REDES DE PODER: La estatización juvenil

Cuando Youtube viralizó el video de «El Ponchis» -el niño sicario- que con la mayor tranquilidad describía sus delicias, nos preguntamos para qué nos sirve la existencia de la normativa penal.

Alfonso Torres Chávez / A los 4 vientos

Las normas en materia penal que derivaron de la reforma de 2008 son –en algunos casos- una verdadera aberración jurídica. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes regresó a los adolescentes al sistema de adultos. Hace algunos ayeres, se criticaba duramente esta Ley porque era oscura –en términos jurídicos-, poco clara, vacía de contenido.

Ahora se expide una nueva Ley cuyo primer problema legislativo es que viola en todo la Convención de los Derechos del Niño de 1989 expedida por la ONU.

La legislación tiene muchos problemas, tanto de contenido como prácticos. Me explico: la ley habla por ejemplo de un estudio de personalidad, que mide la peligrosidad de un sujeto.

El problema aquí es que los estudios o no se hacen, o se hacen mal. Los jueces de adolescentes deben ser literal: estudiosos del derecho, sobre todo por la velocidad con la que se dan las reformas desde la de 2008.

La reforma de 2008 abre la puerta a todo el sistema penal, hemos desterrado hierros y no todo está podrido, hay cosas que han mejorado, pero seguimos teniendo problemas de configuración legislativa, que no es otra cosa que, para poner un ejemplo, el hecho de que en la ley de adolescentes no existe un estándar para la clasificación criminológica de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal.

Imagen: El Carrión/ Internet

Si se toma en consideración que las instituciones penitenciarias tienen un departamento de criminología, la pregunta es cómo es que no se clasifica correctamente a los internos.

Los problemas de la normativa seguirán activos, pero es algo que se podría corregir en base a reformas y sobre todo a una aplicación de los protocolos y convenciones como la Declaración de Doha de 20015 que establece una serie de reglas sobre el sistema penitenciario.

La Declaración de Doha es el Programa de Naciones Unidas para los próximos cinco años en materia penitenciaria que fue expedida en el Congreso de Doha en Catar en el año 2015.

Esta declaración internacional establece los estándares en materia penitenciaria.

El próximo congreso donde se emitirá una nueva declaración será en el Congreso de Tokio en el año 2020 de donde saldrá la Declaración de Tokio de 2020, que nuevamente será sobre  sistema penitenciario y tendrá una nueva vigencia de cinco años.

Sin embargo, nuestro sistema interno normativo tiene otros problemas; la Ley General de Víctimas tiene miles de defectos que la hacen totalmente disfuncional, tiene 189 artículos y en cinco meses tuvo 256 cambios. La comisión de victimas está muerta.

El sistema progresivo penal, ya desapareció, pero además, se adhieren problemas con las normas que hacen funcionar el sistema.

A los 29 días de vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales ya tenía 42 reformas, y la Ley de Alternativas de Solución de Controversias introduce la figura de los facilitadores, pero no tenemos dinero para su aplicación (la pregunta es… ¿lo tendremos?)

Al expedir la Ley de alternativas violamos la Constitución porque no tenemos facilitadores que son ordenados por la ley.

Hace un tiempo escribimos algo sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal,  esta también tiene problemas porque no  clasifica nada.

Como vemos, los graves problemas de clasificación también están relacionados con la aplicación.

Foto de portada: Revista «Defensa y Justicia»/ tomada de internet