Diputados piden auditar al gobierno de Baja California y la renuncia de funcionarios

Luego de que miles de trabajadores del Estado de Baja California no han recibido el pago de su salario en los dos últimos meses y, ante la toma de oficinas estatales y casetas de cobro por parte de los afectados, la Cámara de Diputados aprobó un exhorto que exige la renuncia de funcionarios estatales y la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Jesus Cervantes / Proceso

Además, pide a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que audite los recursos federales destinados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).

Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada federal por Morena, expuso la “crítica” situación que viven maestros jubilados, pensionados y en activo, así como los empleados del Issstecali, del Cecyte y de los órganos autónomos que ya se han sumado al impago de sus salarios, como el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Promotora del punto de acuerdo “de urgente” resolución y el cual recibió el respaldo de todos los partidos políticos, con excepción del PAN, que gobierna la entidad, la diputada Ávila Olmeda demanda en su punto de acuerdo que se exhorte a funcionarios estatales a que renuncien a sus cargos “en virtud de que no han podido resolver la grave situación en la que han sumido a las dependencias de la entidad”.

Los funcionarios a quienes se les pide su renuncia son el secretario de Planeación de Finanzas del gobierno del estado y al director del Issstecali. Además, se pide a la SHCP “coadyuve en la resolución del pago a los docentes del Cecyte, del Poder Judicial, del IEE y del Issstecali a la brevedad”.

Pero van más allá, y así fue aprobado por el pleno de San Lázaro, que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid “haga públicas las retenciones que se les han realizado a los trabajadores del estado, trabajadores del Cecyte, maestros, jubilados y pensionados”, así como que el Issstecali “haga públicos los préstamos y las deudas contraídas con el gobierno del estado, así como las retenciones del gobierno a los trabajadores”.

También exhorta al gobernador a que “gestione con la Federación los recursos necesarios para los pagos de salarios”.

Durante la discusión, PRI, Morena, PES, PT y MC acusaron al gobernador panista de incurrir en actos de corrupción e ineficiencia, y alertaron sobre la “crisis de pagos” que se está viviendo en la entidad.

“Con preocupación vemos como Baja California se ha sumido en una profunda crisis de pagos provocada por la ineficiencia y altísimos niveles de corrupción que se concentran en las oficinas del edificio de gobierno”, dijo desde tribuna el diputado de MC, Jorge García Lara.

Y agregó: “Cómo ignorar el cúmulo de denuncias de corrupción y abuso de poder que hay contra Francisco Vega y su círculo de colaboradores… el extremo de esta desastrosa situación es el impago de la nómina de Cecyte, del Instituto de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia. Desde la primera catorcena de octubre no han recibido el pago de sus salarios ni tienen los suministros para su funcionamiento”.

El impago se extiende, añadió, al Congreso del Estado y otras dependencias “que han tenido retraso en el pago de nómina de sus trabajadores”. Dijo que es importante que se deslinden responsabilidades de autoridades estatales y federales “en caso de que los recursos etiquetados hayan sido desviados para el pago de otros servicios o para el beneficio personal de la clase gobernante”.

El diputado Armando Reyes del PT, acusó al gobierno federal saliente de que, instalado en “su frivolidad” en el manejo del gasto público, “tuvo como resultado que en Baja California los maestros estén saliendo a las calles a exigirle a Francisco Vega los pagos”.

“Esta situación ya hizo crisis, al obligar a los maestros a suspender clases, a tomar oficinas como la de Recaudación de Rentas, de organismos operadores de agua y de las casetas de cobro”, dijo.

Héctor René Cruz, del PES, lo dijo con todas sus letras: “en Baja California nos encontramos en quiebra y el responsable es Francisco Vega, mejor conocido como el Duarte de Baja California”.

“¿Dónde está el pago? Es crítico el escenario… no se vale que, por un lado, el gobernador piense más en sus intereses personales que en el bienestar del estado, o que en Tijuana se triangule dinero a empresas del hijo del alcalde… si el gobernador Kiko Vega no puede gobernar, que por dignidad, renuncie”.

Ulises González Cuevas, diputado del PRI, salió en defensa del gobierno federal saliente y aclaró que la falta de pago no se debe a un retraso de los recursos de la federación, pues, dijo, eso forma parte del presupuesto del estado.

“De la Federación no salen los recursos para el pago de estas instituciones… en todo caso, debemos exigir cuentas al gobernador de Baja California para que aclare por qué el retraso de pago de salarios y dónde están esos recursos”, dijo.

Acusó al gobernador del PAN de un mal manejo de las finanzas que han llevado a un “aumento descontrolado de la deuda”. Por ese mal manejo se está en un déficit financiero. Si no hay para pagar sueldos este año, eso demuestra que el estado está en quiebra”.

EL PAN DEFIENDE A SU GOBERNADOR 

La diputada panista Martha González Estrada dijo que la falta de pagos se debe “al retraso de los recursos por parte de la Federación y no por omisión del gobierno del estado”.

Además, se manifestó en contra de la destitución de funcionarios locales porque dijo, “es violatorio a la soberanía de los estados, hecho que por cierto se ha vuelto constante y recurrente en esta cuarta transformación”.

El morenista Sergio Gutiérrez Luna, fue más allá de un conflicto salarial y dijo que la falta de pago a los órganos electorales es porque se quiere poner en riego la elección del próximo año, cuando se elija a nuevo gobernador, “y donde Morena encabeza las encuestas; eso ha puesto muy nervioso al gobernador al grado de dejar en la incertidumbre el proceso electoral”.

“Esto es surrealista, imagínense, el propio Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral demandaron al gobierno del Estado porque no tienen para pagar sus quincenas”, dijo.

“Es una violación a los artículos 41 y 116 de la Constitución por el manejo unilateral y arbitrario de los recursos presupuestados que generan incertidumbre y falta de planeación y eficiencia”, agregó.

Fuente: Proceso