Ya es real denuncia de juicio político contra Kiko

La senadora Alejandra León Gastélum, presentó formalmente la denuncia para que se inicie el procedimiento de juicio político a Kiko Vega ante el Congreso de la Unión, en la dirección de Servicios Legales de la cámara.

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En ese sentido, la legisladora comentó que se presentó el recurso debido a los desvíos de recursos, daños sistemáticos a la hacienda pública, afectaciones al funcionamiento de las instituciones, así como por el incumpliendo de pago hacia a los trabajadores de los diversos sectores públicos de la entidad.

Como sustento para el procedimiento de juicio político se basa en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que reporta las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos por parte de Vega y que abarcan los conceptos de: pagos improcedentes, montos por aclarar, recursos no comprometidos, recursos comprometidos y no devengados, falta de ejercicio y aplicación de intereses en cuentas bancarias, recursos no ejercidos de acuerdo a los objetivos establecidos del fondo de acuerdo a la ley de coordinación fiscal.

Asimismo, se detectan recuperaciones probables por inobservaciones de la normativa, recursos no ejercidos pendientes de aclaración, probables daños o prejuicios a la hacienda pública federal, resarcimiento de daños, saldos bancarios de recursos no comprometidos ni devengados, subejercicios, intereses no devengados, falta de documentación comprobatoria del gasto y falta de cobro de penas convencionales, sin mencionar los incumplimientos en materia de transparencia, ascienden a un monto de 2 mil 985.4 millones de pesos.

Además, la senadora recordó que la irresponsabilidad financiera de Kiko, afectó en su pago a los maestros en activo, pensionados y jubilados, al Poder Judicial, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

León Gastélum agregó que “Vega ha puesto en riesgo la sustentabilidad financiera y el derecho humano de los habitantes del estado a tener acceso a un recurso natural tan importante como es el agua. Pues a través de contratos en la modalidad de Asociación Público Privadas, hechos a modo y para amigos de acuerdo a la opinión pública, la cámara de diputados local aprobó las iniciativas de decreto presentadas por el gobernador No. 57 y No. 168 con las que el estado adquirió una deuda de 72 mil 303 millones de pesos, mediante 11 contratos para construir obras de infraestructura entre las que se incluyen las relacionadas con la operación del sistema de agua potable. Lo que prácticamente constituye una privatización disfrazada del vital líquido”.

Ante estas evidencias, la senadora pidió que “se dé por presentada esta denuncia de hechos para someter a juicio político al gobernador constitucional del estado libre y soberano de Baja California; y que se ordenen las diligencias necesarias para iniciar dicho procedimiento”.

Por último, León Gastélum recordó que la constitución política, en su artículo 110, establece que los ejecutivos de las entidades federativas podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Publicado con la autorización de Monitor Económico