Mantiene BC rezago de años en armonizar leyes para evitar matrimonio infantil en el estado

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió un Exhorto al Poder Legislativo a efecto de que se realicen las acciones necesarias para armonizar la legislación local con los marcos jurídicos nacional e internacional, eliminando las dispensas al matrimonio infantil y acabar con un rezago legislativo de 5 años en la materia.

4 Vientos / CEDHBC / Imagen principal: Reporte Índigo

Mexicali, B.C., a 11 de junio del 2019.- El Presidente Interino de la comisión, Carlos Rafael Flores Domínguez, informó que el objetivo de esta acción es erradicar una medida inconstitucional, contraria a los derechos humanos y al interés superior de la niñez, eliminada en 2014 de la legislación nacional y del resto de las entidades federativas, pero que prevalece en Baja California.

En ese sentido, subrayó que para el Organismo las niñas, niños y adolescentes son y deben ser el interés supremo del Estado.

“Por ello, la Comisión está convencida de que las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben garantizar los derechos humanos que contribuyen a hacer efectivo su libre desarrollo e integridad, y prevenir los fenómenos que atenten contra las personas menores de edad.”

Al respecto, el Director del Registro Civil en el Estado, Javier Mayoral Murillo, ha dicho que a partir del 2015 los matrimonios entre menores de 18 años están estrictamente prohibidos y que desde la entrada en vigor de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, esos enlaces están “erradicados”.

Internet

A la prensa, el funcionario ha informado que entre el 2012 y el 2014 hubo mil 628 mujeres adolescentes que contrajeron matrimonio teniendo entre 14 y 15 años, mientras en ese mismo lapso se celebraron 234 enlaces en los que hubo hombres de entre 15 y 17 años.

Y dijo que la existencia de hijos entre las parejas que involucren menores, tampoco hace posible la unión legal de menores e infantes en matrimonio.

Asimismo destaca un antecedente: en abril del 2017, la diputada Alfa Peñalosa Valdez propuso al Pleno del Congreso del Estado armonizar el Código Civil local con las modificaciones que a nivel federal se aprobaron para prohibir los matrimonios a menores de edad y establecer en 18 años la edad mínima para contraer nupcias. El proyecto avanzó a medias en el poder legislativo.

Múltiples violaciones a derechos

Rafael Flores Domínguez precisó que el matrimonio infantil es una práctica que afecta diversos derechos de la infancia y adolescencia, entre ellos al libre desarrollo de su personalidad, a la educación, salud, libertad y autonomía.

Citó que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 12 millones de niñas menores de 18 años de edad se casan cada año en el mundo.

Asimismo, cifras de Save the Children indican que en México aproximadamente 1 de cada 5 mujeres se casa antes de cumplir los 18 años de edad, existiendo 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 que se casaron antes de los 18 años de edad.

Internet

“En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, así como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, buscando proteger de manera más eficaz los derechos humanos de la niñez, ha recomendado a los Estados legislar para prohibir el matrimonio infantil, y elevar a 18 años de edad, tanto para la mujer como para el varón, la edad mínima para contraer matrimonio.”

Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 22/2016, determinó la constitucionalidad sobre la prohibición total y eliminación de dispensas al matrimonio infantil, ya que además elimina el margen de error en que pueden incurrir jueces y diversas personas servidoras públicas al conceder dispensas.

En el caso de Baja California, que permite el matrimonio de personas menores de edad por “causas graves y justificadas”, estas bodas están relacionadas constantemente con delitos sexuales contra mujeres adolescentes, por lo que la figura constituye un acto de impunidad y de violencia estructural, “legalizada desde el aparato Estatal”, contra niñas y mujeres adolescentes.

Por lo tanto, afirmó Flores Domínguez, la eliminación de las dispensas representa el cumplimiento del Estado de proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante una medida restrictiva válida y justificada en términos de la Tesis de Jurisprudencia de la SCJN, la cual se impone para proteger a un grupo particular en situación de vulnerabilidad.

Baja California es el único Estado de la República que aún conserva dispensas dentro de la legislación civil para que dos personas menores de edad contraigan matrimonio; no obstante que desde 2014 la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes -en su artículo 45- establece que “Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”

Internet

Por otro lado, la Ley para la Protección y Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California, en su artículo 43 dispone que “La edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años”.

Es decir, se cuenta con una Ley General en materia de derechos de la infancia que es aplicable en todo el territorio nacional y establece un mínimo de edad para contraer matrimonio, sin considerar dispensa alguna.

En el mismo tenor se encuentra la Ley especial para el Estado de Baja California; sin embargo, coexiste con una norma, como lo es el Código Civil para el Estado de Baja California que en su artículo 145 establece: “Para contraer matrimonio, tanto el hombre como la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años. Los Presidentes Municipales pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. No se otorgará dispensa a ningún menor de dieciséis años”.

Por ello, enfatizó: “Debe hacerse frente a la obligación constitucional del Estado de Baja California de ser garante de derechos humanos y eliminar las barreras que limitan el acceso de la niñez en contexto de vulnerabilidad, a las condiciones necesarias para su sano desarrollo.”

Rafael Flores concluyó: “La Comisión asumió la defensa, promoción y supervisión de los derechos humanos en Baja California como una tarea de todos los órdenes de Gobierno que implica corresponsabilidad social, y con el único ánimo de fortalecer a las instituciones encargadas de proteger y garantizar los derechos de las y los bajacalifornianos, poniendo siempre especial atención en las niñas y niños de nuestro Estado.”