‘Strike’ 3 al proyecto de minería submarina “Don Diego” (BCS): un triunfo para la naturaleza

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que después de un fallo judicial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) volverá a negar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al proyecto Don Diego, el cual pretende extraer más de 300 millones de toneladas de fosforita del fondo submarino en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.

Alejandro Olvera / Huffpost / 4 Vientos / Foto principal: barco minero frente a las costas de Amsterdam (wordminero.blogspot)

Dado que se trata de un proyecto de enormes consecuencias ambientales y que ha tenido mucha oposición, vale la pena recapitular las razones por las cuales no ha sido ni debería ser autorizado.

La empresa Exploraciones Oceánicas, filial de la transnacional estadounidense  Odyssey Marine Explorations (OMEX), promovente del proyecto Don Diego, sometió una MIA ante Semarnat en 2014. Sin embargo, justo una semana antes de que la dependencia emitiera un resolutivo negativo, en un primer strike, fue la compañía quien decidió retirar el proyecto para maquillarlo y someterlo de nuevo al gobierno federal, a la semana siguiente.

Esto no fue porque hubieran hecho nuevos estudios ambientales o porque se hayan mejorado sustancialmente los existentes, sino porque tal y como lo anuncio la empresa a sus inversionistas, acordó con Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México (AHMSA) y subsidiarias, una inversión y participación en Don Diego ante la deuda que ya arrastraban.

Además porque Ancira tenía conexiones con el presidente Enrique Peña Nieto.

Al mismo tiempo, Exploraciones Oceánicas estaba en pláticas con Pemex, a través de su división de Fertilizantes, para buscar una participación de la paraestatal en el proyecto minero subterráneo. En otras palabras, apostaron a las influencias y alianzas políticas en lugar de mejorar los estudios ambientales.

Imagen del barco que dragaría 91 mil hectáreas del fondo marino en Bahía Magdalena y Golfo de Ulloa en el Pacífico de Baja California Sur (Imagen: Odyssey Marine Exploration, Inc).

Así, la segunda MIA ingresó a la Semarnat el 26 de junio del 2015. En esa nueva información ambiental se reconoció que el proyecto se traslapaba con las concesiones de langosta y abulón de los pescadores del Golfo de Ulloa quienes no han sido los únicos opositores. Los concesionarios se suman al gobierno de Baja California Sur al reconocer que el proyecto se presenta en una zona donde hay un grave conflicto de índole internacional con respecto a la protección de la tortuga caguama, y que aprobar Don Diego significaba exacerbar de manera significativa esta problemática de conservación.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) dijo que si el proyecto se lleva a cabo afectaría gravemente la biodiversidad del Golfo de Ulloa y Bahía Magdalena, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) afirmó, entre muchos otros argumentos, que las medidas de mitigación para no afectar las tortugas eran “inadecuadas”.

Y así hay más opiniones, como la del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, de la Sociedad Internacional de Mastozoología Marina -la cual agrupa a los mejores expertos a nivel mundial en mamíferos marinos-, del Instituto Nacional de la Pesca, y de la cooperativa de pescadores de Puerto Chale. También de organizaciones no gubernamentales y demás ciudadanos. Todas señalando graves deficiencias al proyecto minero.

Finalmente, casi un año después de iniciado el trámite, en un segundo strike a los promotores del proyecto, la Semarnat decidió negar la autorización.

La Secretaría del Medio Ambiente argumentó que el proyecto podría ocasionar daños irreversibles al fondo submarino y afectaría a especies en peligro de extinción -refiriéndose en específico a la tortuga caguama-, toda vez que la ley en la materia establece que una MIA se debe negar cuando el proyecto pueda afectar a especies en riesgo.

El proyecto, bautizado como Don Diego, se localiza en la Zona Económica Exclusiva de México, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, a 22 kilómetros de la costa.

Por su parte Odyssey Marine Explorations, representado por Hamdan, Manzanero & Asociados, apeló la decisión a través de un recurso de revisión ante la misma Semarnat y entabló un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Fue hasta hace poco que se dictó sentencia por parte del tribunal, la cual fue comunicada de forma muy positiva a sus inversionistas. Fue tan alentadora esa notificación, que las acciones de OMEX triplicaron su valor después del anuncio; sin embargo, a pesar del fallo unánime del tribunal, la sentencia únicamente obliga a la Semarnat a emitir un nuevo resolutivo, mejor fundamentado, pero no precisa si este debe ser positivo o negativo. Por ello, adelantándose a toda especulación generada por Odyssey, fue la Semarnat quien recientemente, en un tercer strike, comunicó que volverá a negar el proyecto.

Por ahora las acciones de Odyssey -que tiene como principal ingreso la recuperación de tesoros en barcos hundidos- tienen una tendencia a la baja, y mientras no haya una comunicación formal sobre el fin del proyecto se sigue especulando con los accionistas.

Lo cierto es que Exploraciones Oceánicas debe respetar la ley y no apostar a las conexiones políticas, influencias y especulación.

La Semarnat por su parte debe formalizar su promesa en menos de cuatro meses y así “ponchar” definitivamente a Don Diego, con lo que se salvarán para el país importantes recursos biológicos del Golfo de Ulloa y Bahía Magdalena.

* Biólogo marino, ambientalista, profesor, triatleta.

Las tortugas de Ulloa, vitales para cancelar el lucrativo negocio minero en su hábitat (Foto: Huffpost)

 

El jueves 6 de julio de 2017, Napoleón Gómez Urrutia, economista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana desde el 2002, escribió el artículo “Alonso Ancira Elizondo: un caso de terrorismo empresarial”, en donde se refirió al empresario Alonso Ancira Elizondo, director y/o presidente del Grupo Acerero del Norte (GAN), controlador de Altos Hornos de México y de muchas minas del país. El dirigente minero en el exilio escribió:

El polémico empresario Alonso Ancira Elizondo (Foto: Expansión)

“Para muchos en Coahuila y en otras partes del territorio nacional, es un simple prestanombres de la familia Salinas de Gortari y cuidador de sus intereses en la industria siderúrgica, que antes de los años 80 era propiedad del Estado y del pueblo mexicano.

Alonso Ancira se ha convertido en el cacique más temido de Coahuila, aunque ni siquiera es originario de ese estado, pero con base en la corrupción y los amarres que ha realizado con los gobernadores, desde Rogelio Montemayor, Enrique Martínez y Martínez y los hermanos Humberto y Rubén Moreira, hace y deshace a su antojo con sus caprichos y ejerce su arrogancia a placer. Tiene comprados prácticamente a todos los medios locales de comunicación, algunas organizaciones patronales del estado, así como a los empresarios pequeños, medianos y grandes que son contratistas, proveedores o administradores de servicios para GAN y Altos Hornos de México.

En un excelente artículo publicado hace tres años en el gran periódico La Jornada, el distinguido profesor y abogado laboralista Néstor de Buen, en conjunto con otro destacado abogado, Óscar Alzaga, definieron a Ancira Elizondo como el señor de horca y cuchillo de Coahuila, parafraseando a Juan Rulfo en el Pedro Páramo de 1955, ya que este famoso personaje de la novela se valía de pistoleros para eliminar a sus enemigos, del cura para convencer al pueblo, del abogado para torcer la ley y de las autoridades y del dinero para corromper a trabajadores o a revolucionarios. Él mismo no daba la cara.

Pero Alonso Ancira Elizondo sí da la cara, aunque sea sólo en las revistas empresariales de alto nivel, para proclamarse el dueño de las minas del Rey Salomón en Israel y el dueño de vidas y de concesiones mineras. Como lo señalan el doctor De Buen y el abogado Alzaga, en el GAN es frecuente que en las minas de carbón haya siniestros, muertos y heridos, y que goce de impunidad el dueño: en la mina VII de Minosa, el 26 de marzo de 2011 hubo dos muertos y seis más el 3 de agosto de 2012; en la mina La Esmeralda, el 26 de agosto de 2011 hubo cuatro muertos, el 16 de junio de 2013 dos y el 6 de junio de 2014 un muerto. Pero quedan en la impunidad como en la mina de carbón de Pasta de Conchos, de Grupo México.

Ahora este señor Ancira le ha dado por comprar organizaciones fantasmas de (seudo) trabajadores que tienen a seudo líderes al frente y a su servicio, que los bautiza como Alianza Minera, o como Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, así como con otros nombres, que no son más que membretes que utiliza para golpear y agredir a los verdaderos obreros del auténtico sindicato minero. Este individuo es un simple aprendiz, pero muy malo y obvio, de las prácticas gangsteriles de Germán Feliciano Larrea, de Grupo México y de Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles.

Infográfico: sinembargo.mx

Ancira tiene el apoyo cómplice de un funcionario gris de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el subsecretario A Rafael Avante, que viene desde la época de Calderón y del nefasto Javier Lozano Alarcón, que fue incrustado o quizá fue el pago que hicieron a Larrea y sus cómplices por haber apoyado a los gobiernos anterior y al actual para llegar al poder. A su vez, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por decisión propia o porque Avante o alguien de más arriba se lo ordena, actúan siempre a favor de este porro empresarial que es una vergüenza para la clase patronal.

Con esos avales y complicidades, Ancira y los demás miembros de su equipo encabezados por un falso, hipócrita y mediocre abogado, Enrique Rivera, constantemente violan los contratos colectivos de trabajo e interfieren en los asuntos sindicales, lo cual está prohibido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133, fracción V, violando el derecho humano de libertad sindical consagrado en la Constitución y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Los auténticos mineros y el pueblo en general se preguntan cómo es posible que este siniestro personaje, Alonso Ancira Elizondo, después de haber estado 13 años en suspensión de pagos a los bancos por miles de millones de dólares, de cometer tantos abusos y atropellos, siga en una total e inmoral impunidad. Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo investiga a fondo, lo castiga con la cárcel por los crímenes cometidos, se burla de la autoridad y todavía continúa actuando en absoluta libertad. ¿Qué no daña esto la imagen del sistema de justicia y del país, o a nadie le importa?, lo cual parecería un acto de total irresponsabilidad política y social.

Uno de los últimos crímenes que está cometiendo Alonso Ancira es en la mina de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, donde no sólo ejerce un poder extraterritorial por encima de las leyes y de las autoridades de México, ya que ante un berrinche de su costumbre decidió suspender el agua, la luz, las viviendas y la entrada de los alimentos para las personas y trabajadores que ahí habitan o laboran, y que no se han sometido a su control caciquil. Asimismo, y esto me parece de una bajeza inhumana y bestial, ordenó cancelar las medicinas y la ayuda médica a una hermosa niña Cindy y a su madre Ivonne Delgadillo, indispensables, ya que ambas están con padecimientos serios de cáncer, y sólo por ser la familia de un trabajador que se ha opuesto dignamente a los abusos de Ancira.

Estos es el colmo de las arbitrariedades y de la impunidad. ¿Por qué el gobierno no lo castiga y lo somete a todo el peso de la ley, a él y a sus secuaces, o por qué no le cancelan la concesión para explotar el mineral de fierro de la mina de Hércules y le expropian sus inversiones mal habidas y obtenidas a base de represión, terrorismo y sangre minera? Esta es una de tantas deudas sociales que el gobierno actual tiene con el pueblo de México”.