Miles de Migrantes «atorados» en Mexicali y Tijuana; EEUU tardará años en resolver juicios de asilo.

 Del miedo a morir y a que maten a tu familia… y también de sufrir tanta hambre, de ahí sale la fuerza para arriesgase a todo, así explica María Carmen Flores cómo pudo arrojarse contra la barda fronteriza para caer del otro lado de Tijuana, en territorio estadounidense, cargando en brazos a un pequeño de nueve años y jalando de la mano a otro hijo adolescente.

Olga Aragón/ 4 Vientos/ Proceso / Foto principal: Cuartoscuro

Ensenada, B.C. 07 junio 2019.-La madre hondureña y sus dos niños ya se encuentran en Denver, Colorado en proceso de juicio de asilo en Estados Unidos.

María Carmen tuvo suerte. Alcanzó a “tirarse contra la barda” antes del pasado 29 de enero. A partir de esa fecha el presidente Donald Trump impuso el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), que obliga a los solicitantes de asilo a retornar a México mientras desahogan los juicios de asilo, que pueden prolongarse varios años.

Baja California tiene registro oficial de 3,213 migrantes centroamericanos, entre ellos 980 familias; todos solicitan asilo al país del norte, a través de dos puertos fronterizos: El Chaparral en Tijuana y la Garita de Mexicali.

En Tijuana se concentra la mayoría: 2,159 migrantes. Otros 1,054 están en Mexicali. Son originarios principalmente de Guatemala (1,437), Honduras (1,164) y El Salvador (524), según informe de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, actualizado al 12 de mayo del presente año.

La SEGOB y el INE precisan que la población de migrantes centroamericanos está integrada por 1,075 hombres y 784 mujeres, muchos de ellos con hijos, pues se tiene registro de 916 niños y niñas de cero a 12 años y 356 adolescentes de 13 a 17 años.

Así duermen, en los albergues (Foto: Milenio).

La mayoría de ellos (1,851) viven en albergues, otros 733 han logrado conseguir casas o habitaciones que rentan en grupos y más de 300 consiguieron hospedaje con amigos, muchos de ellos personas altruistas y/o activistas de derechos humanos que los apoyan.

Todos cuentan con documentos expedidos por el gobierno mexicano; 2,798 con Forma Migratoria Múltiple (FMM); 377 tienen Tarjeta Visitante Razones Humanitarias (TVRH) y sólo seis con Tarjeta Residente Permanente.

¿Cuántos migrantes, de los más de 3 mil “retornados” que están en la frontera norte de Baja California, han logrado que el gobierno estadounidense les conceda asilo?

“¡Ninguno!”, respondió Soraya Vázquez Pesqueira, directora del capítulo mexicano de la organización Families Belongs Together, en apoyo a solicitantes de asilo en los Estados Unidos y que buscan en Centroamérica a los padres de los menores solos recluidos en centros de detención estadounidenses, consiguiéndoles visas humanitarias para reunir a las familias.

¿Está fallando el programa de Trump?

-Al contrario, está cumpliendo su objetivo: impedir que entren los migrantes a Estados Unidos, aun cuando demuestren que sus vidas están en peligro, que huyen de la violencia política y social de sus países.

Al respecto, narra el caso de María Carmen:

“Ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena, un día vio a los sicarios de la pandilla de Los Maras (Salvatruchas) matar a sangre fría a unos hombres en la casa vecina; intentaron asesinarla porque fue testigo del multihomicidio, pero ella logró huir de su país. Pidió a uno de sus hermanos que le llevara a sus hijos a la frontera sur de México. En el camino se unió a la caravana que ya venía de Honduras y así llegó hasta Tijuana sin saber nada de su familia. Acá la conocí, por mi trabajo en pro de los migrantes, me movilicé y pude localizar a sus niños, los habían detenido en un retén de Chiapas. Logramos reunirla con sus hijos. Semanas después recibí una llamada en mi celular, era ella. Estoy en Denver, me dijo. ¿Cómo pudiste cruzar la frontera? Me tiré por la barda, explicó. Enfrentó un proceso por su entrada ilegal a Estados Unidos, pero ya inició su juicio de asilo en Denver, donde tiene amistades que le dieron albergue. Los Maras mataron a uno de sus tíos que no pudo salir de Honduras”.

Gabriela Soraya Vázquez, abogada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y candidata a Doctorada en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, de Madrid, España, conoce el fenómeno migratorio desde la investigación académica y especialmente como activista durante más de 20 años de organismos internacionales y nacionales en la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Hoy la migración tiene características inéditas, dice. Antes los migrantes se escondían, ahora se visibilizan en caravanas para protegerse de asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Migrar se convirtió en un asunto de vida o muere.

Otro aspecto inédito, “bastante perverso”, es que a diferencia de lo que sucedió con María Carmen Flores, ahora a los migrantes se les obliga a retornar a México, a seguir desde acá juicios de asilo que nunca se resuelven. afirmó la también integrante de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

Tercer país seguro

Donald Trump está presionando a México con todo –incluida la amenaza de fijar aranceles exorbitantes a los productos mexicanos-, para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frene por la fuerza el flujo migratorio de latinoamericanos.

¿Pretende convertir a México en el “Tercer país seguro” para los migrantes?

“¡Claro, pero eso es imposible! Nuestro país no es seguro ni para nosotros mismos. Menos Tijuana, la ciudad con mayor tasa de asesinatos en el mundo.

¿Cuál es entonces la salida a esta crisis humanitaria de miles de migrantes que impacta a las ciudades fronterizas del norte de México?

Estados Unidos debe recibir a esos migrantes. Tiene cuantiosos recursos, pero debe reorientarlos. En vez de invertir millonadas en centros de reclusión, debe permitir que la gente espere su proceso de asilo en libertad, trabajando. Resulta muy costoso criminalizar la migración. Respetar el derecho de asilo a todas las personas es más barato. El problema es que han convertido la migración en una industria. Al criminalizar la migración, un puñado de inversionistas se enriquece construyendo y administrando centros de retención de migrantes, que son cárceles para quienes están esperando que les concedan asilo, no son criminales”.

Los haitianos en BC, mejor recibidos (Foto: El Sol de Tijuana)

La Pequeña Haití

¿Cuántos migrantes “retornados” pudieran conseguir asilo en un futuro cercano?

“El caso más cercano al éxito que conozco es el de un hondureño que se entregó a la migra (policía de migración) en San Diego. Solicitó asilo a principios de febrero. Lleva dos audiencias en la corte, en mayo le dieron cita para una tercera audiencia que se efectuará en diciembre. No sabemos a cuántas audiencias más será citado, tampoco podemos saber si el fallo será favorable o le negarán el asilo”, dijo Vázquez Pesqueiera, fundadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana B.C, organización constituida hace tres años, ante el arribo masivo de migrantes haitianos a Baja California.

Entre mayo y diciembre de 2016 más de 16 mil haitianos llegaron a pedir asilo a Estados Unidos. Pocos lograron su meta. La inmensa mayoría se dispersó por América Latina. Sin embargo, más de tres mil haitianos aún esperan en Baja California la respuesta de los jueces estadounidenses de migración a su solicitud de asilo. Mientras tanto, se han integrado a la sociedad tijuanense. Crearon, incluso, un asentamiento denominado “La Pequeña Haití”, con casitas construidas en terrenos de 36 metros cuadrados, en un predio donado por Zaida Guillén y su esposo Gustavo Banda, pastor de la iglesia evangélica Embajadores de Jesús.

“La Pequeña Haiti” está a diez kilómetros al sureste del centro de Tijuana, en el Cañón del Alacrán. Christopher Faustin y su esposa fueron los primeros en construir su pequeña casa de madera, donde viven con su bebita. “Fue dificilísimo llegar hasta aquí”, exclama Faustin al recordar la pesadilla de cruzar a pie la selva que divide a Colombia y Panamá.

A los haitianos que aún solicitan asilo, se suman miles de centroamericanos ¿Existen “cuellos de botella” en los trámites?

“Existe crueldad”, respondió Soraya Vázquez y mencionó el hecho de que se obligue a los migrantes a retornar por Mexicali al tiempo que les fijan audiencias en la Corte de San Diego, a más de 330 kilómetros de distancia, lo que significa esfuerzo en tiempo y gastos en autobús por 700 pesos, además de alimentación y un lugar donde pernoctar. Si no tienen recursos para acudir a la audiencia, pierdan la oportunidad y su caso se empantana.

El reto, en lo alto del muro (Foto: BBC Mundo)

Todo el proceso que enfrenta un migrante solicitante de asilo, exige infinita paciencia.

Los propios migrantes se organizan para elaborar listas con el nombre de cada solicitante escrito en un cuaderno. Cada quien recibe un trozo de papel, como un ticket, con el número que le corresponde. En Mexicali la lista es levantada por el BETA (policía no armada que auxilia al Instituto Nacional de Migración), en otros lugares es tarea del Centro de Atención a Migrantes. Cada migrante pregunta siempre cuándo debe presentarse a solicitar asilo. Transcurren dos a tres meses para cuando toca su turno. A veces llaman a diez, a veces a 40 personas diarias que deben acudir a la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos) a iniciar el proceso ante las autoridades estadounidenses.

La persona solicitante de asilo espera a que la CBP le comunique cuándo es su primera audiencia ante una Corte. Pueden pasar dos meses. Y cuando al fin se presenta a la Corte, como va sin abogado, el juez otorga otro bimestre para que consiga uno.

Mientras procesan la solicitud, el migrante permanece en un centro de detención, luego lo regresan al puerto fronterizo de entrada donde se le hace entrega de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) que regula su ingreso al país en calidad de “retornado” a México. Con ese documento, puede estar legalmente en México, pero no se le permite trabajar. En esas condiciones espera la segunda, tercera y…cuantas citas ordenen los jueces de migración.

¿Cuánto tarda ese proceso y de qué viven mientras tanto?

Foto: El Imparcial

“Años, puede tardar años. ¿De qué viven? Unos consiguen chambitas limpiando cebolla en los mercados, lavando autos, vendiendo chucherías en la calle, ganan una miseria y para colmo algunas veces son extorsionados por policías municipales. Viven recluidos en albergues, con carencia de alimentos, ropa, medicinas. En Tijuana existen entre 25 y 30 albergues, por lo general de congregaciones religiosas que son una bendición para los migrantes»

¿Y el gobierno?

-Como si no existiera. Peor aún, estorba, como fue el caso del alcalde Juan Manuel Gastélum, “El Patas”, quien discriminó y criminalizó a los migrantes incitando al odio de la gente en contra de ellos, motivo por el cual fue reconvenido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Algunas personas, recuerda Soraya Vázquez, asumieron una actitud deleznable ante los migrantes hondureños –en contrastante con la empatía mostrada a los haitianos-, porque el largo trayecto de la caravana («en realidad debe decirse éxodo») desde Honduras, abrió espacio a que fuesen criminalizados mediáticamente. Incluso, dijo, vinieron a Tijuana simpatizantes de Trump a hostigar a los migrantes albergados en el estadio Benito Juárez. “Eran pronazis, hombres de cabezas afeitadas, y con ellos venían un tipo de un programa de radio y una mujer que aparecía como Paloma for Trump”

¿Qué debe hacer el gobierno mexicano, en lo inmediato, ante las difíciles condiciones en que sobreviven los migrantes retornados?

Entregar visas humanitarias a todos, para que puedan conseguir un trabajo mientras se resuelve su juicio de asilo. A la vez, incorporarlos a la sociedad, en condiciones dignas y de pleno respeto a sus derechos humanos, como manda nuestra Carta Magna”.

Irineo Mújica (izquierda) y Cristobal Sánchez, presos políticos del nuevo gobierno mexicano (Fotos: razon.com

Chivos expiatorios

Organizaciones defensoras de migrantes en Baja California, exigen la liberación de Irineo Mújica y Cristobal Sánchez, activistas detenidos el pasado 5 de junio, día en que la Guardia Nacional también impidió que una caravana de centroamericanos ingresara al país.

Irineo Mújica es uno de los líderes de Pueblos Sin Fronteras, estos activistas han acompañado a las caravas de migrantes desde hace muchos años, antes de que se volvieran tan masivas.

“A veces no comulgamos con los métodos de Pueblos Sin Fronteras y sus líderes, en la exigencia de derechos de los migrantes, pero eso no lo convierte en ningún criminal ni en un traficante de personas. Es una injusticia la que están cometiendo contra estos líderes. Es absurdo, por ejemplo, que congelaran sus cuentas, porque dicen que detectaron cinco transacciones bancarias a Querétaro, yo también envío dinero a migrantes y no por eso soy una traficante de personas”, dijo la abogada que ha sido asesora en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, también en el Instituto de las Mujeres de la CdMX y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Soraya Vázquez ubicó en el sacerdote Alejandro Solalinde, de reconocido liderazgo en el país en defensa de los migrantes, otro factor de adversidad para los dirigentes de Pueblos Sin Fronteras que fueron encarcelados.

“Irineo Mújica tuvo un desacuerdo con el padre (Alejandro) Solalinde, quien parece ser  el más autorizado en el tema migratorio para las autoridades del gobierno federal. A  partir de ese desacuerdo el padre Solalinde criminalizó a Irineo y la ministra (la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero) ha expresado comentarios criminalizando la labor de Irineo y de Pueblo Sin Fronteras. No queremos pensar que pretenden utilizarlo como chivo expiatorio en la mesa de negociaciones con Trump. Vamos a defenderlo”, concluyó Soraya Vázquez.