Amenazas, mentiras, mediatismo en la pelea por el refinanciamiento de 8,227 mdp de deuda pública de BC

A dos días de que se cumpla el plazo legal para que el gobierno de Baja California refinancie una deuda de ocho mil 227 millones de pesos, el gobierno electo de la entidad rechazó la medida y dijo que vetará en el estado a las instituciones bancarias que acepten participar en esa negociación.

4 Vientos / Foto principal: Uniradio Informa.

Ensenada, B.C., 25 de junio del 2019.- Hoy, el gobierno estatal contestó que con el refinanciamiento no se contraerá más deuda pública, que tampoco generará nuevos impuestos y que ningún gobernador o funcionario público puede vetar el refinanciamiento de deuda.

“Se trata de un proceso que se rige por la Ley de Disciplina Financiera y en el caso de Baja California cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda, a través del Registro Público Único”, precisó la Secretaría estatal de Planeación y Finanzas en un comunicado.

Agregó: “Las acciones que se llevan a cabo al cierre de la administración cuentan con la justificación y respaldo técnico en función a información y cifras reales, no por ‘interpretaciones’ hechas desde una óptica limitada, sin antecedente o contexto previo.”

También recordó que la administración estatal sostuvo diversas reuniones con integrantes de los Consejos Coordinadores Empresariales del Estado para lograr la mejor renegociación del débito bancario y establecer un nuevo límite a los gastos y costos relacionados a la contratación del financiamiento y obligaciones.

Esto permitió, de acuerdo con la dependencia estatal, reducir de 1.5 a 1.1 por ciento el monto contratado como máximo, aunque el Articulo 27 del Reglamento del Registro Público Único establece que se puede contratar hasta el 2.5% del crédito.

“Con esto se cumple con el decreto aprobado por el Congreso del Estado para dicho débito, cuyo objetivo es obtener la menor sobretasa posible y cambiar el perfil de pagos para liberar flujo financiero.”

Bonilla en su rueda de prensa (Foto: Alfredo Álvarez)

Ayer, el Gobernador Electo Jaime Bonilla Valdez convocó a los bancos a no participar en la licitación de refinanciamiento que el actual gobierno convocó para el 27 de junio, ya que el mandatario Francisco Vega de Lamadrid no lo ha querido recibir para negociar que sea su administración la que realice directamente la operación bancaria.

Y amenazó con vetar en el estado a las instituciones crediticias que participen a la invitación del actual gobierno, por lo que les pidió esperar al 1 de noviembre, fecha en que su gabinete tomará el poder en el estado, para revisar el tema.

Al respecto, Planeación y Finanzas precisó que el refinanciamiento es un instrumento válido y legal al cual acuden los gobiernos para cumplir con las disposiciones de la Ley de Disciplinas Financieras.

“Esta legislación es la rectora de los lineamientos en materia de presupuesto, endeudamiento, transparencia y rendición de cuentas para la presupuestación y ejercicio de los ingresos y gastos, así como para la contratación de deuda de los gobiernos subnacionales y sus organismos”, explicó.

Destacó también que “expertos economistas” avalan que el mayor beneficio de este refinanciamiento de la deuda se basa en el Saneamiento Financiero del Estado, ya que contará con recursos que serán reutilizados en “programas de impacto” por la nueva administración.

“La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) es la encargada de vigilar las deudas estatales y ha manifestado el apoyo al Gobierno del Estado para llevar a cabo las gestiones para el registro del o los créditos resultantes del proceso competitivo del refinanciamiento, para su disposición antes del 31 de julio de 2019”, concluye el comunicado.