

Y concluyen: “No se debe guardar silencio ni permitir la destrucción de los más elementales principios de la democracia. No a otro golpe al de por sí endeble Estado de derecho.”

A continuación, A los 4 Vientos reproduce la carta fechada en la Ciudad de México este 22 de julio de 2019 y que titula “No se debe callar”.

“La democracia en México enfrenta hoy una nueva amenaza: los legisladores de todos los partidos del Congreso de Baja California pretenden violar la Constitución y la voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 2 de junio, en las que resultó electo Jaime Bonilla Valdez para un periodo de dos años.

Hecha la elección y entregada la constancia de gobernador electo, el Congreso local decidió extender el plazo de la gubernatura de dos a cinco años.

Este acto viola el artículo 41 de la Constitución al impedir que, pasado el periodo por el que fue electo, se renueve el poder ejecutivo local; altera la voluntad de los electores y les impide, transcurridos los dos años, tomar una nueva decisión, vulnerando su derecho de votar y ser votado. Tal decisión fue usurpada por la legislatura.

El Presidente afirma que el caso no es de su competencia y que el asunto corresponde al Tribunal Electoral, que es autónomo e independiente. “Si hay una manipulación, van a resolver los del Tribunal Electoral”, “A ellos corresponde”, “Nosotros no nos metemos en esos asuntos”.

En lo personal Olga Sánchez Cordero opina que es inconstitucional, pero como Secretaria de Gobernación declara que será “respetuosa del Congreso local”. Su subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, estima que “la reforma local no transgrede ningún principio constitucional” y que “en la boleta electoral no se señala la vigencia del gobierno”. Remata “si la naturaleza de la reforma obedeció para que la alternancia tuviera un profundo cambio de régimen y no de gobierno, bien vale profundizar y no agraviar más a un pueblo que eligió la justicia por encima del poder”.

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, también defiende y avala el atropello de los legisladores de Baja California aduciendo que “es una locura hacer una elección cada dos años” y la “gente está cansada de tanto votar”.

En sentido opuesto, es de reconocer y debe atenderse el Pronunciamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en el que se detallen el conjunto de violaciones a la Constitución y se manifiesta contra el decreto que amplía el periodo del Ejecutivo Estatal.

El Presidente sí debe meterse “en esos asuntos” porque estamos frente a un tema del orden constitucional y democrático de la nación. No le corresponde decidir, pero no debe callar. El Ejecutivo Federal tiene la facultad de ejercer una acción de inconstitucionalidad, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Lo mismo pueden hacer el 33% de los integrantes de la legislatura local y los partidos.

En otras ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto. En 2006 el Congreso de Chiapas pretendió ampliar el mandato de los legisladores locales y miembros de los ayuntamientos y en 2007 el Pleno resolvió que: “Esa ampliación del mandato ha significado la violación del principio de no reelección porque… este principio implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual se ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante un incremento con esos efectos” (AI 47/2006).

Algunas voces se han alzado en contra de este atropello a la democracia. Nosotros alzamos la nuestra. No se debe guardar silencio ni permitir la destrucción de los más elementales principios de la democracia.

No a otro golpe al de por sí endeble Estado de derecho.”