Continúan las arbitrariedades contra estudiantes de Educación Básica de BC. Ahora en Mexicali

La sistemática violación a derechos humanos fundamentales de los estudiantes de educación básica en Baja California continúa siendo moneda de cambio pese a las continuas recomendaciones que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite año con año para que directivos, maestros, inspectores y funcionarios del sistema educativo dejen de practicar actitudes arbitrarias en contra del alumnado y los padres de familia.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ahora es Rafael Ocaño Romero, director de la Escuela Primaria Héctor Terán Terán, de la ciudad de Mexicali, quien es acusado de reducir unilateralmente, sin estudios profesionales de apoyo y con base a supuestos problemas de conducta del menor José Antonio Caldera Jiménez, de 6 años, dos horas del horario normal de clases del alumno.

Los padres del menor, una enfermera y un artista, recurrieron a psicólogos y especialistas en enfermedades mentales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para demostrar de manera profesional que su hijo es “normal” y pedir a Ocaño el regreso de su hijo al horario normal y sin represalias y abusos docentes.

El director no cede. Primero, no reportó el caso a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), y después impidió a la psicóloga Yesenia Jazmín Pérez, del Centro de Atención y Orientación Familiar (CENEFAM), A.C., ingresar al plantel para terminar de crear el perfil del caso en donde ella comprobó que el niño no tiene conductas violentas o antisociales, o “es un peligro para sus compañeros” como refirió Roberto Pérez de Gante, secretario del Juzgado Segundo de Distrito (Mexicali) en donde los padres de José Antonio interpusieron –en febrero pasado- un juicio de amparo.

En el colmo de la complicidad y el encubrimiento de estas actitudes, el profesor José Guadalupe Rodríguez García, jefe del Departamento de Educación Primaria del Sistema Educativo Estatal, se ha negado hasta hoy a contestar un escrito donde los padres del niño le solicitan –el 8 de mayo- que conozca el problema e intervenga con imparcialidad y profesionalismo para resolverlo a la brevedad.

El licenciado Víctor Hugo Medina Basulto, Presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en Pro de la Excelencia Jurídica y representante legal de la familia afectada, tras hacer la pasada relatoría del caso, manifestó que todas las autoridades que se coluden para violar diversas garantías jurídicas y derechos humanos del niño, “le quitan además la oportunidad de continuar con su educación de manera normal como cualquier niño de su edad de seis años, y afectan su futuro (como) ciudadano”.

El secretario de Educación en BC. Su sector, reprobado en respeto a los Derechos Humanos (Foto: Síntesis TV)

Por ello, dijo, sus clientes piden al secretario de Educación y Bienestar Social de Baja California, Miguel Ángel Mendoza González, que “ordene la solución (del asunto) y no se continúe afectando al menor”.

También que ante la actitud del licenciado Roberto Pérez de hacer una valoración subjetiva de la “peligrosidad del menor basado únicamente en las múltiples mentiras del director de la escuela respecto a la ‘violencia’ de José Antonio”, el 18 de mayo presentó una queja en el Consejo de la Judicatura Federal para que aplicara una sanción al funcionario del tribunal por asumir responsabilidades que no le corresponden, petición que se resolvió a favor del abogado solicitante y abre la posibilidad de que el juicio de amparo continúe sin prejuicios y apegado a la ley.

El litigante adelantó que el colegio de abogados que él preside, en breve presentará un posicionamiento con una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que atienda de manera urgente éste y otros casos en donde los derechos de los niños y adolescentes estudiantes son violados por maestros, directores, inspectores y funcionarios del sistema educativo del estado.

Al respecto, A los 4 Vientos verificó que las autoridades del Sistema Educativo de Baja California no han hecho la corrección profunda a las conductas violatorias de derechos humanos que cotidianamente cometen algunos integrantes del sector en menoscabo de cientos de estudiantes.

Este pese a que en los últimos tres años el sector se ha colocado dentro de los tres primeros lugares entre las instancias de gobierno que más violaron los derechos humanos de los bajacalifornianos, sumando decenas de denuncias y quejas ciudadanas, así como al menos 10 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Así, en 2016 el sistema educativo recibió cuatro recomendaciones de la comisionada derechohumanista del estado, Melba Adriana Olvera Rodríguez, empatando el primer lugar de autoridades más abusivas en ese año, junto con las instancias encargadas de la Seguridad Pública.

Melba Olvera, comisionada de los derechos humanos en Baja California. Con el sistema educativo, el cuento de nunca acabar (Foto: Síntesis TV).

Un año después (2017), el sistema educativo sumó cinco recomendaciones más por violar derechos elementales de los alumnos.

Además, en el año 2015 se presentaron 147 quejas contra funcionarios del sistema, más de 150 en 2016 y hasta septiembre del 2017 se reportaron 115 quejas. Todas ellas refieren presuntas violaciones a los derechos de los estudiantes a la Educación, a la Igualdad y al Trato Digno.

Los principales hechos que se denunciaron fueron el indebido servicio de educación, acciones y omisiones contrarias al derecho a la educación, y acciones u omisiones que transgreden los derechos de los menores de edad.

Por ello, la comisión ha dicho en sus Recomendaciones al Sistema Educativo de Baja California:

“La CEDHBC hace énfasis en que la niñez reciba una formación, instrucción, dirección y enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades, así mismo que disponga de oportunidades que le permita desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, en condiciones de libertad y dignidad, atendiendo siempre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.”

Algo que sin duda se debe aplicar en el caso del menor José Antonio Caldera Jiménez