Conagua: «El agua no se privatiza». Activistas: Los decretos de EPN, «vil despojo»

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló este día en un comunicado que los 10 Decretos de Reserva de Agua que el Presidente Enrique Peña Nieto publicó el pasado 6 de junio, no privatizan el agua, garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente. Esto en respuesta a la versión de la Coalición Agua para Todos que ayer, en un artículo del periodista Rubén Martín (fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales), afirmó que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”. A los 4 Vientos presenta los dos posicionamientos:

Peña Nieto el 6 de junio, en la firma de los cuestionados decretos del agua (Foto: Presidencia)

Decretos de reserva de agua no privatizan el agua

CONAGUA

Ciudad de México, 18 de junio de 2018.- Los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.

Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos.

Asimismo, se prevé que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, ya que versa sobre el agua disponible.

No se omite señalar, que este tipo de medidas de cuidado del agua, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el vital líquido. Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo.

En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

Foto: Desinformémenos.

En medio de campañas, privatizan el agua

Rubén Martín

En un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, la Coalición Agua para Todos encontró que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.

Los decretos del ejecutivo federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.

Los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.

Pero además, la coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.

No hay que ser un genio para prever hacia donde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios.

Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.

Visto en conjunto, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país, significan la “joya de la corona” de las reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios de sus recursos.