Iván Riebeling, ¿»derechohumanista» que amenaza y usurpa funciones impunemente?

La Defensoría de los Derechos Humanos en Baja  California solicitó medidas de protección para el periodista Odilón García Díaz, a quien un supuesto defensor de Derechos Humanos identificado como Iván Martín del Campo Riebeling (abajo, en la ilustración de PluralMx), representante en Baja California de la Organización Diplomática de Derechos Humanos Internacionales con sede en Monterrey, Nuevo León, amenazó de muerte.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos/ CEDHBC / Foto principal: Quadratín.

2 de abril del 2018.- El de García Díaz es el quinto caso de periodistas que en Baja California reciben intimidación y agresión verbal en los últimos meses -dos de ellos en el presente año-, y un ejemplo más de la situación de inseguridad y riesgo que vive un sector del periodismo estatal, que en 2017 acumuló 12 quejas de profesionales de la comunicación social contra la violación a sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad y a la integridad, y a la seguridad personal.

La Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez, puntualizó este día en Tijuana la necesidad de que se garantice la protección y el respeto al ejercicio periodístico, pues “nada ni nadie debe atentar contra la libertad de expresión”.

Lo anterior, en relación a las intimidaciones y agresiones verbales vertidas en contra de cinco periodistas, uno de los cuales –Odilón García, de Tijuana- también recibió amenazas de recibir agresiones físicas y por ello este día presentó denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La titular de la CEDHBC recordó que durante 2018 se han presentado en la institución dos Quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos de periodistas; aparte de que en 2017 se presentaron 12 Quejas: Cuatro en Tijuana, tres en Ensenada, tres en Playas de Rosarito, una en Tecate y otra más en Mexicali.

Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados en dichas Quejas son el derecho a la seguridad jurídica, a la libertad y a la integridad, y a la seguridad personal.

Y de acuerdo con la defensoría, los principales hechos violatorios contra periodistas de Baja California son: Emplear arbitrariamente la fuerza pública; ejercer violencia desproporcionada durante la detención; y detención arbitraria.

Por ello, Olvera Rodríguez reiteró su reconocimiento al papel que desempeñan los periodistas al poner el tema de los derechos humanos en la agenda de las instituciones de gobierno, “siendo coparticipes de un cambio en Baja California para avanzar en la consolidación de una sociedad más justa, e informar a la población acerca de sus derechos humanos”.

La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (izquierda) en charla de capacitación con los integrantes de la Asociación de Periodistas de Tijuana (Foto: CEDHBC)

El caso Odilón

Respecto a las amenazas de muerte que el periodista Odilón García recibió de parte del supuesto defensor de Derechos Humanos Iván Martín del Campo Riebeling, la Ombudsperson informó en un comunicado que desde el momento en que se tuvo conocimiento del tema la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares, así como para la inscripción del comunicador al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismas que “ya están siendo atendidas”.

De hecho, derechohumanistas consultados esta noche por A los 4 Vientos confirmaron que el periodista ya tiene a dos agentes estatales a su cuidado, pero destacaron que se trata de policías que no están capacitados profesional y técnicamente para realizar un trabajo tan único como el de brindar este tipo de protección.

Melba Olvera reiteró que entre los derechos fundamentales que el Estado, en su calidad de garante, está obligado a proteger, destaca el hecho de que los periodistas cuenten con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad y seguridad jurídica, así como su derecho a una debida procuración e impartición de justicia.

“Las y los profesionales de la comunicación deben reconocerse como un sector particularmente expuesto a agresiones y violaciones a sus derechos fundamentales”.

Recalcó que el Artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera clara que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”.

También que el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Además, el derecho a informar y ser informado también está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Tanto la libertad de expresión como la información son derechos garantizados para todas y todos y constituyen dos pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Por tanto, la información es un bien social que no pertenece a los medios de información o a los periodistas. La información es un derecho humano que debe ser utilizado de forma responsable para el beneficio común y no para intereses privados”, sostuvo.

El periodista Odilón García en composición fotográfica con los «derechohumanistas» que lo amenazaron (Foto: Pluralmx)

“Te voy a poner una putiza”

El pasado 31 de marzo, medios de comunicación de Baja California publicaron que Iván Martín del Campo Riebeling subió a redes sociales un video en donde amenaza al periodista Odilón García si éste seguía difundiendo datos relativos a presuntas investigaciones ministeriales hechas en su contra por autoridades judiciales de los Estados Unidos y que diversos medios de comunicación ya habían revelado.

“Conmigo no estén jugando –decía en el video-,  si fuera un criminal ya los hubiera mandado matar… pero en cuanto te vea de un putazo te voy a tirar la cabeza…si tú mandas una nota más periodista chayotero voy ir a buscarte a tu casa y te voy sacar enfrente de tu familia y te voy a poner una putiza”.

La información que molestó al presunto derechohumanista y que divulgó el periodista en su portal diariotijuana.info, refiere que fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que consultó García y otros periodistas de Tijuana, revelaron que Del Campo Riebeling estuvo preso cuatro años en San Ysidro, California, por los delitos de violación, secuestro y robo.

También que el presunto defensor de Derechos Humanos cuenta con denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntamente usurpar funciones, al presentarse como Director de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Algunas de las credenciales utilizadas por la organización en Baja California (Facebook)
En junio del 2017, el director regional adjunto de la DEA en la embajada americana en México, Andrés Chudowski, confirmó que Iván Mariano Martín del Campo Riebeling fue detenido en Estados Unidos en seis ocasiones. El «derechohumanista» admitió que varias veces estuvo preso en el vecino país, aunque aseguró que colaboró con la DEA estadounidense y que lo “traicionaron” bajo el argumento de que cometió un “crimen”, aunque después, afirmó, el mismo gobierno de Estados Unidos ordenó su liberación y le dio “una fuerte cantidad de dinero para que me quedara callado” (Información y fotografía de Agencia Fronteriza de Noticias).

Senado de la República lo denunció penalmente

Al respecto, A los 4 Vientos tuvo acceso a un comunicado del Senado de la República, de fecha miércoles 27 de enero del 2017 (boletín número 951), que textualmente informa lo que sigue:

“El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Roberto Gil Zuarth, dio instrucciones para interponer, a la brevedad posible, una denuncia penal ante las autoridades correspondientes.

Personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores ya presentó dicha denuncia penal, ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien resulte responsable.

Esto, a raíz de que varios medios de comunicación reportaron que una persona, aparentemente abogado de profesión e involucrada en un caso de presunta trata de personas en la Ciudad de México, se ostenta indebidamente como “Coordinador Nacional de Derechos Humanos del Senado de la República”.

Asimismo, el pasado 25 de enero, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó información por escrito sobre si una persona, de nombre Iván Mariano Martín del Campo, ha desempeñado o desempeña algún cargo o si pertenece a un área denominada “Coordinación Nacional de Derechos Humanos”.

El presidente del Senado rechazó categóricamente cualquier vínculo de la institución con quien se ostenta con este falso título y advirtió que tal cargo no existe en el órgano legislativo.

La denuncia presentada por la Cámara de Senadores establece que Iván Mariano Martín del Campo, también identificado como Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, “encuadra perfectamente su conducta delictiva en lo dispuesto por el artículo 250 fracciones I y IV del Código Penal Federal, toda vez que, sin ser funcionario público, se atribuyó ese carácter, además de usar símbolos e insignias que lo acreditan como servidor público sin tener derecho a ello”.

Asimismo, el presidente del Senado solicitó a la PGR una investigación sobre estos sucesos, para que las autoridades procedan en lo conducente conforme a derecho.

Un día después de esa información el acusado, entonces radicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, manifestó ser objeto de un ataque político de distintos partidos, que entonces no identificó, porque trascendió que su organización defendía a cinco mujeres surcoreanas que días antes fueron rescatadas de un bar de karaoke en donde se les explotaba sexualmente.

También dijo que él pertenecía desde el año 2000 a una organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la que tampoco identificó, y que la Organización Diplomática de Derechos Humanos Internacionales contaba con el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del Senado de la República.

Cabe destacar que el 6 de diciembre del 2017 -once meses después de la denuncia hecha por  Roberto Gil Zuarth-, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez, en funciones por el estado de Hidalgo, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, secretario de Puntos Constitucionales y vice coordinador de la Comisión Permanente en el Congreso, constató por escrito que Iván Mariano Martín del Campo Riebeling estaba comisionado a su oficina como «Coordinador en Defensa de los Derechos Humanos en la República Mexicana».

Asimismo que cuatro personas más -Juan Lee González, Jorge Delgadillo Aranda, Miguel R. Domínguez García y Teodoro Reyes Velázquez-,«son parte fundamental que colaboran con el adscrito Iván Mariano M. del campo antes referido», por lo que pide que se les «brinden las facilidades necesarias en el mejor desempeño de sus funciones».

Pleito con Daniel de la Rosa

Trasciende entonces esta información. El 6 de abril del 2017, el entonces secretario de Seguridad Pública de Baja California Daniel de la Rosa Anaya, informó a diversos medios de comunicación que “Iván Riebeling” era el origen de diversas versiones periodísticas en el sentido de que él pertenecía a grupos del narcotráfico en la entidad y que él encabezaba “el Cártel de los Pepos”. Esto en venganza a que el 23 de febrero de ese año elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a Riebeling en Ensenada y lo entregaron a la PGR.

En el diario mexicalense La Crónica, De la Rosa narró así los hechos:

“(…) el pasado 23 de febrero (de 2017) se detuvo a Iván Mariano Martín Del Campo Riebeling, en un restaurante de Ensenada, ya que se reportó la presencia de una persona que al parecer iba armada.

(…) al lugar llegaron agentes de la PEP. Del Campo Riebeling dijo ser coordinador de derechos humanos en materia operativo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal y Gendarmería Nacional.

“A Iván Mariano Martín Del Campo Riebeling se le encontró en poder de una escopeta calibre .12 y un arma corta calibre 380 que se localizó en el vehículo que conducía.

“El hombre presentó presuntos permisos para traslado de armas y una credencial plástica del Poder Legislativo Federal, de la Cámara de Senadores de la 63 legislatura (…) Así como una credencial plástica con la leyenda de Comisión Internacional de Derechos Humanos, que lo acreditaba como jefe de escoltas; también traía al menos tres charolas, pero en ninguna institución lo reconoció como empleado del lugar.

“(…) hay una denuncia penal, por medio del Poder Legislativo Federal, en contra de Iván Mariano Martín Del Campo Riebeling por usurpación de funciones (…) Por lo que la tarde del 23 de febrero Iván Mariano Martín Del Campo Riebeling fue detenido y después lo turnaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por la portación de armas.

“A raíz de esto, ésta persona (Del Campo Riebeling) ha venido generando diversas señalamientos en contra de la institución, ahí está el certificado médico de él, que se entregó (a la PGR) sin ninguna lesión, sin ninguna situación irregular.

“Se fue allá (centro del País) a presentar una queja en instancias nacionales, que es en donde no lo conocen, no conocen de la detención y pues es lo que se viene presentando.”

El 26 de octubre del 2017, Daniel de la Rosa Anaya terminó su encargo como secretario estatal de Seguridad Pública (estuvo 10 años al frente de esa institución). El gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid se limitó a reconocer el trabajo que desempeñó y dijo del destituido que actuó “con dedicación, compromiso y responsabilidad”.

La PGR, que de acuerdo con De la Rosa tuvo en su poder al presunto usurpador de funciones del Senado, no le fincó responsabilidad penal ni por la presunta portación ilegal de armas y tampoco por la denuncia hecha en su contra por el Senado. Por ello, Del Campo Riebeling siguió en libertad, trabajando en Baja California sin problemas hasta que hoy surgen las amenazas al periodista Odilón García.

La campaña contra Daniel de la Rosa en una plataforma digital hecha a la medida (Imagen: Facebook).

Presencia también con “Las Resistencias” de Mexicali

Otro periodista, el extinto Sergio Haro Cordero, ya había dado información del supuesto derechohumanista. El 20 de febrero del 2017, apenas tres días antes de la detención de Iván Martín del Campo en Ensenada, escribió:

“Desde el inicio de las manifestaciones (en Mexicali) contra el Gobierno del Estado y el Federal, una persona de nombre Antonio Hernández Espinosa llegó a los plantones con charola en mano. Afirmó ser del cuerpo diplomático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso se inscribió como observador en las mesas de negociación donde participó el alcalde (de Mexicali) Gustavo Sánchez.

“El organismo se hace llamar Organización Diplomática Internacional de Mujeres, Niños, Grupos Indígenas y LGTB, la cual es una asociación civil y no es parte de la ONU como dijeron; de hecho, ahora son alrededor de cinco personas las que se entrevistan con autoridades y manifestantes.

“El grupo de personas encabezadas por Hernández cuenta con charolas y chalecos que impresionan a los incautos, incluso a funcionarios que realmente han creído su mentira.

“La AC, establecida en Monterrey, Nuevo León,  y de la cual no se encontraron datos ante el Registro Público de la Propiedad, es encabezada por Iván Martín del Campo Riebeling (…) La organización, que ya tiene sede en Baja California, o por lo menos así lo exhibe una cuenta de Facebook que abrieron recientemente, no tiene relación con la ONU, ni se encuentra en el registro de organizaciones asociadas. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no cuenta con ningún vínculo con esta organización.

“Lo curioso de esta “organización diplomática” es que ante el presidente del Congreso del Estado, Ignacio García, aseguró que la CEDH quiso obligar a los 13 detenidos en Mexicali a firmar una declaración en blanco y que gracias a su gestión fueron liberados.

“Espinosa dijo ser coordinador y fiscal federal en Derechos Humanos, cargo que hasta donde entendemos no existe en la ONU, además, el organismo internacional no emite recomendaciones como lo hacen la CNDH y CEDH, según información consultada con un experto en el tema”.

Precisamente expertos en la defensa de los Derechos Humanos en Baja California confirmaron A los 4 Vientos que Iván Martín del Campo Riebeling y su organización “no es gente auténtica del campo de los derechos humanos”.

Afirmaron que “se refugian en este discurso para hacer de las suyas, sobre todo su dirigente. Dicen que son de la ONU y Naciones Unidas ya se deslindó de ellos. Dicen que son de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) e igual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y nada que ver.”

Y concluyeron: “Son gente de mucho cuidado. Son unos farsantes. Y ahora lo que su dirigente ha hecho con el periodista Odilón García ya no sólo es el colmo, sino hasta un grave delito de alguien que se dice defensor de los derechos humanos”.

 

 

 

En el siguiente video, el «derechohumanista» regala dinero en efectivo a los integrantes de las 70 familias damnificadas por el hundimiento de tierra en el fraccionamiento Lomas de El Rubí, Tijuana, en febrero de este año: