De tin marín de do pingüé… ¿Sería de dos, de cinco o de seis? ¡Fue de 2!

“Y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha llamado don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios”.

Fragmento tomado del capítulo XIX de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra “El Quijote de la Mancha: De las discretas razones que sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos”.

El juego infantil era una suerte para hacer una selección. Pero también parece ser la realidad política de Baja California en la selección del término para la próxima gubernatura; decisión que queda en manos ya sea del Tribunal de Justicia Estatal de Justicia Electoral o en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Osvaldo Medina Olvera / 4 Vientos

Son varias las perspectivas desde las que se puede abordar el tema y la mayoría de ellas, siempre con una dosis visceral dejando de lado los temas de fondo jurídico; o ya al menos los de carácter práctico.

Imagen: ADN Político.

Lo práctico

Quizá quedó en el olvido la principal razón por la cual reducir el periodo gubernamental del estado. Inicialmente se consideró la reducción a cinco años con el propósito de empatar el periodo electoral con la elección presidencial federal a razón de estar cansados los ciudadanos, de la contaminación derivada de campañas electorales.

Honestamente, fue la contaminación de campañas electorales lo que cansó a la ciudadanía por estar escuchando de los candidatos, esas voces melosas y sus promesas y observar por doquier, esa sempiterna basura visual de anuncios de partidos; un año sí y al otro también.

Ese hartazgo llevó a la idea de empatar las campañas electorales con la elección presidencial con el propósito de encontrar algo de descanso.

Federalmente, las elecciones suceden cada tres años tratándose de diputados federales y cada seis años para presidente de la república estando empatado uno de esos términos de diputados con la de la presidencia de la república; empate que no ocurría con la elección gubernamental de Baja California y ello genera hasta la fecha, un desgaste económico para el erario estatal.

Pero la idea original era la de considerar el quinquenio. No se consideró inicialmente el propósito de que fuera tan sólo de dos años.

Es evidente que ésta iniciativa tomada por el congreso local fue inicialmente motivada por un interés social.

Lo mismo da empatarlo con la elección a diputados federales únicamente o con la elección presidencial federal y, no obstante, dicho ajuste debe ser de acuerdo a la norma jurídica, por lo que se requiere (requirió) hacer ajustes a la Constitución política Local para modificar para única ocasión el periodo gubernamental.

Imagen: Derecho Crítico

El interés político partidista general y el particular

Zanjado el punto y estando de acuerdo los partidos políticos representados en el Congreso Local para abordar el tema, se asomaron los intereses partidistas locales y analizar la conveniencia de empatar el periodo gubernamental disminuido, con los intereses particulares de los actores partidistas.

Objetivamente, el periodo gubernamental de cinco años permite un desgaste social y político menor. Un periodo de dos años mantiene el desgaste político que se pretende eliminar. Pero, ¿cuáles son los intereses políticos particulares que se asoman?

Empatar la elección con la elección presidencial permite empatar la simpatía de un candidato a la presidencia de la república, con un candidato a gobernador del Estado. El partido puede entonces manejar una cómoda línea de influencia federal.

Pero si la elección gubernamental coincide con la elección intermedia, deja de haber influencia del candidato a la presidencia de la república y el candidato a gobernador en Baja California por ende dejaría de tener el conveniente apoyo de la elección federal principal.

Y de ahí surge la disyuntiva de que la modificación del periodo electoral de dos años o de cinco años. El tiempo que ha dilatado para decir entre los cinco años (lo que era sociológicamente más sano) o los dos para el periodo gubernamental tomo un tinte personal.

Fue hasta 2014 cuando se tomó la decisión en Baja California de que el periodo fuera de 2 años para empatarla a las elecciones de 2018, considerando incluso que la actual administración estatal quedará en quinquenio.

Los vaivenes de la política, es decir los intereses políticos, impidieron que esto se cristalizara en 2018 y por lo tanto nuevas variables en los intereses partidistas se hicieron notar.

Imagen: Nexos

El interés político particular

En cualquier partido político surge el interés de impulsar a determinado personaje para ocupar un cargo de gobernador. Pero, ¿de dos años en lugar de seis? Mmmm… Es de pensarse.

Cualquier candidato a la gubernatura con posibilidades de éxito desea un lapso duradero, pero al paso de diversas legislaturas y ante el ánimo de que se empatara con la elección presidencial, nos llevó a determinar el lapso de dos años.

Un gobernador de dos años sólo se llevaría un eventual mérito y, desde luego, habría que concentrarse en preparar el camino para la sucesión en el interés de un partido y, de ser posible, derivar alguna ganancia pensando en la posibilidad de un cargo de Senador por tal “esfuerzo” o “sacrificio”.

Bueno, eso no estaría mal, sólo que se ve difícil empatarlo con el interés de la sociedad (o quizá no sea necesario meditar tanto en eso). Así, han surgido quienes abrazaron éste opción y otros en cambio decidieron mantenerse recesivos, hasta el siguiente periodo sexenal.

Un giro de timón para los intereses de esos seres recesivos se dio cuando a alguno se le ocurrió que, en lugar de dos años, debería de considerarse que fuera de cinco para empatarlo esta vez con el periodo de la futura sucesión presidencial de 2024. Y las voces de los afectados no se hicieron esperar.

Un cambio de periodo “viola” los derechos políticos de ciertos personajes al dejar éstos de contender con una contienda gubernamental porque ellos estaban seguros que el periodo gubernamental próximo era de tan solo dos años (esto último nada interesante, por cierto) y no por el lapso de cinco.

Es curioso descubrir que una decisión de ésa naturaleza daña el proyecto de vida de un político.

Desde luego que, para dar un tinte “legítimo” a las inconformidades, hay que acusar violaciones importantes: violaciones constitucionales, por ejemplo.

Luchando en las calles para construir Soberanía Popular (Foto: El País).

La soberanía popular

¡Buena idea! Luego nos percatamos que es la voluntad del pueblo la que se estaría violentando gravemente y eso, mis queridos hermanos, “es inaceptable por sacramental”.

Jurídicamente, también es cierto que el poder judicial no debe invadir las atribuciones del constituyente, tema que es muy rico y profundo por lo que merece discusión aparte.

Lo que resulta curioso es que los políticos invoquen interés legítimo por considerar que se violenta la decisión del poder constituyente que en un momento dado “representó la voluntad del pueblo”.

Se puede llegar al grado de pesar que la reforma constitucional local podría quedar sin efecto ante tanto entuerto jurídico constitucional y por ende dejar la vigencia del texto inicial y celebrar elecciones por seis años.

Todo ello desembocaría en un debate jurídico constitucional de gran interés para la comunidad jurídica, o al menos como ejemplo en la materia de derecho constitucional de las facultades de derechos de nuestras universidades.

En lo personal me agradan las discusiones con profundo contenido jurídico, pero aprendí de mi maestro, el connotado maestro de derecho penal Dr. Enrique Díaz-Aranda, que el derecho debe contener una dosis de funcionalismo social.

Eso significa que el derecho debe tener un alto contenido de beneficio social y desatar los nudos jurídicos creados ya por intereses personales como por intereses de grupo o partidos políticos que han quedo insertos en políticas públicas, que entorpece la efectivación de derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales de los gobernados.

Se confunde a menudo los conceptos de Ley, Derecho y Justicia. La justicia es un valor difícil de alcanzar y en muchas ocasiones la propia ley contiene entuertos que entorpecen el acceso a la justicia.

¿Sería entonces de dos, de cinco o de seis años la próxima gubernatura? Ahora sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que sea de 2.

Es habilidad muy particular esa “de desfacer entuertos”, como se expresa en antigua lengua castellana, pero que se desea que se aplique cotidianamente en nuestra realidad política local sin perder de vista el interés social.

También es Master en Seguridad Humana y Derechos Humanos por la Universidad Milano Bicocca, de Milán, Italia.