¡Al fin! Con casi 18 meses de atraso, el congreso aprueba la Ley de Víctimas de BC

El Pleno de la Vigésima Segunda Legislatura local aprobó este día por unanimidad el dictamen número 45 proveniente de la Comisión de Justicia, el cual contiene la iniciativa que crea la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California (Lvebc), misma que tiene por objeto reconocer, garantizar y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, en especial los de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación y debida diligencia.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Congreso de BC

Mexicali, B. C., jueves 27 de septiembre del 2018.- Asimismo, la norma garantiza todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano, la Ley General de Víctimas, la Constitución de Baja California y en los demás ordenamientos jurídicos que reconozcan derechos humanos.

En su apartado de artículos transitorios, la ley determina que corresponderá al gobernador de Baja California, en un plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación y previa consulta pública a víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitir la propuesta de nombramiento al congreso local para que éste, en un plazo de 90 días, proceda a su nombramiento.

Al respecto, cabe recordar que el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, que a nivel nacional integran más de 110 organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas del país interesadas en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas, y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a víctimas, entregó  A los 4 Vientos -el pasado domingo 23 de septiembre- un comunicado en el que propone que la terna o candidaturas a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sea propuesta directamente por los colectivos civiles y por las organizaciones ciudadanas de derechos humanos, y no por el Ejecutivo Estatal.

Familiares de personas desaparecidas (Síntesis TV).

Asimismo, que la nueva ley quedara aprobada esta misma semana, que su publicación en el Periódico Oficial del Estado fuera «rápida», y que a la brevedad posible se emitiera la convocatoria para la designación de la persona titular de la comisión y así «evitar que se omita la integración del organismo y del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación correspondientes».

Otros organismos de la sociedad civil -la Asociación Unidos por Nuestros Desaparecidos en Baja California (UNDBC), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)- y académicos, presentaron hace 32 meses al Congreso de Baja California, una Iniciativa Ciudadana de Ley Estatal de Víctimas que se sumó a dos iniciativas más presentadas en la pasada legislatura por el PRI y el PANAL, y una más del Ejecutivo Estatal.

Se concretó entonces una sola iniciativa consensada, a raíz de diversas reuniones realizadas con la participación de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos de la actual legislatura, del gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales y especialistas, pero este día la oficina de Comunicación Social del poder legislativo acreditó la autoría de la ley exclusivamente a Victoria Bentley Duarte y a María Trinidad Vaca Chacón, del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político mayoritario en el congreso.

Aún así, lo que se aprobó este día tiene un retraso de casi 18 meses. De acuerdo con Raúl Ramírez Baena, Director de la CCDH y ex Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, la reforma a la Ley General de Víctimas del 3 de enero de 2017, entrada en vigor el 10 de enero del mismo año, dispone en su artículo Transitorio Décimo que “Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas”.

Por ello, agregó el derechohumanista, Baja California -al igual que todos los estados de la República- debía reformar su Constitución y sus Códigos, y aprobar su propia Ley de Víctimas con presupuesto incluido para la operación de la Comisión de Víctimas y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral locales. Esto no sucedió así. De hecho, Baja California fue el estado número 31 en aprobar su legislación; es decir, estaba en penúltimo lugar en cumplimiento.

Raúl Ramírez Baena (Archivo)

Aún más, Ramírez Baena contó que desde el año pasado, el Gobierno de Baja California y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ante el retraso en la creación y aprobación de la ley, establecieron las bases para suscribir un Convenio a fin de acceder a los recursos federales del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que administra la CEAV, en calidad de préstamo, en tanto se integrara la Comisión de Victimas y el Fondo correspondientes al estado, o ser reintegrado posteriormente con las participaciones federales. Pero tampoco eso sucedió.

«Esta situación se alargó de manera innecesaria e injusta para las víctimas directas e indirectas (familiares en línea directa) de delitos y de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades locales, estatales y municipales de Baja California, cuya Reparación Integral del Daño debió ir por cuenta de la instancia estatal que debió ya haber sido creada exprofeso», escribió el ex procurador hace un mes en A los 4 Vientos.

Ahora, la legislación aprobada dispone que las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

1.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, y a su reparación; así como ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada y efectiva por el daño o menoscabo sufridos como consecuencia de violaciones a sus derechos humanos.

2.- A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos.

Facebook

3.- A que se brinde protección y se salvaguarde la vida e integridad corporal, en tratándose de la comisión de delitos en materia de delincuencia organizada.

4.- A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta ley.

Aparte, el nuevo orden jurídico crea un Sistema Estatal de Atención a Víctimas, un Registro Estatal de Víctimas, un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas.

La legislación también obliga a las autoridades estatales y municipales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones, a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación. Esto último comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

La ley está conformada por 11 apartados denominados “Títulos”, divididos en capítulos y secciones que integran en su conjunto 177 artículos y 14 disposiciones transitorias.

Facebook

Dentro de sus artículos transitorios, el cuarto establece que “en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos deberán emitir o adecuar las disposiciones reglamentarias necesarias para que en el ámbito de sus competencias se hagan efectivas las disposiciones de esta Ley”.

El artículo sexto dispone que “la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás dependencias o entidades del Ejecutivo del Estado, que ejercen funciones encomendadas de la Ley que se abroga, deberán transferir los recursos humanos, materiales y financieros a la Comisión Ejecutiva Estatal para el inicio de sus operaciones”.

Finalmente, el transitorio décimo menciona que, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el titular del Poder Ejecutivo estatal, previa consulta pública a víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Congreso del Estado la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo Estatal, el que una vez recibida la propuesta, contará con un plazo de 90 días para que proceda a su nombramiento.