Demandas civiles, amenazas, desprestigio profesional: el camino de un sector del gremio periodístico en BC

Amenazas, golpes, robo y destrucción de herramientas de trabajo, demandas judiciales, intentos de acotar las libertades de expresión e información, así como desprestigio profesional por extorsión hecha por falsos comunicadores en medios digitales, son los problemas que ha enfrentado el gremio periodístico de Baja California en los últimos 12 meses.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 11 de junio del 2019.- La Red de Periodistas de Mexicali y el colectivo #YoSiSoyPeriodista dieron a conocer por separado el estado que guarda la prensa regional justo en el momento en que cuatro periodistas fueron demandados por la vía civil (daño moral), conjuntamente con siete empresarios y directivos del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, por la empresa mexiquense Seguritech.

La demanda, segunda que la compañía de seguridad interpone contra quienes cuestionaron en Baja California el contrato de Asociación Pública Privada para montar y operar el Centro de Control e Inteligencia (C5i) en Tijuana, a un costo de 800 millones de pesos, presuntamente tiene el “acompañamiento” del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, según dijo a la prensa local Juan Manuel Hernández Niebla, cabeza del Comité Ciudadano.

Ayer, los periodistas Sonia de Anda, Eduardo Villa, Daniel Iglesias e Isaí Bermúdez recibieron la notificación de la demanda que en su contra presentó la corporación por documentar presuntas irregularidades en la licitación del proyecto del C5i de parte del gobierno de Vega de Lamadrid, así como en otros 10 contratos ganados por la sociedad mercantil en diversos estados de la república.

La Red de Periodistas incluyó la demanda dentro de los 17 incidentes en contra del gremio que se dieron en el periodo junio de 2018 a mayo del 2019, siendo la de Seguritech una de las 5 que estimó “graves” por lo que emitió una alerta que fue la tercera en el ciclo del informe.

En rueda de prensa, los dirigentes de la Red manifestaron que la primera alerta se dio en septiembre del año pasado cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Félix Arango, impulsó infructuosamente una iniciativa para cambiar el Código Penal del estado y criminalizar de nueva cuenta los llamados “Delitos de Honor” -difamación y calumnia- y así limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Posteriormente, en enero del 2019, integrantes de la organización civil Baja California Resiste agredieron al periodista Juan Carlos Noriega cuando cubría una manifestación del grupo en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por hechos relacionados al plebiscito de la transnacional Constellation Brands.

La Red también documentó y denunció ante autoridades estatales y federales, así como en organizaciones nacionales e internacionales de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos, agresiones diversas que van desde golpes en manifestaciones, robo y destrucción de cámaras, grabadoras y celulares por policías, y la creación de páginas digitales y bots para ofender, desprestigiar o acosar a periodistas y medios.

En ese sentido, la organización #YoSíSoyPeriodista en Tijuana denunció a Mariano Rafael Soto Cortés, propietario de la exitosa página “Tijuana sin Censura” en Facebook, por emprender una campaña sexista en contra de la periodista Dora Elena Cortés, Premio Nacional de Periodismo.

El bloguero fue detenido el 9 de mayo por estar presuntamente ligado a un grupo de seudo periodistas que se dedicaron en el último año a extorsionar, con falsas noticias y amenazas de escándalo, a un grupo de al menos 100 personas de Tijuana, Sonora y San Diego, entre ellos empresarios y políticos que incluyó a la esposa del gobernador, Brenda Ruacho.

Al respecto, el presunto líder del grupo, José Santiago Correa Collazo, fue reaprehendido en la Ciudad de México el 7 de junio.

Fue detenido el 15 de diciembre cuando recibía miles de dólares de un empresario de Tijuana al que extorsionaba, pero en enero la juez Patricia Hernández Haro ordenó que llevara su juicio en libertad porque demostró tener un oficio diferente al de periodista, decisión que aprovechó para huir del estado en febrero.

José Santiago Correa Collazo, presunto periodista extorsionador (Foto: Noticias de Tijuana).

Los presuntos extorsionadores –al menos 10, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado- han utilizado, entre otras, las siguientes páginas digitales para cometer sus crímenes:

«El Tijuanense», «Diplomático», «Noticias de Google», «Exacto Noticieros», «Acertijos desde Sinaloa» y «Notired.co», «Pepe Pérez», «Político del Norte», «Virgula News» y «Cacerbero».

En la investigación de los presuntos criminales se involucró el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), ya que el grupo también opera contra empresarios, políticos, médicos, abogados y comerciantes de San Diego, California.

El pasado 7 de junio, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) enfatizó la importancia de que las instituciones de gobierno implementen políticas públicas y se instrumenten acciones orientadas a proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

El Presidente Interino de la CEDHBC, Carlos Rafael Flores Domínguez, subrayó la necesidad de que el estado garantice la seguridad de quienes ejercen la labor informativa en Baja California, ya que, en su calidad de garante, está obligado a proteger al gremio y a salvaguardar su integridad y seguridad jurídica, así como su derecho a una debida procuración e impartición de justicia.

– “Quienes desempeñan el periodismo deben reconocerse como un sector particularmente expuesto a agresiones y violaciones a sus derechos fundamentales (…) Reconocer su labor contribuye a garantizar el derecho de la población a estar informada, por lo que este trabajo debe realizarse en condiciones de libertad y seguridad para quienes lo ejercen.”