Bonilla prepara nueva estrategia para desalinizar agua en Playas de Rosarito para San Diego

Imposibilitado a continuar el proyecto original de erigir bajo el esquema de asociación en participación la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, el gobierno morenista de Baja California, un obsesionado patrocinador del proyecto que armó con el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se alista a subscribir que la magna obra hidráulica se edifique con capital 100 extranjero.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 13 de julio 2019.- Este día, el futuro Secretario de Desarrollo Económico del Estado, el comerciante Mario Escobedo Carignan, anunció que la nueva administración pública que mandará Jaime Bonilla Valdez, estudia la posibilidad de que el proyecto se construya íntegramente con inversión estadounidense.

El paquete de inversión incluiría un regalo para los bajacalifornianos y su gobierno: los primeros recibirían agua desalada sin costo extra y el segundo estaría liberado de adquirir compromisos financieros.

Pero lo que obtendrían a cambio los inversionistas foráneos se lo guardó decir el próximo funcionario, así como el o los nombres de las empresas que intervendrían en la operación financiera del proyecto, de los constructores y operadores, además del contrato de distribución del agua desalada en Baja California y el sur de California que, en principio, parece será a partes iguales.

De acuerdo con la versión de Escobedo Carignan, hermano del actual secretario de Turismo en el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid -Oscar Escobedo-, el nuevo proyecto pondrá fin al contrato de Asociación Pública Privada que endeuda al estado por más de 66 mil millones de pesos, en un plazo de 37 años, mediante un decreto que se aprobó en el congreso el 1 de diciembre del 2017 y que fue impugnado por 11 legisladores, vía Acción de Inconstitucionalidad, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que está momentáneamente suspendido.

Vista aérea de la zona donde se quiere instalar la desalinizadora Rosarito, en un terreno baldío que se encuentra al sureste de la planta de la CFE y que es visible en la parte derecha de la imagen, en verde (Internet)

La desalinizadora, que se planeó originalmente para producir hasta 100 millones de galones de agua potable al día que se distribuirían en Tijuana y el 40% de los usuarios del Distrito del Agua en Otay, San Diego, es un proyecto que impulsa desde al menos 10 años el hoy Gobernador Electo de Baja California Jaime Bonilla Valdez.

De acuerdo con minutas de la Junta Directiva del Distrito de Agua Otay en poder de 4 Vientos, en el plan para llevar agua potable a los californianos, Bonilla empleó sus influencias como Presidente de ese organismo público estadounidense, así como las de ser Presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados mexicana.

A través de Héctor Irineo Mares Cossío, actual diputado electo para la XXIII Legislatura de Baja California luego de ser suplente del legislador Víctor Morán Hernández, a quien reemplazó 5 meses en el congreso local, Bonilla realizó un intenso cabildeo para sacar adelante el proyecto.

Ni importó que Mares Cossío tuviera un contrato profesional de asesoría con el Distrito del Agua en Otay –Consultor de Asuntos Binacionales– aun cuando era suplente de Bonilla en la diputación federal en el periodo 2102-2015.

Este contador público, que en su curricula en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados presume haber sido en 1994 “Asesor del Secretario Particular del Presidente de la República”Juan Rebolledo Gout, quien desempeñó ese cargo para Carlos Salinas de Gortari del 14 de diciembre de 1993 al 30 de noviembre de 1994- trabajó desde 2006, y aún trabaja en el proyecto de la desalinizadora.

Mares Cossío, uno de los alfiles de Jaime Bonilla para sus proyectos de la desalinizadora Rosarito y los 5 años de gobierno. Aquí, cundo toma protesta como diputado suplente de otro de sus alfiles en el Congreso de Baja California: Víctor Morán Hernández (Foto, cortesía)

Para Jaime Bonilla y la planta desalinizadora se reunió con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Departamento del Agua del Condado de San Diego (CWA, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA, por sus siglas en inglés) y del gobierno de Baja California en las administraciones de José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega.

De hecho, de acuerdo con las minutas del Comité Desalinización Rosarito Otay Water del Distrito, hay constancia de que Francisco Vega de Lamadrid ofreció financiar el proyecto con el fondo de pensiones del estado y los trabajadores del órgano de gobierno, un tema que hizo crisis en el magisterio en el último trimestre del año pasado y el primero de 2019, cuando se dejaron de pagar cientos de millones de pesos a jubilados y pensionados.

Dice textual el escrito: “El proyecto está estancado en la legislatura del estado de Baja California, luego de varios intentos fallidos de aprobar un decreto de consentimiento que autoriza al gobierno del estado a proporcionar respaldo financiero utilizando los fondos de pensiones.”

Agrega que ese problema –“político” afirma el reporte-, lo debería resolver antes del final de la sesión legislativa que estaba programada para concluir a mediados de diciembre de 2017, el consorcio empresarial multinacional que opera el proyecto: “Aguas de Rosarito”, que integran NuWater de Singapur, Suez Environment de Francia y una compañía mexicana llamada N.S.C. Agua (NSCA), que es una subsidiaria de la transnacional Consolidated Water (CWCO) con base en las Islas Caimán y original impulsora del proyecto desde 2007.

Pitoniso, altamente conocedor de los tiempos y el quehacer de la política mexicana, el Comité californiano concluyó así su minuta:

Para el consorcio multinacional, se reestructura el negocio del agua con los «morenistas» del nuevo gobierno estatal (Internet).

“Si el decreto de consentimiento no se aprueba durante este año legislativo, es posible que tenga que esperar hasta 2020, después de las elecciones presidenciales de 2018 en México y las elecciones de 2019 para Gobernador del Estado de Baja California.”

Hoy Jaime Bonilla Valdez, ex Presidente del Distrito del Agua Otay que en 2010 otorgó a su directivo reconocimientos como “Empresario del Año” y de “Excelencia en Servicios Públicos”, se hizo de la gubernatura.

Y ahora el que será su Secretario de Economía anunció que la desalinizadora podría ser costeada por Estados Unidos, “como se convino hace años, a cambio de que la mitad de agua que produzca sea para ellos, y la otra mitad para Tijuana.”