Ineptos y corruptos causan grave daño patrimonial al Ayuntamiento de Ensenada

Sin respaldo documental o técnico, el cabildo de Ensenada autorizó una transferencia presupuestal por 759 mil pesos para obtener un contenedor con diversos apoyos sociales a favor del ayuntamiento. Siete meses después ni el dinero ni el contenedor aparecen, pero se sabe que en el ilícito intervinieron al menos cinco servidores públicos -dos de ellos destituidos pero no procesados penalmente por sus presuntos actos delictivos contra el erario-, y tres ediles: dos regidores y la síndico en activo.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: toma de protesta del presidente municipal Marco Antonio Novelo (Síntesis TV).

27 de abril del 2018.- Los funcionarios municipales son Francisco René Ching Bernal, exdirector de Desarrollo Social, y el Ingeniero Salvador González Robles, exdirector de Servicios Públicos e Infraestructura del XXII Ayuntamiento de Ensenada. ¿Los ediles?: Orlando Agapito Toscano Montaño y Jorge Camargo Villa.

A ellos los citó como responsables de actos de corrupción la diputada estatal del Partido del Trabajo (PT) Claudia Agatón Muñiz, quien solicitó y obtuvo del pleno del Congreso del Estado, el pasado jueves 26 de abril, la intervención fiscalizadora del legislativo para sancionar el presunto fraude que afectó al erario y ocurrió en septiembre del 2017.

En su pronunciamiento relativo a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 del Ayuntamiento de Ensenada, la congresista documentó que en su calidad de integrante de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del congreso, conoció que en la revisión que hace la Auditoría Superior del Estado a la finanzas municipales, se encontró la aprobación de la transferencia presupuestal  del Ramo 5 de la Dirección de Desarrollo Social por la cantidad de 759 mil pesos; esto en una partida antes inexistente y que se creó con el nombre “Fletes y Maniobras”.

Expuso: “Es inadmisible que los Regidores Orlando Agapito Toscano Montaño y Jorge Camargo Villa, integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, hayan considerado suficiente para declarar procedente la transferencia referida, el simple dicho de dos funcionarios, sin ningún documento o evidencia que respaldara la justificación de transferir dicha cantidad.”

A continuación, citó textualmente la justificación de los ediles para emitir el dictamen de autorización:

Francisco René Ching (izquierda) en un acto de gobierno con el edil Marco Antonio Novelo Osuna (Archivo)

“Solicitud en conjunto por el ciudadano Francisco Ching Bernal, Director de Desarrollo Social y el Ingeniero Salvador González Robles, Director de Servicios Públicos e Infraestructura del XXII Ayuntamiento de Ensenada, mediante el cual expresan la justificación que es para trasladar un contenedor con diversos apoyos sociales en especie que se destinarán para personas de escasos recursos”.

Reitera que eso fue lo único que indujo a los regidores a su aprobación.

“Es importante destacar que no se señala que obre documentación comprobatoria en el expediente correspondiente, de dónde se encontraba el contenedor y hacia qué lugar se trasladaría, cotización de traslado, quién era poseedor o dueño de los diversos apoyos sociales en especie, por qué se encontraban en un contenedor estos apoyos sociales, en cuánto estaban valuados y cuántos eran.”

Y opinó: “Estos son sólo algunos cuestionamientos que debieron haberse formulado y contestado para contar con los elementos suficientes para la aprobación de la transferencia mencionada, por lo que en un marco de respeto a la autonomía del Municipio y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la Ley en la materia, fiscalizaremos la aplicación de los 759 mil pesos en trasladar un contenedor con apoyos sociales en el Municipio de Ensenada.”

Imagen: Ensenada.net

Al respecto, hace 14 días la periodista Karla Lorena Lamas reveló que otros funcionarios del XXII Ayuntamiento estaban involucrados en el delito: Mario Alberto Cabrera Mendoza, coordinador general de Seguimiento Gubernamental, y Karla Ivonne Moreno Preciado, coordinadora de Gestión y Planeación Financiera y ex directora del IMIP de Tecate, quienes exigieron a la Tesorería municipal que presionaran la creación de la partida “Fletes y Maniobras” para trasladar la partida presupuestal incluso sin factura para el donador.

El presunto beneficiario se identificó en correos electrónicos del ayuntamiento, desde febrero del 2017, con el nombre de Héctor Orozco Fernández, quien presumió ser director del Servicio de Administración de Bienes (SAE) de la secretaría Federa de Hacienda.

Este personaje presuntamente ofrecía al gobierno local, desde la administración de Gilberto Hirata Chico, diversos contenedores con juguetes, computadoras, ropa y calzado, así como motobombas, ambulancias y hasta camiones recolectores de basura producto de embargos hechos a malos contribuyentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aparentemente, la participación de Ching, González, Toscano y Camargo fue fundamental para que el fraude cristalizara el 13 de septiembre, fecha en la que se celebró una sesión extraordinaria del Cabildo en donde la síndico Laura Karina Castrejón Bañuelos y la tesorera municipal Guadalupe Méndez Maldonado, solicitaron la transferencia presupuestal que los regidores comisionados posteriormente aceptaron para la final aprobación en el ayuntamiento.

Una vez que estalló el fraude, en octubre del año pasado, Francisco Ching Bernal y Salvador González Robles salieron de la administración municipal. El ayuntamiento dijo que renunciaron por motivos personales y familiares.

El 14 de enero del 2018, Mario Alberto Cabrera Mendoza dejó Seguimiento Gubernamental, pero el presidente municipal Marco Antonio Osuna Novelo le obsequió la presidencia del Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME).

Hasta este viernes 27 de abril, ninguno de los involucrados en el delito enfrenta investigación administrativa o penal alguna.

El pasado 3 de noviembre, A los 4 Vientos escribió un reportaje que tituló “Patético favoritismo hunde las finanzas del Ayuntamiento de Ensenada”. Ahí se dijo sobre Francisco René Ching Bernal lo siguiente:

El cabildo, ¿iluso? (Archivo)

“Por su parte Francisco René Ching Bernal, quien hasta el 22 de octubre (2017) ocupó el cargo de director de Desarrollo Social del XXII Ayuntamiento de Ensenada, ganaba 45 mil pesos al mes. Antes de ocupar el cargo, y con una escolaridad de secundaria, trabajó como auxiliar jurídico en el despacho de un conocido abogado porteño que este año fue asesinado por desconocidos, y fue regidor en el XIV Ayuntamiento que presidió el panista Oscar Sánchez del Palacio.

Luego, en 2010 y hasta septiembre de 2013, fue subdirector operativo de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal -gobierno de Enrique Pelayo Torres-, y en el periodo 2013 a 2016, con un sueldo mensual de 41 mil pesos, fue coordinador del módulo de atención ciudadana del entonces diputado Marco Antonio Novelo Osuna (XV Distrito), quien al llegar a la presidencia municipal lo ascendió a la dirección de Desarrollo Social.

Su estancia de 10 meses en el gobierno de Ensenada le permitió colocar a su hijo Francisco René Ching Peñuelas en la administración municipal. Primero como regidor suplente de Samuel Albestrain Pérez, ex director de Desarrollo Social en el gobierno de Gilberto Hirata Chico, y después como funcionario público.

El joven, beneficiario del Programa de Ayudas y Subsidio del gobierno del estado en 2015, creador del grupo político deportivo Enlace Juvenil, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tiene repartidos sus ingresos en la nómina municipal de la siguiente forma, de acuerdo con información que contiene la Plantilla de Personal Nuevo del Ayuntamiento en el periodo 1 de enero al 30 de julio del 2017:

Uno como “Auxiliar Administrativo” en el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (Fidue), por el que conseguía 15 mil pesos –tres mil de ellos como compensación-; y el segundo también como “Auxiliar Administrativo” pero en el Área Jurídica del Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada, cargo que hasta el año 2016 no existía, pero en donde se le dio de alta el 18 de febrero con una mensualidad de 15 mil pesos.

La información de los ingresos adicionales de Ching Peñuelas los aportó el 11 de octubre la licenciada Sayuri Guadalupe Mendoza Reales, titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Cultura, al contestar la solicitud de información del ciudadano,

De esa forma los Ching percibían del erario, con sus tres cheques, un en total 75 mil pesos al mes. Y eso gracias a que en febrero de este año Ching Bernal se desistió de un juicio laboral que en 2013 presentó en contra del gobierno municipal, a quien exigía una plaza sindical con goce de salarios caídos y pago de prestaciones por varios millones de pesos.

La legisladora local petista (Archivo)

El posicionamiento completo de la diputada Claudia Agatón es el que sigue:

Diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho

Presidente de la Mesa Directiva, Congreso del Estado de Baja California, XXII Legislatura

La suscrita diputada Claudia Agatón Muñiz, en representación de la ciudadanía y del Partido del Trabajo en la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, hago uso de esta Tribuna para presentar posicionamiento, al tenor de lo siguiente:

La fiscalización superior, facultad del Congreso a través de la Auditoría Superior del Estado, se vio fortalecida al entrar en vigor el 12 de agosto del 2017 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, atendiendo con ello un reclamo de dominio público añejo, como es el combatir la corrupción en la aplicación de los recursos públicos que se ejercen en las Entidades Fiscalizables, entre ellas los Poderes del Estado, los Municipios del Estado, Entidades Paraestatales, Entidades Paramunicipales y los Órganos Constitucionales Autónomos.

El proceso de revisión y fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública, a las situaciones irregulares que se denuncian en términos de la Ley en mención, a la aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones, conforme a las disposiciones aplicables, así como al destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos y obligaciones contratados por todas las Entidades Fiscalizadas, es una labor que arraiga en un Estado de derecho, la rendición de cuentas en beneficio de la sociedad.

Es indiscutible que en representación de la ciudadanía, una de nuestras principales actividades como legisladores, es precisamente fiscalizar, que en otras palabras no es más que traer a juicio las acciones u obras de alguien para que en una decisión colegiada se determine alguna resolución al respecto, por lo que en esta parte final del proceso que inicia con auditorías, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es parte fundamental, teniendo el Pleno del Congreso del Estado la última palabra en la fiscalización de la Cuenta Pública.

Ahora corresponde a los diputados sancionar la ineptitud y corrupción en el Ayuntamiento de Ensenada (Archivo)

En esa tesitura, producto del trabajo realizado por la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el Pleno de esta Soberanía ha contado con los dictámenes correspondientes de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables, en donde se ha resuelto en no pocas ocasiones, notificar a las instancias competentes de las irregularidades encontradas en las auditorías respectivas, a efecto de que se finquen las responsabilidades administrativas procedentes conforme a la legislación aplicable en la materia y se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios que en su caso hubieren ocasionado a la Entidad Fiscalizada.

Es bajo esa premisa que estaremos vigilantes como integrante de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, de las Cuentas Públicas ejercidas el año pasado conforme al programa anual de auditorías, atentos de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizables, analizaremos la información respectiva en cumplimiento a lo establecido por el artículo 86 fracción XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, y en su caso, se solicitará la comparecencia de servidores públicos vinculados con los resultados de la fiscalización, tal es el caso del XXII Ayuntamiento de Ensenada respecto a la aprobación de la transferencia presupuestal  del Ramo 5 de la Dirección de Desarrollo Social por la cantidad de 759 mil pesos a la partida “Fletes y Maniobras” correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.

Es inadmisible que los Regidores Orlando Agapito Toscano Montaño y Jorge Camargo Villa, integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, hayan considerado suficiente para declarar procedente la transferencia referida, el simple dicho de dos funcionarios, sin ningún documento o evidencia que respaldara la justificación de transferir dicha cantidad, cito tal cual lo que para los Regidores fue determinante para emitir dictamen de autorización y que a la letra dice así:

“Solicitud en conjunto por el ciudadano Francisco Ching Bernal, Director de Desarrollo Social y el Ingeniero Salvador González Robles, Director de Servicios Públicos e Infraestructura del XXII Ayuntamiento de Ensenada, mediante el cual expresan la justificación que es para trasladar un contenedor con diversos apoyos sociales en especie que se destinarán para personas de escasos recursos”.

Este dicho fue lo único que indujo a los Regidores a su aprobación.

Es importante destacar que no se señala que obre documentación comprobatoria en el expediente correspondiente, de dónde se encontraba el contenedor y hacia qué lugar se trasladaría, cotización de traslado, quién era poseedor o dueño de los diversos apoyos sociales en especie, por qué se encontraban en un contenedor estos apoyos sociales, en cuánto estaban valuados y cuántos eran, estos son sólo algunos cuestionamientos que debieron haberse formulado y contestado para contar con los elementos suficientes para la aprobación de la transferencia mencionada, por lo que en un marco de respeto a la autonomía del Municipio y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la Ley en la materia, fiscalizaremos la aplicación de los 759 mil pesos en trasladar un contenedor con apoyos sociales en el Municipio de Ensenada.

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