DANZAR HASTA QUE LLUEVA: León Fierro, preso político del gobierno de Kiko Vega.

         Una reclasificación y un desvío del poder de una juez.

En el momento mismo en que el martes 08 de mayo, la juez Ruth Álvarez ordenó  mantener en “prisión preventiva” a León Fierro, lo convirtió en un preso político. Le fue imposible vincularlo a proceso por homicidio en grado de tentativa, como pretendía el Ministerio Público de Kiko Vega y reclasificó los hechos a lesiones ordinarias, lo que le constreñía, sin más, a liberarlo.  Pero encontró una salida para mantenerlo preso: el activista había declarado que dentro o fuera de la prisión continuaría en las luchas públicas por la defensa del derecho humano al agua. Eso le bastó a la juez para considerarlo socialmente peligroso.  

Daniel Solorio Ramírez/A los 4 Vientos

 Una decisión judicial insólita.

Para decir lo menos, esa decisión judicial es insólita, inesperada, antijurídica. La protesta social es un derecho reconocido plenamente por la Constitución. Nadie puede ser apresado por ese hecho, pero ante un numeroso público la juez tomó esa lamentable decisión. Contra la Constitución, León Fierro sigue encarcelado. Todos, abogados o no, tenemos derecho a dudar de la independencia de los jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Podemos, inclusive, inclinarnos por sostener con buenos argumentos políticos, no jurídicos, claro, que esa decisión fue inducida por el gobernador del Estado, quien abiertamente se ha declarado enemigo de los manifestantes. No le gusta ser gobernador ni jefe de Estado; le gusta defender a las corporaciones transnacionales.

La juez Ruth Esperanza Álvarez dictó dos meses de prisión preventiva al líder social León Fierro y agendó próxima audiencia para el 8 de julio del presente año sometido ahora a juicio por «lesiones calificadas», tras considerar que la PGJE no aportó elementos que sostuvieran jurídicamente la acusación de homicidio doloso en grado de tentativa.

Sin jueces protectores de Derechos Humanos.

El problema de nuestro poder judicial es que sus jueces, a pesar del costosísimo Nuevo Sistema de Justicia Penal, no asumen el rol de jueces protectores de derechos humanos que les confiere la reforma constitucional del año 2008. Prefieren asumirse jueces penales, es decir, jueces de castigo. He aquí el punto central del debate abierto por el caso León Fierro. Establecimos un Nuevo Sistema de Justicia (que debe garantizar la debida protección de los derechos humanos) pero sus jueces no tienen ganas de constituirse en el freno al ejercicio del poder.  No quieren, no pueden, no saben. Para el caso, por el momento da lo mismo. Una juez acaba de dictar una resolución francamente deleznable. La imagen pública del Poder Judicial el Estado se deteriora aún más. El magistrado Salvador Ortíz Morales, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ha guardado silencio. No se le conoce defensa alguna de la independencia de los jueces.  Al menos no la ha hecho pública.

Castigar la protesta.

La decisión judicial de marras echa por tierra los fundamentos mismos del Nuevo Sistema de Justicia, que si bien se sigue llamando “penal”, no fue creado para enfatizar lo punitivo, sino para salvaguardar los derechos humanos de los acusados, tradicionalmente víctimas de grandes abusos de la policía, de los Ministerios Públicos y de los jueces  penales, que a los ojos de muchos, han constituido un bloque inseparado. Para resolver ese problema adoptamos un nuevo sistema de justicia, que no obstante sigue produciendo resoluciones tan lamentables como la del caso León Fierro, que si no lo son, guardan muchas apariencias con las resoluciones de consigna.

Un jefe de Estado omiso y remiso.

Lo primero que hace falta para la eficacia de este sistema es tener jueces con vocación protectora de Derechos Humanos, jueces independientes, a quienes nadie, sino la ley pueda subordinar. Esa es la intención, aún no lograda, de la reforma constitucional creadora del NSJP. Kiko Vega ha contribuido grandemente a la desconfianza pública en el nuevo sistema. Así, haya dado o no instrucciones de mantener preso a León Fierro, no puede eludir su responsabilidad por ese dislate.  No ha querido, no ha podido o no ha sabido ser jefe de Estado.  Su altísima tarea de vigilar el correcto funcionamiento de todas las instituciones públicas sigue incumplida. Ha preferido desempeñarse como una especie de agente de ventas e inversiones en favor de las corporaciones trasnacionales, lo que parece llenarlo de orgullo.  Ha dicho ser nuestro mejor gobernador porque “soy el que mejor inversiones extranjeras ha traído a Baja California”.

          Presos políticos.

¿Qué necesidad había de tener un preso político en Baja California ? Los gobiernos tienen entre otros muchos deberes atender por vía política los problemas políticos, pero aún así el gobierno de Kiko Vega ha preferido la solución policiaca, la represión, la prisión a los que protestan.  Si rectifica será mejor para todos.