Diez aspectos para no olvidar la lucha contra Duarte

Hoy que la PGR pretende perdonar a César Duarte y a Jaime Ramón Herrera Corral, es pertinente realizar un ejercicio de la memoria.

Jaime García Chávez* / 4 Vientos

El 24 de septiembre de 2014 un puñado de hombres y mujeres citamos a los medios de comunicación en un restaurante del centro de la ciudad de Chihuahua para dar a conocer un hecho insólito: la denuncia que un día antes, se había presentado ante varias instancias oficiales en contra del entonces gobernador César Duarte y varios funcionarios de su círculo más cercano, a quienes acusamos penalmente por diversos ilícitos, algunos de los cuales son de competencia federal.

Y aunque el resto, como suele decirse, es historia, es saludable y necesario recordarla, especialmente porque los acontecimientos han mantenido la dignidad de un pueblo que por apostarle al derecho ha encontrado obstáculos, golpes (literalmente) y un sinnúmero de excusas legales emanadas precisamente de esas instituciones que constitucional, política y moralmente están establecidas como garantes de los derechos humanos y el combate a la corrupción.

Mucha tinta ha corrido desde entonces; todo el historial del infame sexenio de Duarte y el peñaniestismo protector que le ha acompañado hasta ahora se puede encontrar en la página web jaimegarciachavez.mx y en mis redes sociales ahí consignadas; o en las hemerotecas, impresas y digitales, de varios medios de circulación estatal y nacional.

Movido quizá por una inquietud pedagógica, esta vez mi deseo es hacer un ejercicio que, si bien no se ciñe con rigurosidad a una cronología, sí pretende desarrollar una línea del tiempo basada en varios ejes temáticos que muestro a continuación:

El ex gobernador Duarte, ¿exonerado por la PGR? (Cortesía JGCH)

Salir a la luz pública. Como explicaba al inicio de este texto, la denuncia interpuesta el 23 de septiembre de 2014 fue dada conocer un día después ante los medios de comunicación. Hasta entonces, la corrupción gubernamental era parte del rumor público y la percepción generalizada era de que Chihuahua tenía en Palacio a un gobernador cacique y saqueador: acopio ilícito de bienes, presiones para apoderarse de ranchos, etcétera. Sin embargo, de entre todo surgió la primera evidencia y tenía que ver con la inyección de recursos públicos multimillonarios a la Unión de crédito Progreso, con sede en Delicias, Chihuahua, para aparentar liquidez y justificarle su ascenso a banca múltiple ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. César Duarte creó para ello un fideicomiso por 65 millones, en los que estuvo involucrado el hoy extinto Carlos Hermosillo, mientras que Jaime Ramón Herrera Corral, que aceptó públicamente ser accionista, fungía a la vez como representante de Unión Progreso y secretario de Hacienda para facilitar el cabildeo ante la CNBV, según consta en ediciones del Periódico Oficial de la Federación.

El expediente. La apuesta por el derecho, en un país que descree de las instituciones que imparten justicia, es poco menos que una quijotada. Quienes creemos en la democracia mantenemos viva la idea de que las leyes han de ser respetadas y la impunidad desterrada como bisagra del accionar cotidiano de la sociedad.

El acoso institucional. Tras la denuncia, interpuesta incluso en la Fiscalía duartista, las primeras reacciones del poder local se manifestaron de diversas maneras. El entonces secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, orquestó la primera muestra de odio mediante un desplegado publicado en uno de los periódicos de mayor circulación estatal y en el que rectores de universidades públicas y privadas (algunos obligados, otros no) se volcaron con amenazantes epítetos hacia mi persona.

Las adhesiones personales, luego las políticas. Con la denuncia llegaron las adhesiones personales, las de amigos y familiares, las de mujeres y hombres que apoyaron la denuncia y al mismo tiempo temían por mi integridad física. Prominentes hombres y mujeres de la más diversa geografía política se sumaron públicamente e hicieron suya la causa. La denuncia penal debía seguir su curso.

La fundación de Unión Ciudadana. El 28 de noviembre de 2014 convocamos a una asamblea masiva donde cientos atestiguaron la fundación de Unión Ciudadana, aun cuando en la presentación de la denuncia en septiembre ya nos ostentábamos propositivamente con ese nombre y una insignia gráfica que se mantiene hasta la fecha. La reunión fundacional no estuvo exenta de camorristas enviados por el gobierno priísta. Las agresiones, los bloqueos, los obstáculos se repitieron en la marcha emprendida por Unión Ciudadana en cada una de las ciudades del estado en que se instituyó nuestro movimiento.

Con Javier Corral al frente, marchó la Unión Ciudadana (Cortesía)

Derechos humanos, órgano decorativo. El 28 de febrero de 2015 las huestes del PRI trataron de aplastar el mitin que Unión Ciudadana había convocado con suficiente antelación en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno. De nuevo, los camorristas, líderes seccionales del PRI, funcionarios públicos menores, tanto del estado como del municipio de Chihuahua, sorprendieron a los manifestantes contra la corrupción duartista y desplegaron una impresionante injerencia en el mitin. Sin embargo, la postura digna y no violenta de los manifestantes genuinos terminó por desplazar a los porros encabezados, entre otros, por varias lideresesas del PRI encabezadas por Tomasa Rojo, conocida como “La negra Tomasa”. Esta violación al derecho a manifestarse pacíficamente y expresar ideas políticas contrarias al gobierno, las agresiones físicas y el evidente manipuleo de funcionarios públicos no fueron suficiente materia para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera recomendación alguna, luego de que su homóloga estatal se proclamara incompetente para resolver. Los hechos se narran en el video “Los porros de Duarte” (puede localizarse fácilmente en YouTube) que fue integrado a la queja que formalmente se presentó casi un mes después de acopio de evidencias y firmas representativas de los afectados.

El peso electoral. El antiduartismo ganó las elecciones de 2016. El candidato Javier Corral, que antes de serlo se había desentendido de acuerdos colectivos de mayor alcance en una reunión pública con la sociedad en diciembre de 2015, apareció, de pronto, dos meses después, como aspirante a la gubernatura, sólo del PAN. Se deshizo de UC y creó su Alianza Ciudadana.

Triunfo, conformismo y deslinde. Tras la derrota priísta, el 22 de junio, con un duartismo en pique, la sociedad se volcó hacia el Palacio de Gobierno para exigir la salida, literal, del cacique. El panismo se retractó, se conformó con el saldo en las urnas y, triunfante, trató de inducir las directrices de un movimiento al que había pertenecido.

El desprecio gubernamental renovado. Unión Ciudadana promovió un amparo en contra de la decisión de la PGR de desconocer, incluso, la existencia de la denuncia que interpusimos en septiembre de 2014. UC interpuso de nueva cuenta su denuncia a nivel local pero, como la PGR, la Fiscalía de Corral Jurado nunca ha emitido declaración alguna. Tras la renuncia de Raúl Cervantes de la PGR en octubre de 2017, la miasma reculó y reconoció la posesión de la denuncia en su unidad de delitos financieros. Pero meses más tarde, amparo de por medio, terminó por informar que se pronunciaría en la no existencia de la acción penal.

A partir de ahora, continuamos la lucha como insumisos.

* Jaime García Chávez. Abogado, político, escritor y periodista chihuahuense. Visita su Blog:Jaime García Chávez | abogado · político · periodista