Cero y van 8: la crónica de una enfermiza obsesión por el poder

Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, presentó un nuevo recurso jurídico ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para ampliar el periodo de su gobierno de 2 a 6 años, pero este día la magistratura federal declaró «improcedente» el recurso porque primero se debió presentar en el Tribunal Electoral del Estado, por lo que ordenó enviarlo a esa instancia.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Sin Embargo

Ensenada, B.C., 18 de junio 2019.- Se trata del octavo intento que diversos actores hacen, desde septiembre del 2018, para modificar el contenido de la reforma constitucional que en 2014 cambió por única vez el lapso de gobierno a dos años y empatar el proceso local con el federal en 2021, ahorrando al erario 560 millones de pesos.

Jaime Bonilla presentó el 13 de junio ante la Sala Superior del TEPJF, el recurso de impugnación en contra de un Dictamen del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) relativo al cómputo estatal de la elección a la Gubernatura del Estado.

Se trata del documento que declara la validez de la elección y de Gobernador Electo, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor del propio Jaime Bonilla Valdez el martes 11 de junio al mediodía.

El morenista presentó el recurso porque el Consejo General del instituto electoral lo declaró Gobernador Electo para que desempeñe el cargo durante el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, tal y como ordena la reforma constitucional del 2014 y que dos veces previas ratificó el tribunal federal electoral primero en su Sala Regional Guadalajara y después en la Sala Superior.

De hecho, 15 minutos después de que Clemente Ramos Mendoza, Ciudadano Presidente del IEEBC, entregara la constancia de mayoría y validez a Jaime Bonilla, éste dijo a los periodistas que sus abogados continuarían defendiendo sus derechos políticos ante “la Corte Suprema”, cuando en realidad se trata de la Sala Superior del TEPJF.

Correspondió a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso elaborar el proyecto de dictamen al acto reclamado por Bonilla en el expediente SUP-JDC-115/2019, de la Sala Superior. Su opinión la presentó al pleno de la Sala Superior la tarde de hoy, y por unanimidad de los 7 ministros se aprobó considerar Improcedente la petición y reencausar el recurso al Tribunal Electoral de Baja California, a quien corresponde conocer y resolver el tema en primera instancia. 

Los 7 magistrados de la Sala Superior del TEPJF. La ministro Mónica Aralí Soto Fregoso es la segunda de derecha a izquierda (Cortesía)

Esta fue la primera vez que Bonilla recurrió directamente a esa instancia judicial electoral para ampliar el periodo de gobierno, y sus abogados -está confirmado- lo hicieron equivocadamente.

El 29 de mayo, por votación mayoritaria de 6 de los 7 ministros –incluida la magistrada Soto Fregoso- se determinó revocar un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado que ordenaba ampliar para el morenista el lapso de gobierno a 6 años.

Antes de esa resolución fueron otros actores los que intentaron ganar para Bonilla el incremento del periodo de gobierno.

El primero que públicamente habló de esa posibilidad fue el abogado Salvador Rodríguez Lozano, hermano del también Licenciado en Derecho, ex Senador, ex precandidato priista a la gubernatura de Baja California y futuro Secretario de Gobierno en la administración de Bonilla, Amador Rodríguez Lozano.

Su dicho de que era posible modificar la reforma constitucional del 2014, inspiró al Colegio de Abogados Emilio O. Rabasa, de Tijuana, a proponer a los diputados de la XXII Legislatura que derogaran el artículo transitorio que ordena reducir a 2 años el mandato de gobierno en la elección del 2019.

El intento fracasó porque la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado determinó que la petición no procedía en términos legales.

Entró al relevo el diputado morenista Víctor Morán Hernández quien con el visto bueno de la Presidente nacional de su partido –Yeidckol Polevnsky Gurwitz-, propuso en octubre ampliar el periodo de gobierno con el argumento de que al tratarse de una derogación de artículo y no de una modificación de ley, “no existe impedimento alguno para que la petición pueda ser aprobada y aplicada en las elecciones locales del 2019”, teoría que tampoco avanzó en el parlamento estatal.

Víctor Morán, al lado de Bonilla (Facebook)

En enero surgió en escena la esposa de Morán, Blanca Estela Favela Dávalos, quien alegó violación a sus derechos políticos electorales para pedir al IEEBC y al Tribunal Electoral de Estado que ampliaran el periodo de gobierno a 5 años.

Intervino la Sala Regional Guadalajara del TEPJF para revocar una sentencia del tribunal electoral local que ordenaba extender el periodo tal y como lo pedía Blanca Favela.

Posteriormente, el 9 de marzo, el Presidente nacional del PAN, Marko Cortés, amenazó en Mexicali con expulsar a los legisladores estatales de su partido que apoyaran la propuesta de ampliar a cinco años el periodo del próximo gobernador a cambio de dinero, acción que presuntamente encabezó el coordinador de la bancada panista Carlos Torres Torres, aliado con diputados del PRI asociados con Bonilla y Morena.

Una acusación similar denunció el 1 de junio el Presidente del Congreso de Baja California, el priista Benjamín Gómez Macías, quien dijo que el Administrador de la Aduana en Mexicali, Alejandro Miramontes Armenta, y el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, ofrecieron un millón de dólares a cada diputado que aceptara modificar el periodo de gobierno a 6 años.

Fue en abril y junio cuando Jaime Bonilla se abrió públicamente a defender sus derechos políticos electorales en dos instancias.

Primero presentó el 4 de abril, ante el IEEBC y el tribunal electoral local, su primera petición de ampliar el periodo de gobierno, impugnación que perdió el 29 de mayo en la Sala Superior del TEPJF.

Y 24 horas antes del día de la elección -2 de junio-, el licenciado Guillermo Ruiz Hernández, abogado de Jaime Bonilla, informó que acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a “defender la constitucionalidad del periodo sexenal en la próxima administración del estado, que fue reducido a dos años por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México.”