EN EL CAMINO: Los sonidos del silencio sobre las APP y la desinformación sobre el Plebiscito

En Baja California los integrantes de las élites empresariales y gubernamentales evitan, a toda costa, dialogar con la ciudadanía, sobre todo cuando ese diálogo puede llevar al cuestionamiento de sus decisiones. Están acostumbrados a ordenar y a ser obedecidos, y por ello la solicitud de un plebiscito les incomoda sobremanera, jamás aceptan que sus decisiones sean puestas en tela de juicio ni, mucho menos, que se les revierta.

Jesús Francisco Galaz Fontes / A los 4 Vientos

El pasado lunes 4 de febrero los integrantes del Grupo Ciudadano Mexicali Consciente convocamos a una conferencia de prensa en la capital del estado, ahí planteamos dos asuntos específicos que muestran esta tendencia de las élites empresariales y del gobierno estatal.

En un primer momento, durante la conferencia de prensa, el licenciado Daniel Solorio Ramírez comentó que, desde hace casi dos años, más de mil ciudadanos presentaron al Congreso del Estado una iniciativa “para abrogar el párrafo cuarto del Artículo 100 de la Constitución Estatal y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, publicada en 22 de agosto de 2014.”

La justificación para esta iniciativa sigue siendo, como entonces, que estas figuras constituyen instrumentos para enriquecer, con dineros públicos, a grupos privados bajo el pretexto de la realización de obra pública. La Ley en cuestión es, además, un caldo de cultivo para el florecimiento del tráfico de influencias, la opacidad y la corrupción. Prometiendo resolver diversas necesidades sociales se endeuda de una manera leonina a las finanzas públicas y, al final de cuentas, la ciudadanía es la que termina pagando con sus impuestos las ganancias de los grupos privados involucrados.

Por todo lo anterior el Congreso del Estado, donde despachan los diputados, supuestos “representantes” del pueblo, debería estar atendiendo estos asuntos, pero todo indica que están mucho más ocupados en la política de sus partidos y de ellos mismos, que en lo que gira alrededor de los grandes temas locales. ¡Y aún así se atreven a exigir respeto a su investidura!

Pueblo de Baja California contra la privatización del agua. Marcha en Ensenada el 15 de enero 2017. Foto: Nelly Calderón

En un segundo momento de la conferencia de prensa, el que esto escribe comentó el extrañamiento público que tres expresidentes del Instituto Estatal Electoral de Baja California y, al mismo tiempo, exrectores (de CETYS-Universidad, Ing. Enrique Blancas, y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) el contador público Víctor Beltrán y el arquitecto Rubén Castro hicieran sobre “la postura que asumió el actual Consejo del IEE de BC, en lo referente a la celebración de un plebiscito sobre asuntos administrativos de una empresa privada.”

Sin mencionar a la empresa cervecera Constellation Brands, también afirmaron que “ninguna parte de la Ley Electoral del Estado de BC, faculta al IEEBC para celebrar plebiscitos sobre aspectos administrativos de empresas particulares y sobre decisiones técnicas de las instancias de gobierno correspondientes.

Estas expresiones resultan desconcertantes y, al mismo tiempo, lamentables. Tal y como lo exige la Ley de Participación Ciudadana de BC, el plebiscito que se está exigiendo no versa sobre un etéreo “asunto administrativo de una empresa privada,” sino sobre un acto del Poder Ejecutivo, consistente en la aprobación, por parte del Departamento de Análisis Ambiental, Sección de Impacto Ambiental, de la Secretaría de Protección del Medio Ambiente del Estado, de la Manifiestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa Constellation Brands con la finalidad de instalar una planta cervecera en las afueras de la Ciudad de Mexicali (Dictamen No. 1 del Consejo General del IEE, 29/Nov/18). Por otro lado, tal y como lo estipula la Ley Electoral del Estado de BC, el IEE es “responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así como los procesos de plebiscito, referéndum y consulta popular, en los términos de la Ley de la materia” (Artículo 33).

Durante las últimas semanas diversos personajes del mundo empresarial y político (como son los casos de Federico Díaz Gallego, Ernesto Elorduy y Víctor Hermosillo), se han manifestado abiertamente en contra de que se lleve a cabo el plebiscito en cuestión y llaman a que el Consejo General del IEE no haga caso de todos los “ignorantes,” “perversos” y “pelados” que están cuestionando una decisión específica del Poder Ejecutivo. Con tales expresiones pretender descalificar opiniones técnicas de reconocidos investigadores (véase el reporte preparado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el Dr. Alfonso Cortez) o de grupos de ciudadanos, como es el caso de Mexicali Consciente, preocupados por la vida democrática en Baja California.

No obstante las anteriores declaraciones, hay fuertes indicios (véase la encuesta realizada por Parametría) de que la ciudadanía bajacaliforniana votaría ampliamente en contra de la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental de la empresa Constellation Brands, y es en este contexto en el que los tres expresidentes del IEE y exrectores mencionados se unen a las voces que reclaman que el IEE rechace la solicitud del plebiscito en cuestión.

El texto firmado por estos personajes es ambigüo y desorientador y, paradójicamente, va en contra del espíritu de las instituciones universitarias, espacios en donde se debe privilegiar el conocimiento, las libertades y los principios democráticos, entre los cuales figura por excelencia el plebiscito como una de las vías más adecuadas para tomar decisiones controvertidas que podrían afectar negativamente a la sociedad en su conjunto.

No cabe duda que El Instituto Estatal Electoral está recibiendo presiones por parte de un sector del empresariado y de funcionarios públicos estatales para declarar como improcedente la solicitud de plebiscito solicitado para cuestionar la aprobación de Manifestación de Impacto Ambiental con la cual la empresa cervecera Constellation Brands pretende instalarse en Mexicali.

Los ciudadanos promotores del plebiscito han cubierto todos los requisitos legales para su realización y sería no solamente lamentable, sino trágico, que el IEE les comunicara que en este estado no priva la ley, sino los intereses de un pequeño grupo de empresarios y funcionarios públicos quienes mostrarían así, una vez más, que ellos son los que mandan en Baja California, inclusive por sobre las instituciones democráticas que deberían normar nuestra vida pública.