Tras décadas de administración omisa y negligente, la CESPE puede colapsar

Negro panorama plantea el director de la paraestatal a partir de febrero, de no haber un incremento urgente a las tarifas de consumo de agua. Incluso regresará el desabasto y el racionamiento del líquido a la población, afirma Carlos Loyola.

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Ensenada, Baja California, 21 de enero de 2019.- En febrero próximo comenzarán a colapsar los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), incluido el del abasto de agua potable, de no haber un incremento emergente a las tarifas de la paraestatal, declaró Carlos Loyola Peterson.

El director de la CESPE  informó que el endeudamiento actual en la comisión es de 600 millones de pesos, débito que genera cero capacidades crediticias a la empresa; además, enfrenta fuertes adeudos con el ISSSTECALI, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el pago por el suministro de agua potable hecho por el acueducto de flujo inverso, entre otros conceptos.

Explicó que mientras para 2019 la comisión requiere un presupuesto de 837 millones de pesos, que consideró como un “presupuesto ajustado, austero, pero responsable”, sólo se le autorizaron 560 millones, cantidad que calificó “insuficiente para hacer frente a los retos” de la paraestatal.

Precisó que el déficit presupuestal es de 165 millones de pesos para el área de operaciones, por lo que existirá desabasto al haber una nula capacidad de la empresa para hacer reparaciones y comprar equipo, lo que a su vez afectará el pago de agua y de energía eléctrica necesaria para surtir el líquido.

Consideró que de no existir una reconsideración tarifaria por parte del Congreso de Baja California, la CESPE comenzará a hacer crisis a partir de febrero próximo.

Protesta en las oficinas de la CESPE (Foto: Rafael Blancas Cervantes / Plex).

“Por desgracia, con este escenario de déficit presupuestal, se perderá el avance que se había conseguido en los últimos dos años, en que se logró mejorar en un 90 por ciento el servicio de abasto a la ciudad”.

Consideró que ya no es posible seguir cargando el peso de las tarifas al sector comercial e industrial de Ensenada, que consideró las más altas de todo el país, por lo que es indispensable un aumento a la tarifa del servicio residencial.

“Aunque la medida no es popular, es necesaria. En sondeos hechos a la población, cuando se le ha preguntado si está dispuesta a pagar más por concepto de agua, a cambio de que no se reduzca la efectividad del servicio, en un 90 por ciento la respuesta es de aceptación; (la gente) está de acuerdo en ello”.

Afirmó que nadie en Ensenada quiere desabasto en el servicio. Incluso podrían darse aumentos de hasta el  70 por ciento en la tarifa y ésto se aceptaría porque la gente opina que sería peor no tener agua en sus hogares o comprarla por tibores.

“Además, con el aumento se tendría la capacidad financiera para emprender planes de desarrollo en materia de agua potable, atender fugas, invertir en compra de refacciones,  tubería, gasolina, pagar mejor al personal y tiempo extra; tampoco se perdería la capacidad para generar nuevas fuentes de abasto a mediano y largo plazo, así como gestionar un acueducto o una desaladora”.

Reveló que al 90 por ciento de los usuarios se les expide un recibo inferior al costo real del agua; sin embargo, no hay legislación que sancione los desperdicios o robo del recurso porque ello no está especificado como delito.

El zocavón de la avenida Pedro Loyola, sin sanción para los responsables (Foto: Frontera)

“Aunque hoy en día está en boga el sancionar a quienes extraigan gasolina o pongan ‘diablitos’ en sus casas, no es el mismo con el criterio del agua simplemente porque no hay un legislador que haya tenido la iniciativa de plantear la penalización por el robo de este líquido”.

Así, informó que son casi 70 millones de pesos los que la gente adeuda por consumo. El problema es tal –agregó-, que alrededor de 6 de cada 10 personas no pagan el servicio.

Asimismo dijo que son 400 millones de pesos los que se requieren para reparar tuberías en la ciudad, donde existen zonas con urgentes necesidades de reparación.

Citó el caso de la calle Pedro Loyola, en donde la línea de conducción de aguas negras a la planta de tratamiento El Naranjo reventó tras 25 años sin mantenimiento, provocando un socavón, y las líneas de abasto al centro de la ciudad que tienen entre 40 a 50 años de antigüedad y en cualquier momento pueden generar un problema mayor.

“Y en la calle Blancarte hay dos cuadras donde ya no hay tubo abajo y eso se va a colapsar. En ese lugar no hay opción; se debe instalar la tubería, pero costará un millón de pesos el hacerlo y en estos momento carecemos del recurso económico para emprender esa obra”, concluyó.