EN EL CAMINO: La política de hechos consumados

El turbio proceso de instalación de la planta cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali; la desordenada aprobación de la Ley del Agua que realizó el Congreso del Estado en diciembre de 2016; el “madruguete legislativo” implementado por el Diputado Raúl Castañeda Pomposo para darle luz verde al Dictamen 95 y, con él, facilitar un endeudamiento injustificado para financiar, entre otras obras, la construcción de una desalinizadora en Rosarito a través de una asociación público-privada.

Jesús Galaz Fontes / A los 4 Vientos

¿Qué podrían tener en común las anteriores (y muchas otras) acciones del gobierno en Baja California? En primer lugar, la poco o nula transparencia con la cual tales acciones se han llevado a cabo. Los asuntos implicados son importantes para el desarrollo estatal, pero la información compartida ha sido poca, mala y fuera de tiempo.

En segundo lugar, las acciones en cuestión muestran que muchos funcionarios y representantes públicos no están interesados en que la ciudadanía participe en la construcción de alternativas y acuerdos pertinentes, sino en el ejercicio autoritario del poder público; quieren mandar y que se les obedezca. En tercer lugar, las decisiones de un número alarmante de funcionarios de primer nivel no tienen como referente el bien común, sino las expectativas de hacer negocios en el que ellos, ya sea directa o indirectamente, son los principales actores beneficiados.

Así, y a pesar de la existencia indudable de excepciones, los gobiernos que padecemos no son transparentes ni participativos, sino autoritarios. Actúan, además, sobre la base de que los negocios privados tienen prioridad sobre el bienestar público. Como es natural esperar, el panorama descrito constituye un ambiente en el cual florecen generosamente la corrupción y la impunidad, como lo muestran datos de la OCDE para todo el país y, en lo particular, para Baja California.[1] Pero eso sí, ¡qué bien hablan y visten los funcionarios públicos! A ellos la opinión pública les hace lo que el viento a Juárez.

Además de la caracterización anterior, un aspecto esencial de la manera en que opera el gobierno, particularmente asociado a su autoritarismo, es su “política de hechos consumados.” Acostumbrado a no rendir cuentas a nadie, a ser opaco en su proceder y a ejercer un amplio autoritarismo con base al manejo del presupuesto, la autoridad pública no está interesada en diseñar e implementar procesos de participación ciudadana para mejorar la toma de decisiones del gobierno. Extendiendo la máxima popular de que “más vale pedir perdón que pedir permiso”, toman decisiones que, aún cuando posteriormente pueden aceptar que son inadecuadas, como ya son “hechos consumados,” no están dispuestos a hacer nada para remediarlas, a pesar de que, según ellos, quisieran hacerlo. “Qué más nos gustaría,” afirman pidiendo que comprendamos su situación.

Que ya se vendieron terrenos a Constellation Brands muy debajo de su valor de mercado; que ya se le otorgó el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa cervecera; que ya se autorizó un endeudamiento por más de 30 años; que ya se pone la primera piedra de lo que será la desaladora de Rosarito. Que ya se acerca el fin de la administración, y pues a darle con la aprobación de todas esos proyectos pendientes, que una vez aprobados “¿qué se le va a hacer?”

A lo mejor no son las decisiones perfectas, pudieran aceptar las autoridades, pero ya no se puede hacer nada porque esas decisiones, han pasado a ser “hechos consumados”:

“¿Tiene usted alguna queja, alguna sugerencia, alguna duda sobre la honestidad de los involucrados? Pues por favor siga los cauces y tiempos legales, que para eso vivimos en un estado de derecho. Traiga su escrito debidamente firmado y espere nuestra respuesta, nosotros lo llamaremos. ¿Le parece excesiva la espera? Lo sentimos, pero tales son los tiempos institucionales.  ¿No tiene la información técnica? No se preocupe, nosotros se la proporcionamos, pero esto tardará un poco, usted comprende, ¿no? No desespere, es que tenemos mucho trabajo; lo entendemos, pero es que esos son “hechos consumados” conforme a derecho y no podemos violentar la ley. ¿O me está sugiriendo usted que violentemos la ley? ¿Verdad que no?”

En algunas raras ocasiones la reacción de la ciudadanía es muy fuerte, y entonces las autoridades recurren a la misma táctica, pero en sentido inverso, como sucedió con la Ley del Agua de diciembre de 2016. Derogan la ley de una manera autoritaria, pero no dan explicación alguna, y mucho menos implementan un proceso de consulta y participación ciudadana para elaborar una nueva ley. Ya sea que promulguen una ley o la deroguen, ellos son los que mandan, y eso es lo que quieren que nos quede claro a los ciudadanos.

La ausencia de esquemas reales de participación (ser testigo de la toma de decisiones no equivale a participar en ellas) en el gobierno de nuestra sociedad es una de las grandes debilidades de la democracia mexicana, y una de las razones de ello es que dicha ausencia facilita la puesta en práctica de “la política de los hechos consumados.” Es menester, entonces, analizar las estructuras políticas y legislativas que facilitan que esta política siga aplicándose; necesitamos plantear su reforma y, al mismo tiempo, promover que aparezca una política de decisiones consensuadas con los actores pertinentes a las decisiones consideradas.

En pocas palabras, la democracia mexicana requiere que la ciudadanía participe. Una de las consecuencias de dicha participación deberá ser la desaparición de la todavía vigente “política de hechos consumados.”

[1] Véase el artículo de Gerardo Sánchez “Baja California, primer lugar nacional en corrupción según OCDE” (Monitor Económico, abril 10 de 2018).

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