Diputados del PAN en BC buscan eliminar el derecho de adopción a la diversidad sexual

Los 11 diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California impulsan cambios al Código Civil que eliminan para las parejas de la diversidad sexual su derecho a la adopción.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Unidiversidad

Ensenada. B.C., 11 de julio del 2019.- La acción legislativa es “una grave violación a la naturaleza y propósitos del artículo primero de la Constitución Política del país y a los derechos internacionales” de la diversidad sexual.

Ello lo expresan 18 organizaciones y 10 activistas por los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trangéneros, transexuales, intersexuales, queer y asexuales (LGBTTTIQA+).

En un comunicado que dirigen a la Diputada Eva María Vásquez Hernández y demás integrantes de la bancada panista en el congreso, manifiestan su oposición a la iniciativa de modificación al Artículo 391 del Código Civil estatal para que se excluya la adopción de infantes a las parejas del mismo sexo.

Informan que, en abril, Vásquez Hernández, a su propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una serie de iniciativas de reforma a diversas leyes y códigos del estado para “descriminalizar el abandono voluntario” de menores de edad.

Al mismo tiempo, dicen, los panistas pretenden regular los derechos y trámites de adopción exclusivamente para las parejas heterosexuales, eliminando este beneficio para la diversidad sexual con el argumento de garantizar el “interés superior de la infancia” previsto por el Artículo Cuarto de la Constitución Política del país.

Foto: Internet

Citan el caso del Artículo 391 del Código Civil, actualmente derogado, para determinar que, tratándose de la adopción de personas en edad menor a los 18 años, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) garantice “ponderadamente” el derecho del adoptante “a un padre y a una madre para la consecución de los fines de familia.”

Anuncian que debido al contenido “altamente discriminatorio, homofóbico y lesbofóbico” de la iniciativa, se oponen a su propuesta porque viola los conceptos del Artículo 1 de la Constitución nacional, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los derechos internacionales que protegen a la diversidad sexual específicamente reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, los panistas pasar por alto “un importante y valioso cúmulo de investigaciones científicas, psicológicas, y sociológicas que avalan el hecho de que las familias lesbomaternales y homoparentales, son núcleos familiares perfectamente capaces y sanos que permiten el desarrollo integral de un niño o de una niña.”

Citan 3 de esos estudios hechos por especialistas europeos y estadounidenses, antes de concluir con su rechazo y negativa a la iniciativa panista por extralimitar los preceptos de la Constitución del país y los tratados internacionales que tutelan los Derechos Humanos de todas las personas.

Actualmente, 3 parejas casadas de la diversidad sexual tramitan ante el DIF la adopción de infantes en Baja California que suma una lista de 300 niñas y niños en espera de integrarse a una familia, según información de Brenda Ruacho, esposa del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y Presidente del sistema asistencial en el estado.

Víctor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urías, otra vez en lucha por sus derechos como matrimonio y familia (Foto: La Jornada BC)

Entre los solicitantes están Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo, quienes en enero del 2015 se convirtieron en el primer matrimonio gay de Baja California luego de tres años de negativa oficial a su casamiento.

Ellos anunciaron a finales de 2016 que adoptarían un infante y el 2 de mayo del 2017 iniciaron al trámite ante el DIF, quien los ha obligado asistir a 37 sesiones con terapeutas para concluir la primera de 3 etapas en que consiste el proceso de adopción, el cual no debió exceder tres meses.

Por el atraso intencional que el gobierno de Baja California y municipal de Mexicali han dado a su petición, solicitaron amparo federal y en abril de este año decidieron demandar juicio político contra Francisco Vega.

Y al Alcalde panista Gustavo Sánchez Vázquez lo demandaron por el no otorgamiento de la tutela dativa que consiste en proporcionar los recursos económicos para la manutención de un menor que esté en un orfanato bajo resguardo de la autoridad por falta de un hogar o sano desarrollo.

Ahora, el posicionamiento sobre la iniciativa de modificación al artículo 391 del Código Civil estatal lo firman las organizaciones Colectivo Diáspora; Colectivo Diversa ─ CODIVER: Colectivo Mujeres Tierra, A. C.; Comité Orgullo Mexicali; Comunidad Circular, A. C.; Comunidad Cultural de Tijuana, A. C.; Comunidad LGBT de Ensenada; Bifanzine; UNE-Ensenada Red; Colectivo la Marcha de las Putas Ensenada; Espacio Sin Clóset; It Gets Better México; La tía mexicana, gestora cultural; Las Borders; Red Feminista Interseccional en Contra de la Violencia; Unión Trans de las Californias; Comunidad Metropolitana, A. C. (COMAC); y COPRODI, A. C.

También las y los activistas Roberto García-Garibay, Gloria Karolyna Pollorena Briceño, Sheila Delhumeau R, Alex Orué, Paula Arroyo Montes de Oca, Jey Fernández, Arcelia Arce,  Ilse Cermur y Rubén Maza.