En 3 años aumentan 17% las cifras de violación a derechos de la mujer en BC; Mexicali sigue sin política pública que las proteja

En lo que va del año se presentaron 432 quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), por presuntas violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas.

4 Vientos

19 de octubre del 2019.- De ese total, el municipio de Tijuana acumuló 246 expedientes y es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la entidad de gobierno que ocupa el deshonroso primer lugar en número de quejas en su contra: 65.

Lo anterior lo informó la Presidente de la CEDHBC, Melba Adriana Olvera Rodríguez, en la Tercera Sesión del Observatorio de los Derechos de las Mujeres y las Niñas que este día se realizó la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, y en donde la comisionada una vez más convocó al ayuntamiento local a crear el Instituto de la Mujer.

Apenas el pasado 5 de septiembre la comisión, con el respaldo de las organizaciones civiles que forman el observatorio, exhortó al Presidente Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, a que realizara todas aquellas medidas y gestiones necesarias para la creación del instituto, dependencia pública que debió nacer en agosto del 2005.

Y hace dos días la diputada Blanca Patricia Ríos López, Presidente de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud, del Congreso de Baja California, pidió a Sánchez Vásquez lo mismo: crear y operar el Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali.

El presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, en su segundo informe de gobierno. Del Instituto de la Mujer, ni una palabra (Cortesía).

Ambas peticiones fueron ignoradas por el mandatario municipal de Mexicali, quien hace un año dijo no contar con recursos para crear el instituto, pero tampoco los integró en el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento para 2018 y tampoco ordenó un estudio para conocer el monto de la inversión pública necesaria para crearlo éste año o el próximo.

Ahora, para justificar su nuevo exhortó al edil, Olvera Rodríguez subrayó que el 20 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, emitió sus observaciones finales sobre el Noveno Informe Periódico de México, en las cuales en su apartado “E” enuncia como áreas de preocupación y recomendaciones la necesidad de fortalecer a los Institutos de la Mujer con recursos humanos, técnicos y financieros.

“Ello para mejorar sus capacidades de promoción y monitoreo de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, así como la armonización legislativa, afianzando su rol dentro del marco regulatorio de la transversalización, reconociendo a estas instancias como un instrumento garante de los derechos de las mujeres a vivir libre de violencia y discriminación, así como al impulse de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, destacó la comisionada.

Por ello, subrayó: “Esperamos que el Ayuntamiento de Mexicali etiquete (este año, para ejercerlos en 2019) los recursos que den vida al Instituto de la Mujer en dicho municipio -el único en Baja California que no lo ha creado-, ya que contribuirá de manera positiva para la construcción de una cultura de respeto de la dignidad y los derechos de las niñas y mujeres”.

En la tercera reunión del observatorio, en Mexicali (Cortesía)

Impresionante aumento de casos en tres años

El tema no es menor si se toma en cuenta que, en lo que va del año, Mexicali, de acuerdo con cifras de la CEDHBC, ocupa el segundo lugar estatal en número de quejas presentadas por mujeres ante la comisión con un total, hasta este día, de 81. Le siguen Ensenada con 80, Tecate con 13 y Playas de Rosarito con 12. Tijuana, el primer lugar en el estado, acumula el sorprendente número de 502 quejas.

Además de la PGJE, primer lugar en quejas hechas por mujeres, la comisión identifica como principales autoridades señaladas en violar de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres a la Oficialía del Registro Civil en Tijuana, con 55 Quejas; al Sistema Educativo Estatal con 51, y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana con 39 quejas.

Otras dependencias acusadas son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con seis quejas; la Secretaría de Salud del Estado con tres, y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali con dos quejas.

De igual manera, Olvera Rodríguez indicó que de las 432 quejas presentadas en lo que va del año, 37 están relacionadas con violencia hacia las mujeres en diversas formas, como las de sufrir agresión desproporcionada durante una detención, padecer acciones y omisiones que trasgreden sus derechos jurídicos, laborales, familiares y de otro tipo; soportar trato cruel, inhumano o degradante; y excluir el ofrecimiento del servicio prenatal, parto y postparto.

Las jornaleras agrícolas de San Quintín, de las principales víctimas del sistema gubernamental de abusos a mujeres de Baja California (Internet)

En 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cerró con 688 quejas interpuestas por presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, lo que de acuerdo con Olvera equivalió a casi el 27% del universo de las denuncias que hicieron mujeres de entre los 15 y 49 años de edad, quiénes en su mayoría suelen ser víctimas de violencia a manos de sus parejas sentimentales.

Al recordar esa cifra, la comisionada citó que al llegar al cargo –en mayo del 2015-, el porcentaje de ese tipo de quejas oscilaba entre el 10 y el 11%, por lo que su trabajo ahora lo centra en el seguimiento del tema que apenas en junio pasado el responsable del programa estatal de Violencia Intrafamiliar y de Género en Baja California, Carlos Valenzuela Gómez, lo expuso así: siete de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia en su casa, en la calle o centro de trabajo.

Finalmente, la titular de la defensoría estatal informó que la próxima reunión del Observatorio se realizará en Tecate y que sus trabajos se concentrarán en analizar cuatro derechos humanos emanados de las propuestas para este año: los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho al trabajo, a la protección de la salud y a la igualdad.

“Estos derechos tendrán sus propios indicadores y se abordarán desde la interseccionalidad, con énfasis en los grupos de mujeres que viven doble o triple condición de vulnerabilidad como lo son las mujeres en contexto de migración, las mujeres con discapacidad, las mujeres adultas mayores y de comunidades indígenas, entre otras”.