Cadáveres sin identificar: vía crucis en Baja California y su obsoleto Servicio Médico Forense

Con casi dos mil 300 asesinatos cometidos hasta el mes de agosto pasado- dos mil 55 de ellos dolosos-, y con la fama de tener la quinta ciudad más peligrosa del mundo en materia de asesinatos (Tjuana), Baja California se ha puesto en la mira de los medios de comunicación respecto al manejo que sus autoridades de seguridad pública y ministros judiciales hacen de los cientos de cadáveres no identificados que llegan a su Servicio Médico Forense, y de su disposición final en fosas comunes y cuartos refrigerados.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 25 de septiembre del 2018.- Por ejemplo, para un medio de circulación nacional, hasta el momento son 12 tractocamiones refrigerados los que rondan con cadáveres en su interior por al menos seis ciudades del país.

Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Xalapa, Alvarado y, sí, Tijuana han recurrido a la adquisición de tráileres especiales para almacenar cuerpos sin identificar que ya no caben en las instalaciones de los SEMEFO locales.

De acuerdo con el diario Milenio, la mayor cantidad de las cámaras frigoríficas ambulantes se concentra en el estado de Guerrero, donde ciudades como Acapulco, Iguala y Chilpancingo ha recurrido a esta práctica ante el aumento de la violencia.

Para el caso de Tijuana, en Baja California, la compra del mecanismo se tomó como previsión del aumento de la violencia.

De acuerdo con el diario capitalino, el nuevo contenedor móvil refrigerado tiene una capacidad para almacenar hasta 50 cadáveres, según declaración que hizo al medio de comunicación el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales.

Pero menos de 15 días antes, en otra confesión hecha al diario El Sol de México, de la Organización Editorial Mexicana (OEM), el magistrado explicó que antes de rentar cajas refrigeradas de los tráileres para reguardar los cadáveres no reclamados, el poder judicial de Baja California decidió tomar dos acciones conjuntas:

1.- Reubicar las instalaciones del SEMEFO en Tijuana; 2.- construir un nuevo cuarto frío para 130 cuerpos, infraestructura que se edificará en el nuevo predio del servicio forense. Ambas medidas no tienen una fecha precisa de ejecución.

“De momento estamos con números estables (de cuerpos sin reclamar en las morgues), pero sí debemos de buscar tener otro refrigerador para el próximo año que permita no tener una crisis” como la ocurrida días atrás en Guadalajara, Jalisco, manifestó el juez.

Esta versión contrasta con los datos que el Servicio Médico Forense en Baja California dio a conocer en febrero de este año: en 2017, mil 126 cuerpos fueron enviados a la fosa común al no ser identificados o reclamados.

Se trató de la cifra más alta entre los estados fronterizos, incluso en las entidades con altas tasas de violencia del país.

Por ejemplo, en 13 años de asesinatos en Veracruz, hasta el 2017 sólo 521 cuerpos terminaron en la fosa común. En Chihuahua, entre los años 2011 a 2014 se reportaron 685 cadáveres enterrados en fosa común, y en Nuevo León, de 2010 hasta agosto de 2017 se enviaron a ese fin un total de mil 428 cuerpos.

Foto: Christian Serna / Cuartoscuro

EL TRÁMITE DEL MIEDO

En Baja California, de acuerdo con datos del SEMEFO y el poder judicial del estado, hasta enero de este año se daba un plazo de 10 a 15 días para la identificación de cadáveres por parte de las familias antes de enviarlos a la fosa común. El vencimiento para el trámite aumentaba por varias semanas y hasta meses cuando se trataba de muertes violentas.

La gestión para iniciar el envió de cuerpos a la fosa común -dos por cada tumba- iniciaba luego de 15 días de haberse tomado registro del cadáver.

El protocolo indica que el SEMEFO debía dar aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la oficina de Regulación Sanitaria, al gobierno municipal que corresponda y a la oficina local del Registro Civil, a fin de que se asigne un lugar al cuerpo; sin embargo, una legislación estatal aprobada recientemente por la actual legislatura de Baja California, acelera este procedimiento.

La impulsó el diputado Miguel Antonio Osuna Millán y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 4de febrero. Establece un periodo de cinco días para liberar el cuerpo y proceder a la inhumación en la fosa común.

Se trata de una reforma al Artículo 116 de la Ley de Salud, para que, en el caso de cuerpos no reclamados, se acelere el proceso no sin antes elaborar la ficha de identificación, en casos de una posterior identificación y reclamación por familiares.

Esta modificación a la ley establece que los cuerpos se deben sepultar en bolsas herméticas especiales que permitan conservar los restos con la mayor integridad, para el caso de que posteriormente sean reclamados por algún familiar.

En Culiacán, Sinaloa, como sucedía comúnmente en Baja California hasta febrero de este año -se supone-, es costumbre meter los cadáveres en bolsas normales de plástico (Foto: Diario Noroeste).

NEGLIGENCIA Y CRIMEN

No existe certeza oficial de que este protocolo se cumpla en la actualidad, pero directivos de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California han manifestado A los 4 Vientos que, por años, el gobierno estatal ha evadido su responsabilidad de crear las condiciones legales, profesionales y humanas para atender el tema de los cuerpos no identificados en el estado.

Esto, dijeron, porque las autoridades ministeriales y de Seguridad Pública no cuentan con un padrón confiable de personas asesinadas y/o desaparecidas, así como un banco genético que ayude a identificar científicamente los cadáveres localizados en fosas clandestinas o depositados en fosas comunes o las morgues del SEMEFO.

Esta situación se agrava por el aumento desmesurado de asesinatos dolosos y culposos en la entidad, que la ubican en el segundo lugar nacional en número de asesinatos intencionales -sólo atrás de Colima-, en tanto que Tijuana ocupa el cuarto lugar entre las ciudades más violentas del mundo, con una brutal tasa de 101.36 muertes dolosas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con estadísticas de la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Ahora, en el cierre del periodo enero-agosto del presente año, la Secretaría de Seguridad Pública reportó un total de 2055 muertes dolosas en Baja California, para un promedio mensual de 257 asesinatos. Esto a su vez arroja una media de nueve homicidios intencionales diarios en la entidad.

A ello se deben sumar 242 homicidios culposos (negligente o involuntario) para un promedio mensual de 30 casos, que a su vez dan la media de un asesinato de este tipo al día.

Tan solo Tijuana reportó mil 664 asesinatos premeditados –una de las tres cifras más altas en México para este tipo de delito de alto impacto-, para un promedio mensual de 208, o siete al día.

Ensenada, segundo lugar en la estadística de homicidios dolosos en Baja California, reportó 156, es decir 33 más que en el periodo enero-agosto 2017, para un aumento del 27%, lo que arroja un promedio mensual de 20 asesinatos con la media de un ejecutado cada 50 horas. Su tasa de homicidios también se disparó y ya es una de las mas altas del país: 30 por cada 100 mil habitantes; es decir cinco más que el promedio nacional en 2017.

Además, destaca que, en el mismo periodo de ocho meses, Ensenada reportó 74 homicidios culposos de los 242 inscritos en las agencias del Ministerio Público del estado; es decir, aportó el 30.5% del total de casos, una cifra que toma relevancia si se contrasta con la estadística en Tijuana: 87 víctimas en ocho meses.

El Velatorio DIF (izquierda) y la obsoleta instalación del SEMEFO en Ensenada (Archivo)

LA INFAMIA EN ENSENADA

Los números de Ensenada en materia de homicidios (230 en total hasta el pasado 31 de agosto) cobran mayor relevancia si se recuerda que en una visita hecha en septiembre del 2015 por personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) a las instalaciones de los Velatorios del Sistema para el Desarrollo de la Familia (DIF), institución encargada de la conservación de los cadáveres tratados en el SEMEFO local, se reportaron graves anomalías.

“Se observó que (el Velatorio DIF de Ensenada) no cuenta con la infraestructura adecuada, ya que el refrigerador sólo cuenta con capacidad para ocho cadáveres y al momento de la inspección había 16 cuerpos encimados uno sobre otro, lo cual resulta preocupante que dicha institución no cuenta con las condiciones mínimas para realizar su trabajo, por lo tanto, no puedan brindar un servicio apropiado y oportuno a la ciudadanía”, manifestó entonces la comisión en una Recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Tribunal Superior de Justicia estatal y el propio DIF.

Por si ello fuera poco, ese mismo mes y año visitadores de la comisión se presentaron en las instalaciones del SEMEFO en Ensenada con el fin de verificar el procedimiento que personal de la institución realiza al tener conocimiento de que un cuerpo se encuentra en los refrigeradores de los Velatorios DIF, instalados a un lado del servicio forense.

“En el recorrido –reportó la institución derechohumanista- se observó que el técnico en necropsias recoge las papeletas de los datos de los cadáveres que se han recibido. Dichas papeletas son hojas en blanco sin número de folio ni estructura con datos que el Ministerio Público asienta de su puño y letra, como es nombre, fecha de nacimiento, hora y lugar de levantamiento de cadáver”.

Y agregó en su reporte: “Se ingresó al cuarto de necropsias en donde se encontraban dos cuerpos en espera de que se les realizara la necropsia correspondiente después de terminar la necropsia. El cuerpo se regresa al cuarto frío de Velatorios DIF sin que quede registro alguno.”

Por éstas y otras graves anomalías que encontró en su investigación, la Comisión Estatal de Derechos humanos concluyó:

“Se evidenció una falta de coordinación y de observancia adecuada de protocolos de actuación por parte de los servidores públicos de la PGJE, SEMEFO y Velatorios DIF, al no haber garantizado la aplicación de un procedimiento de cadena de custodia, así como registro de ingresos y egresos de los cuerpos depositados dentro de los refrigeradores del velatorio e indicar a disposición de qué autoridad se encontraban; quedando claro la inadecuada prestación del servicio que brindó cada una de las instituciones que intervinieron con el manejo de cuerpos”.

Finalmente, el 7 de diciembre del 2015, la licenciada Melba Adriana Olvera Rodríguez, comisionada de los Derechos Humanos, recomendó a la licenciada Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia del Estado; al licenciado Jorge Armando Vásquez, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo estatal de la Judicatura: y al contador público Magdaleno Chávez Lara, Director general del Sistema DIF de Baja California:

“Giren sus instrucciones, en el ámbito de sus competencias, a efecto de que se otorguen los recursos necesarios para que se cuente con una infraestructura de refrigeradores y personal suficiente para atender eficientemente el servicio brindado, llevando el registro individual de los cadáveres depositados en cada uno de los refrigeradores”.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de BC, Salvador Ortíz, como dice una, dice otra (Foto: Periodismo Negro).

VIL DEMAGOGIA

Los tres servidores públicos aceptaron la Recomendación -número 24/2015 de la CEDHBC-, pero no fue sino hasta el 14 de enero de 2018 cuando se tuvo una noticia oficial de sus compromisos en el tema de los cadáveres bajo resguardo del SEMEFO y el DIF no solo en Ensenada, sino en el resto de la entidad.

Salvador Juan Ortiz Morales, ya Presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó que a finales de ese mes las instalaciones del SEMEFO en Tijuana contaría con una capacidad de albergar 50 cadáveres más, “lo cual se sumará a las adecuaciones urgentes que se hicieron en el inmueble para evitar que continúen los olores afectando a las personas que habitan en las inmediaciones” del servicio.

El ministro se refería precisamente a la inversión que ayer recicló como primicia informativa al periódico Milenio, pero ahora el proyecto lo aumentó a 130 cuerpos de capacidad de refrigeración y a la reubicación del servicio forense por –ahora se sabe- las molestias de contaminación del aire que provoca su actual ubicación.

Y en sus declaraciones de enero reveló además dos temas relevantes:

1.- Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) recomendó al SEMEFO de Tijuana que utilizara bolsas especiales para cadáveres –las mismas que el diputado Osuna Millán impuso ahora como obligatorias en su reforma a la Ley estatal de Salud-, así como un manejo profesional de conservación de cadáveres.

2.- Que el Tribunal ahora sí revisará la posibilidad de construir instalaciones del SEMEFO en Playas de Rosarito, Tecate y el valle de San Quintín con una inversión de hasta 15 millones de pesos que no se previeron para este año, pero que el congreso podría dotar vía ampliaciones presupuestales que hasta hoy el poder legislativo local no aprueba.

De las observaciones hechas por Derechos Humanos en 2015 para Ensenada, ni se acordó.