Respuesta de Mexicali Resiste al Consejo Coordinador Empresarial

A la ciudadanía de Baja California, de México y del mundo, A lxs observadorxs de Derechos Humanos de México y del mundo, A los medios de comunicación nacionales e internacionales, A los gerentes que exigen represión y criminalizar la protesta social, A los pequeños empresarios solidarios con el movimiento

Comunicación Social Mexicali Resiste

No hace mucho tiempo, la tierra y el agua de este valle le pertenecían a una empresa extranjera. El gobernador y sus allegados, incluidos coroneles y capitanes, habían decidido que mientras en Los Ángeles, California, los siguieran tratando bien, nadie se opondría a los deseos ajenos de explotación; hasta llegaron al colmo de sentir orgullo cuando alguien decía que aquel valle era el rancho algodonero más grande del mundo, como si ellos mismos fueran los dueños y no los mayordomos de las fincas donde explotaban a sus hermanos.

Habían decidido que ni la pobreza ni el hambre ni lo imposible que era conseguir un pedazo de tierra para un campesino movería sus pensamientos. Pero llegó el día en que un grupo de hombres y mujeres sin nada que perder y todo por ganar dijo “¡Ya basta!” y se enfrentó a los gendarmes, a los caciques, a los coroneles y capitanes, a los gobernadores y sus allegados, hasta expulsar a la empresa extranjera. Aquella madrugada de 1937 fueron 46 hombres y mujeres los que partieron desde una casita de adobe y tule en el Michoacán de Ocampo para empezar lo que pasaría a la historia nacional como el Asalto a las Tierras. Y es por la memoria de aquellos 46 hombres y mujeres que estamos aquí.

“Como no sabía que era imposible, fue y lo hizo.”

El pasado jueves 24 de mayo, el organismo cupular del poder económico en Baja California, autodenominado imprecisamente Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sin incluir las firmas de Tijuana ni Ensenada, publicó un desplegado a toda plana en el diario La Voz de la Frontera, externando su “TOTAL INCONFORMIDAD” (mayúsculas en el original) “a los tres poderes del estado y a sus tres órdenes de gobierno” contra todos aquellos que de manera “violenta” e “insensata”, “vulneren” el Estado de Derecho en Baja California; refiriéndose específica y únicamente al colectivo Mexicali Resiste, obviando su falta de información, atención y/o interés sobre la diversidad de grupos, organizaciones y colectivos afines a este movimiento social, así como el vasto alcance que registra el descontento ciudadano en todo el estado y la región —no solo en nuestro desierto.

Escudándose tras una ambigua petición a los tres niveles de gobierno por “ACCIONES INMEDIATAS” (mayúsculas en el original), entendemos que lo que en realidad solicita este grupo gerencial con marcados intereses políticos y económicos, representado por Kurt Honold Morales, Federico Díaz Gallegos, Rafael Crosthwaite Reyes y Teresa Ruiz Mendoza, es desterrar un siglo de historia mexicana y bajacaliforniana al olvido, buscando hacer valer la depravada frase dictatorial: “mátalos en caliente”. Pero, como siempre lo han hecho, para beneficio de pocos y desgracia de muchos, han tirado la piedra y escondido la mano inmediatamente.

Desde las jornadas y manifestaciones de enero de 2017, a todas luces populares y contrarias a las políticas privatizadoras de los gobiernos panistas y priístas de Francisco Vega de Lamadrid y Enrique Peña Nieto, respectivamente, tanto Coparmex como Concamin, Canacintra, Canaco, CCE y otros grupos similares han presionado a los diversos poderes gubernamentales y a la ciudadanía con un sinfín de calumnias, estrategias de pánico y odio social dirigido a quienes usan su voz para la protesta; así como publicado cientos de comunicados y columnas de opinión en canales privados y plataformas para que, siempre a su modo, “se haga valer la ley.” En otras palabras, lo que piden es que el Estado sofoque y debilite a la protesta social a toda costa, privilegiando incluso el uso de la fuerza pública —que debería estar haciendo otras cosas— por encima del diálogo y contra cualquier persona, colectivo o voluntades que se opongan a sus intereses.

Ulises Mendez, director de seguridad pública de Mexicali. Foto: MF Noticias.

Basta citar la “Recomendación 13/2017” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), donde casi un año después de los hechos, en enero de 2018, se detallan los abusos de autoridad ocurridos el 13 de febrero de 2017, cuando ciudadanos inconformes fueron reprimidos e “ilegalmente detenidos” en la Casa Municipal, administrada por Gustavo Sánchez Vázquez.

En dicho documento se exponen “las evidentes violaciones a los derechos humanos” que señalan como responsable al actual Director de Seguridad Pública de Mexicali, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, junto a otros 14 cargos menores, incluyendo al Comandante de Zona Central de la DSPM, Carlos Lozoya Pérez, y al Coordinador Jurídico de la DSPM, Nicolás Quintero Rusell. Vaya clase “emprendedora”, “pacífica” y “propositiva”, que salta si hay dinero de por medio pero que no levanta un dedo para señalar violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos indignados. Violaciones que, hasta la fecha, no han llevado a ninguna autoridad a un tribunal, siquiera para vincular a proceso. Mientras tanto, los que se dicen honrados aplauden los actos violatorios y designan con lengua de serpiente a Mexicali Resiste como un grupo “político disfrazado de ciudadano” que actúa “al margen de la ley”.

Es por esto que a las cúpulas gerenciales se les ve gritando en los diarios y en sus conferencias de prensa, exigiendo una represión selectiva y opuesta a cualquier tipo de participación democrática a un gobierno que no ha sabido ser más que un títere del dinero transnacional. Así es como reprueban con el mismo cinismo los avances ciudadanos conseguidos por las diversas resistencias del estado y del país, desenmascarando el mezquino pacto entre los representantes nacionales que disfrutan de vender la Patria y los empresarios extranjeros que solo piensan en comprarla.

La CCE, de tal manera, exige en su desplegado la ‘irrestricta aplicación del Estado de Derecho” y reafirma que si alguien es culpable de algún delito debe ser sancionado conforme a la Ley. Entonces nosotros les preguntamos: ¿Cuántas de sus empresas están en la lista de los 300 especuladores que adeudan al municipio de Mexicali más de $1,300 millones de pesos de impuesto predial? ¿Acaso no es eso una desestabilización social a través de una violencia económica, además de una evasión fiscal? ¿No es esto un delito? ¿No son actos vandálicos la contaminación industrial del medio ambiente por empresas como Zahori, SuKarne, Sempra Energy e Intergen, éstas últimas de capital extranjero, o Siderúrgica de California?

Gustavo Sanchez, alcalde fantasma de Mexicali. Foto: Semanario Zeta

¿No es criminal exponer a trabajadores al manejo de materiales tóxicos y radiactivos sin que patrón ni gobierno se interesen por su salud e integridad, más allá del dinero que puedan generar para seguir explotando a quien se deje explotar? ¿No es esto un delito de lo más inhumano? ¿Sabemos de alguna empresa que haya sido sancionada por este tipo de actos? ¿Sabemos de algún empresario que esté preso por algo similar? ¿Cuántas veces ha salido a relucir la nobleza de estos grupos empresariales en defensa de los trabajadores para denunciar estos ilícitos?

Desde nuestro espacio, entonces, como ciudadanos mexicalenses preocupados por nuestra comunidad, volvemos a repetir que Mexicali Resiste no está pidiendo nada más de lo que ya habían ganado nuestros abuelos y tatarabuelos hace más de 100 años, durante la Revolución de 1910, y que dejaron escrito en la Constitución de 1917; por lo que tampoco vamos a aceptar nada menos. Porque no somos nosotras ni nosotros quienes buscan agredir a nuestrxs prójimos, sino que son los mismos grupos de poder asociados a partidos políticos que buscan crear confusión para dividir y para no perder sus privilegios, pero también para que sigamos creyendo que su riqueza es necesaria para vivir en paz —ellos, los que controlan la violencia.

Por estas y otras razones, Mexicali Resiste sigue fijo en su lucha por la defensa del derecho humano al agua, que es de todos y de todas; por la defensa de nuestros recursos naturales, que es la defensa de nuestro territorio; contra la privatización y el endeudamiento criminal de las Asociaciones Público Privadas (APP); y, en general, contra todo acto del poder público que no busque mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para tener una vida digna; así como por los marginados del progreso y las excluidas del bienestar común. Todo a pesar de la represión y el riesgo de encarcelamiento que sistemáticamente vienen haciendo nuestros pésimos gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y su mano golpeadora, Francisco Rueda Gómez, Gustavo Sánchez Vázquez y Enrique Peña Nieto.

A los Tres Poderes del Estado solamente podemos recordarles los principios constitucionales de autonomía y división de poderes señalados en los artículos 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Federal, así como los tres mandatos prohibitivos apuntados asimismo en el 116: a) la no intromisión, b) la no dependencia y c) la no subordinación de cualquiera de los poderes respecto de los otros.

Como lo hemos venido diciendo en nuestro andar, nuestra lucha es por la vida.

Desde el desierto más al norte del Sur

Mexicali Resiste