«Ley Bonilla», escándalo y crisis política. Denuncias penales contra diputados

Baja California se convulsiona en una escandalosa y severa crisis política generada a partir de la aprobación de la “Ley Bonilla” en el Congreso Local, donde la mayoría panista se unió a legisladores de otros siete partidos y en treinta minutos reformaron la Constitución Política del Estado para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

Olga Aragón / 4Vientos / Proceso

Mexicali, B.C. 20 de julio, 2019.- Ayer se presentaron dos denuncias penales en contra de los 21 legisladores que ampliaron el plazo de la próxima gubernatura, 35 días después de los comicios celebrados para elegir gobernador, diputados y munícipes para un periodo de dos años.

En ambas denuncias, también se acusa a dos funcionarios del Gobierno federal por el presunto delito de cohecho.

Ricardo Peralta Saucedo, actual Subsecretario de Gobernación, y Alejandro Viramontes Armenta, Administrador de la Aduana en Mexicali, son señalados en ambas denuncias como los funcionarios federales que deben ser investigados por ser los presuntos responsables de actos de extorsión y sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma constitucional.

La denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Mexicali, por los hechos posiblemente constitutivos del delito de cohecho y/o lo que resulte, fue interpuesta por ocho ciudadanos integrantes de diversos movimientos de resistencia social, representados en común por la profesora Alma Araceli Piña y el activista social Filiberto Sánchez Gurrola.

“Si los diputados fueron convencidos, o impulsados, o amagados, o inducidos a emitir su voto mediante un pago de dinero o de cualquiera otra prestación que implique para ellos un beneficio indebido, por razones de salud pública se deben aplicar las consecuencias jurídicas de ese hecho”, exigen los activistas.

Y también ayer Jaime Martínez Veloz, ex candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática, presentó en conjunto con la Dirección Nacional del PRD, la denuncia de hechos o querella en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, “para que se investiguen posibles sobornos a los diputados que avalaron la Ley Bonilla.”

Los dos Jaimes. Antes amigos, hoy se pelan los dientes (Foto: UniMexicali)

En su denuncia, Martínez Veloz solicita al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que investigue la acusación pública del diputado priista Edgar Benjamín Gómez Macías, quien en su carácter de Presidente del Congreso de Baja California, en conferencia de prensa denunció el pasado 31 de mayo que ambos funcionarios federales, Ricardo Peralta y Alejandro Viramontes, estuvieron presionándolo durante una semana, con intentos de extorsión y de soborno, para que convocara a sesión extraordinaria y, a cambio de un millón de dólares, convenciera a un grupo de diputados de eliminar el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado que ordena, por única vez, la gubernatura de dos años.

En la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, trascendió la declaración de Benjamín Gómez, quien responsabilizó a Peralta y a Viramontes de los daños que pudieran sufrir él y su familia, dijo el ex Comisionado de Pueblos Indígenas.

En la Segob se preocuparon por esta denuncia pública y me enteré que tuvieron una reunión para analizar medidas de control de daños”, comentó Martínez Veloz a 4Vientos, tras reiterar que la FGR debe interrogar al diputado Gómez Macías y a los dos funcionarios federales.

Daniel Solorio Ramírez, Maestro en Derecho Constitucional y uno de los asesores del equipo jurídico de los ochos ciudadanos que presentaron denuncia ante la PGJE, en entrevista aparte recordó que el diputado Benjamín Macías dijo que ese 31 de mayo suspendió la sesión del Congreso local, “porque había fuertes rumores de sobornos muy cuantiosos (habló de millones de pesos o dólares) a cada diputado, a cambio de su voto para aprobar un decreto de reformas para ampliar el periodo del próximo gobernador.”

Solorio ubicó los hechos denunciados por Benjamín Gómez, en el momento en que “existía mayor preocupación” en el equipo de asesores y amigos de Bonilla porque el 29 de mayo, tres días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución ilegal que dos de tres magistrados del Tribunal Electoral Estatal habían emitido a favor del candidato de Morena, ampliando a seis años la gubernatura.

El TEPJF determinó que ese día:

“El Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027.”

Amador, el «cerebro» de la operación «Reforma Bonilla» (Foto: Síntesis TV)

Otro personaje político fue citado en la denuncia penal de los ocho ciudadanos: Amador Rodríguez Lozano, próximo Secretario de Gobierno en el gabinete de Jaime Bonilla, reconocido en la clase política del estado como autor intelectual y operador político de la estrategia jurídica y legislativa para que el gobernador electo ejerza cinco años su gubernatura.

Daniel Solorio dijo que Amador Rodríguez declaró al día siguiente de los comicios, que seguirían insistiendo en la ampliación de periodo del gobernador, pero que ya habían decidido no hacerlo con los actuales diputados porque “éstos ya están muy partidizados”, por lo que esperarían a que tomaran posesión el primero de agosto los diputados electos el 2 de junio con amplísima mayoría de 17 legisladores de Morena y sus aliados.

Sin embargo, “de manera sorpresiva y sin previa convocatoria pública”, observó Solorio, el 8 de julio por la noche sesionó el Congreso del Estado y el diputado Víctor Morán presentó su iniciativa de ampliación del periodo a los 22 diputados presentes. Sólo el panista Miguel Osuna Millán habló en contra. Los otros 21 votaron a favor, silenciosos y en secreto.

El nombramiento de Carlos Montejo Oceguera como titular de la Auditoría Superior del Estado, efectuado en la misma sesión extraordinaria en la que se aprobó de manera inusitada la “reforma bonillista”, también debe investigarse, señalaron los ciudadanos denunciantes.

Y expusieron los hechos como evidencia:

Después de votar en secreto y sin debate la reforma constitucional presentada por el morenista Víctor Manuel Morán Hernández como “de urgente y obvia resolución”, los 22 legisladores presentes –de 25 que integran la actual legislatura-, con insólita unanimidad designaron como titular de la Auditoría Superior del Estado al panista Carlos Montejo Oceguera, colaborador y amigo cercano del gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.

Montejo estará en el cargo hasta el 2026 y será quien audite los tres últimos años del gobierno “kikista”.

Sujetos a investigación también debe estar los alcaldes, regidores y demás ediles de los cabildos de Ensenada y Tecate (ambos priistas) y Playas de Rosarito (de gobierno panista) que en solo 24 horas aprobaron el decreto 112 de reforma constitucional, igual que los legisladores: sin análisis ni debate.

El cabildo de Ensenada, abyecta posición (Foto: codiceenlinea.com)

Mensaje subliminal

Asunto: “Denuncia para cumplir con la Cuarta Transformación: ‘No Robar; No Mentir; No Traicionar al Pueblo.”, así definieron su querella los ocho ciudadanos firmantes.

Solicitaron que la PGJE pida el auxilio de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Investigación de Recursos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “para lograr el soporte científico de la investigación y el esclarecimiento pleno de los hechos.”

Carmen Duran, Norma Herrera, Gerardo Durán Guzmán, Polo Bejarano, Maribel Guillen, Domingo Sánchez Aguiar, Filiberto Sanchez y Alma Araceli Piña. También firmaron la denuncia, pero no aparecen en la foto, Hilda Chávez y Rigoberto Campos (Cortesía).

Alma Araceli Piña, Filiberto Sánchez Gurrola, Maribel Guillén Ceseña, Rigoberto Campos González, Hilda Chávez, Policarpo Bejarano Ochoa, Norma Herrera y Gerardo Durán Guzmán, firman la denuncia dirigida al titular de la PGJE y al agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia.

El Comité Defensa del Agua, Comunidad BC Resiste, Diálogo entre Jóvenes y Trabajadores y Resistencia Civil de BC, son algunas de las organizaciones a las que pertenecen los ocho ciudadanos que presentan la denuncia a la PGJE identificándose como “Resistencias Unidas de Baja California”.

Al Ministerio Público exigen que se practique la investigación científicamente soportada, indispensable para determinar sin margen a duda, si fueron sobornados o no los 21 diputados del Congreso de Baja California, constituyendo bajo estos hechos la posible comisión del delito de cohecho y/o lo que resulte.

Meme al Presidente del Congreso de BC, Benjamín Gómez : Facebook

Los diputados que aprobaron la reforma constitucional que amplía a cinco años la gubernatura de Jaime Bonilla son del PAN (9) PRI (5) Morena (3) PT (1) PRD (1) MC (1) y Transformemos (1)

PAN: José Félix Arango Pérez, Irais María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres, María Trinidad Vaca Chacón y Alfa Peñaloza Valdez.

PRI: Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López

Morena: Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez

Claudia Josefina Agatón Muñiz (PT), Rocío López Gorosave (PRD), José Antonio Casas del Real (Transformemos) y Job Montoya Gaxiola (MC)

Los 21 a investigación, dos veces (Internet)

El hecho es que –afirman los denunciantes- la noche del 8 de julio los legisladores votaron la reforma al transitorio 8º del Decreto de Reformas a la Constitución estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 17 de octubre de 2014, para establecer que el gobernador del Estado electo en 2019, duraría en ejercicio cinco años, en lugar de los dos años que estableció el referido transitorio.

En el primer punto de su denuncia, establecen sus motivos.

 Nos mueve el interés de que el pueblo de Baja California conozca la verdad de los hechos materia de la investigación; firme y republicanamente creemos que por razones de salud pública, todos, gobernantes y gobernados, debemos impulsar la Cuarta Transformación promovida por el presidente López Obrador, concretada en la ya popularísima expresión: ‘No Mentir; No Robar; No traicionar al Pueblo’”.

Señalan que, en Baja California, predomina “en los mentideros públicos y políticos” la idea de que los 21 diputados que aprobaron la reforma “fueron sobornados con varios millones de pesos” para votar a favor de la iniciativa que a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Morena, presentó el diputado Víctor Morán.

Este caso, enfatizan, se ha vuelto un gran escándalo nacional que deshonra al Estado de Baja California, por lo que consideran de muy alto nivel jurídico y político esclarecer “si los diputados, o el electo gobernador, o cualquiera otra persona incurrieron en una conducta delictiva al inducir mediante una dádiva el voto de los diputados.”

La protesta, con candados, en el congreso de Baja California (Facebook).

Diputados de vacaciones

En Baja California, los diputados desaparecieron la noche del 8 de julio después de que aprobaron la “Ley Bonilla”.

Abandonaron el Congreso cerca de la medianoche entre gritos de “¡traidores!”, “¡corruptos!” que algunos ciudadanos lanzaron contra ellos cuando salían por la puerta trasera del recinto legislativo, después de aprobar la reforma que amplía el periodo del próximo gobierno.

Ya no se les volvió a ver. Se fueron de vacaciones un par de semanas.

Y de vacaciones continuaban cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó la reforma bonillista y exhortó al gobernador a no publicar el decreto 112 en el Periódico Oficial.

Francisco Vega de Lamadrid aceptó el exhorto. De hecho, ya había anunciado su decisión de ir más allá: interponer una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma bonillista.

El problema del gobernador, dijo Víctor Alejandro Espinoza, sociólogo investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), es que ya no tiene ninguna credibilidad.

Podrá presentar la controversia en la SCJN “para lavarse la cara” –dijo el académico-, pero, en el fondo, sucede que ante “el alud de críticas” contra le reforma de Bonilla, todo se sale de control para el gobernador.

El oportunismo y la cortina de humo de «Kiko» (Internet)

¿Y la reforma?

El Congreso de Baja California no ha sesionado para declarar la validez de la reforma constitucional aprobada por más de dos terceras partes de los legisladores y tres de los cinco ayuntamientos.

La reforma no está concluida ni es vigente hasta se publica en el Periódico Oficial del Estado.

Después de que el Congreso declara válida la aprobación de la reforma constitucional (validando la votación de dos tercios del total de legisladores y al menos tres de cinco ayuntamientos), debe enviar el decreto de reforma al titular del poder ejecutivo, para que éste ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado; en caso de que el gobernador se niegue a hacerlo en un plazo de quince días, el Congreso podrá ordenar su publicación en los siguientes diez días.

Es hasta que se publica en este medio oficial cuando adquiere el carácter de reforma constitucional promulgada; a partir de ese momento, si existe inconformidad, autoridades e instituciones facultadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es la SCJN quien determina, en resolución inapelable, la validez o invalidez constitucional de la reforma.

El proceso está trunco en el mismo Congreso del Estado porque fueron canceladas las siguientes sesiones, hasta el próximo primero de agosto, cuando termina el periodo de la actual legislatura y constitucionalmente se instala la nueva legislatura.

Sin duda, ¡Hirviendo! (Internet)

De ser así, tendrá que ser la nueva legislatura, con mayoría calificada (dos tercios del total de legisladores) de Morena y sus aliados, la que resuelva los siguientes pasos de esta controversial reforma contenida en el Decreto 112.

En tanto, desde el lunes 15, el edificio del Congreso del Estado en Mexicali fue tomado por ciudadanos de diversos movimientos de resistencia civil, en protesta por la ampliación a cinco años de la gubernatura de Jaime Bonilla.

“Permaneceremos aquí hasta el primero de agosto, fecha en que se instala la nueva legislatura”, dijo Filiberto Sánchez Gurrola, activista de Resistencia Civil de Baja California, quien dijo estar de acuerdo con la propuesta del senador Porfirio Muñoz Ledo, de que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en Baja California.

¡¿Cuáles poderes?!, exclamó la profesora Alma Araceli Piña. Hace tiempo están desaparecidos. Primero que aparezcan.

En frases cortas, describieron la situación de los poderes en el estado.

El poder judicial es un desastre. El poder legislativo está ausente. Los diputados desataron una crisis política mayúscula y se fueron de vacaciones. Y el gobierno de Kiko Vega agoniza en fase terminal.