Acusar a Nestora Salgado es incurrir en el delito de daño moral (+VIDEO)

El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria se origina en 1995 en respuesta a la inseguridad que estaba viviendo la región, resultado de la negligencia del Estado, del olvido, la marginación y la pobreza en el que se encontraba y se encuentra la zona de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Así comienza la Policía Comunitaria de Guerrero a la que pertenece Nestora Salgado.

Claudia Mendoza Antunez* /A los 4 Vientos

En un inicio mayoritariamente indígena, posteriormente interétnica, intercomunitaria e intermunicipal, esta organización, desde la lógica de las comunidades indígenas, recupera, reconstruye y crea sus instituciones comunitarias, primero dándose seguridad así mismas, vigilando caminos y deteniendo infractores que presentaba ante el MP, pero al ver que la corrupción y un mal trabajo de las autoridades impide que estas personas sean juzgadas, en 1998 deciden administrar justicia.

Así se crea la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) que opera en cada comunidad que forma parte del sistema, tiene policías comunitarias, comandantes primeros y segundos, y comisarios, y a nivel regional de todas las comunidades se elige a los coordinadores que estarán en las Casas de Justicia y que fungirán como un segundo nivel en caso de infracciones graves o de problemas para resolver conflictos a nivel comunitario.

Estos administradores de justicia velan por el cumplimiento del Reglamento interno, pero también cuando toman protesta lo hacen según la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente los relativos a los derechos de los niños y de las mujeres. Todas las personas que participan, en principio lo hacen bajo el sistema de cargos, es una obligación ante su comunidad. Algunos municipios aportan dinero, pues la policía comunitaria hace el trabajo que le corresponde al Estado, además, desde hace años, tal vez desde 2005, las policías comunitarias están reconocidas en el reglamento de seguridad pública.

Su fundamento jurídico se encuentra en el Convenio 169 de la OIT, que reconoce los sistemas normativos de los pueblos y sus instituciones. México es parte del Convenio desde su entrada en vigor en 1991.

En 1992, en el artículo 4 constitucional, México es reconocido como un estado pluricultural constitucionalmente. Estos antecedentes le dan sustento jurídico al sistema comunitario, cuyo Reglamento Interno (sancionado por la asamblea de todas las comunidades) lo menciona. Actualmente, con la reforma a la Constitución, el artículo mencionado se derogó y ahora es el artículo 2º constitucional en el que se reconoce a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas, además reconoce los derechos interculturales a toda comunidad equiparable, por lo que aun tratándose de comunidades mestizas, con un determinado sistema cultural, entraría dentro del supuesto. A esto habría que añadir la Declaración de Naciones Unidas y la Americana en materia de derechos de los pueblos indígenas, así como la ley 701 del estado de Guerrero que reconoce la existencia del sistema comunitaria y a la CRAC.

En el caso de Nestora, a ella la culpan por ejercer la labor que su cargo exigía. Esta situación la sufrieron en varias ocasiones las autoridades comunitarias, por ejemplo la “usurpación de funciones” (porque no estaba reconocido en la ley mexicana), así como la “privación ilegal de la libertad”, pues para administrar justicia los coordinadores mandan traer a alguien que es acusado, por ejemplo, y los comandantes y policías ejecutan las órdenes para presentarlos antes sus autoridades, las cuales con apoyo de la asamblea si es necesario, para casos graves, acuerdan una sentencia.

Las sanciones en el sistema comunitario son con base en el proceso de reeducación: consideran que las personas que cometieron alguna falta lo hicieron porque se les olvidó el camino del trabajo y hay que volverles a enseñar a trabajar; por lo tanto, los envían a hacer trabajo comunitario a cada comunidad que forma parte del sistema por 15 días, durante el tiempo que dure su sentencia. Las comunidades los alimentan y los consejeros de cada comunidad están al pendiente, platican con ellos, buscando que reflexionen. Recordemos que para tener un cargo como el que tenía Nestora, es necesario que sea por mandato de asamblea, de todos los vecinos de la comunidad a la que pertenece, o sea de los que se conocen entre sí y, por tanto, dan un voto de confianza a determinadas personas, al mismo tiempo que reconocen su valía.

Actualmente, con el Convenio 169, la ley 701 de Guerrero, el artículo 2º constitucional y el 1º relativo a los derechos humanos, la interpretación conforme el principio pro homine y el control de la convencionalidad y constitucionalidad, tenemos herramientas para fundamentar la labor de los comunitarios, por lo que es en principio una contradicción que detengan a los comunitarios bajo los mismos supuestos mencionados. Podemos criticar que la ley 701 de Guerrero impone límites, que el sistema comunitario no observa, porque ellos obedecen a su reglamento interno, el que fue sancionado por la asamblea de todas las comunidades del sistema. Sin embargo, no debemos olvidar el artículo 39 constitucional, «la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo».

Nestora Salgado exigió al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade presentar pruebas de la acusación de «secuestradora» que lanzó contra ella en el segundo debate de candidatos a la presidencia de la república. El jueves 24 de mayo demandó a Meade por difamación y daño moral.

Lo que están haciendo los comunitarios es instituirse como sujetos constituyentes, discusión propiamente académica y de ciencia política y/o sociología, pero es el derecho a la libre determinación, fundamento artículo primero común de los pactos de derechos humanos de naciones unidas de 1966 lo que determina que esto es un derecho humano, pero también es un principio de derecho internacional y una norma de ius cogens (imperativa).

No se debe olvidar que el artículo 18 de la ley 281 de seguridad pública de Guerrero (2007), de manera vergonzosa, antes de que se reconociera «oficialmente» al sistema, con la CRAC en el 2007 con la ley 701, menciona la posibilidad de formar grupos de policía comunitaria, los que podrán tomar en consideración las costumbres de las comunidades, sin olvidar que no deben contravenir el marco constitucional y legal vigente. Esta situación era permitida desde antes del 2011, pero dice que solo en caso en que por circunstancias de naturaleza geográfica, económica, social o cultural no exista este servicio.

Lo que debemos entender es que la seguridad pública es una función del Estado mexicano, y aquí están diciendo que por la situación de pobreza y marginalidad en la que se encuentran ciertas comunidades no hay este servicio, el cual insistimos es obligación del Estado otorgar. Así que jurídicamente en este caso si pueden tener policías. Esto fue retomado en una recomendación de la CNDH. Además, es un hecho que demuestra la violación del estado mexicano de cumplir con sus obligaciones frente a los ciudadanos, y sobre todo frente a los sectores más vulnerables de la población. Esto configura responsabilidad internacional.

Nestora cumplió un mandato de Asamblea, su labor estaba encuadrada por la ley 701 y el ejercicio de la libre determinación y el derecho a los sistemas normativos en el artículo 2º. Lo que hizo el Estado, además de no haber respetado el debido proceso, pues las pruebas eran falsas, pone al Estado y a sus defensores, en este caso, en responsabilidad grave por vulneración de derechos humanos.

El derecho al debido proceso no es en ningún caso susceptible de ser suspendido, aunque no fue esto por lo que se le declaró inocente en tres juicios, por tres jueces, de modo que fue absuelta. Los procesos que siguen abiertos son dos y mientras no se determinen sus resultados (muy posiblemente favorables a Nestora, por cierto), acusar a Nestora es incurrir en el delito de daño moral.

Imagen de portada: Nestora Salgado, candidata a senadora y Andrés Manuel López Obrador, candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Foto: internet.

* Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente realiza su estancia de Posdoctorado en el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH)