EN EL CAMINO: Ley del Agua y participación social

En nuestro país la formulación de leyes resulta, en términos generales, del cabildeo de grupos empresariales ante los legisladores con capacidad para aprobarlas en los congresos, ya sea a nivel estatal o federal. La práctica no es realmente diferente a la que tiene lugar en otros países, pero en el caso de México, y esto hace que la diferencia sea significativa, estos grupos y los legisladores que trabajan con ellos están dramáticamente distanciados de la sociedad civil.

Jesús Francisco Galaz Fontes / A los 4 Vientos

La aprobación reciente de la Ley de Seguridad Interior constituye un ejemplo en el que, el Congreso de la Unión, contra un consenso en contra pocas veces visto de parte de actores informados de la sociedad civil, aprobó dicho ordenamiento. En un país con una democracia desarrollada, una opinión pública razonada en contra hubiera bastado para hacer que el gobierno reconsiderara la conveniencia de imponer la legislación en cuestión. Pero estamos en México y nuestra democracia todavía no vuela a esas alturas.

Se dice que México tiene buenas leyes y que nuestro único problema es que su aplicación es deficiente, que está contaminada por la corrupción, la cual se asocia, regularmente, a características personales o a atributos difíciles de concretar, como cuando se hace referencia a nuestra cultura.

Es conveniente abrir los ojos y poner mucha atención a las leyes que nos rigen. Muchas de ellas están hechas para que se beneficien los grupos empresariales que las promovieron.

Piénsese, por ejemplo, en la Ley de Asociaciones Público Privadas vigente en Baja California. Esta ley le da al gobernador en turno toda la libertad de aprobar los proyectos sin tomar en cuenta otra opinión que no sea la de él, dado que el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas está conformado, exclusivamente, por funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo.

¿Es esta una “buena” ley? ¿Tiene los pesos y contrapesos necesarios para evitar abusos? Seguramente que hay muchos aspectos en los que nuestras leyes deben mejorarse, y así mismo, muchos de tales aspectos dependerán del objeto de cada ordenamiento. No obstante, una dimensión que necesita atenderse urgentemente es la de la participación. Nuestras leyes deben elaborarse mediante procesos en los que la participación de la sociedad sea una realidad en el sentido de que no sea meramente ornamental y, por otro lado, las leyes en sí mismas deben promover dicha participación. ¿Y por qué es importante la participación para la formulación de nuestras leyes? Muy sencillo: una participación informada, organizada, pausada y responsable las enriquece y, al mismo tiempo, las legitima. No es poca cosa, ¿no les parece?

En diciembre de 2016 el Congreso del Estado aprobó una Ley del Agua para el Estado de Baja California que, menos de un mes más tarde, el mismo Congreso tuvo que abrogar luego de las marchas de enero de 2017. En el proceso de abrogación quedó evidenciado el control del Ejecutivo tenía (¿tiene aún?) sobre el Congreso y, al mismo tiempo, la distancia existente entre el Congreso y la sociedad a la que dice representar.

La participación de decenas de miles de ciudadanos en las marchas de principios de 2017 fueron decisivas para que se derogara la Ley del Agua

Que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid haya afirmado durante su campaña electoral, que con él “la gente manda,” no hace sino más paradójico el comportamiento de esta autoridad que, por un lado presume que es incluyente y, por otro, está tan centrado en sí mismo y en su grupo de incondicionales, que hasta el empresariado local ha tenido una actitud crítica hacia su gestión.

Respecto a la formulación de una nueva Ley del Agua hubo una propuesta ciudadana presentada al Congreso por el Lic. Carlos Atilano Peña el 15 de junio y, por otro lado, el colectivo Mexicali Consciente presentó el 12 de julio, también ante el Congreso, un conjunto de consideraciones que una futura ley del agua debe contemplar. ¿Qué ha sido de estas iniciativas y consideraciones? ¿Se ha dignado el Congreso atenderlas y responder a sus autores? Todo indica que, además de ser selladas de recibidas, los documentos correspondientes han de estar durmiendo el sueño de los justos.

Hará un par de semanas se dio a conocer la iniciativa para una “Ley Ciudadana Popular de Aguas para Baja California” que, por declaraciones de sus convocantes, requerirá varios meses para generar una propuesta, toda vez que el proceso de formulación aspira a ser lo más incluyente posible. La iniciativa generó, entre algunos funcionarios públicos, comentarios positivos.

Por otro lado, hace algunos días se corrió la noticia de que el Congreso Coordinador Empresarial ha entregado al gobernador un borrador que éste ve con beneplácito como una manera de “iniciar” los trabajos de una iniciativa de Ley del Agua que podría votarse en el Congreso a lo largo de las próximas semanas. Así, mientras una iniciativa ciudadana y popular declara necesitar varios meses para generar una propuesta de Ley del Agua, una iniciativa empresarial es saludada por nuestro gobernador con el comentario de que puede servir para iniciar un proceso que pudiera llevar, en semanas, a una votación de una nueva Ley del Agua.

Tal parece que nuestros gobernantes y los grupos empresariales cercanos no han entendido que existe un sector de la sociedad civil que reclama su derecho a participar en la formulación de una Ley del Agua. Es un asunto central para el presente y para el futuro de Baja California y el resultado debe ser uno a la altura de los retos que se avizoran en el horizonte y, así mismo, debe ser uno que la sociedad considere legítimo. No se trata de simular un proceso participativo, sino realmente llevarlo a cabo, y no hay mejor forma de hacerlo que, en un primer momento, negociando y planteando, de manera conjunta con los actores involucrados, una ruta crítica para la elaboración del documento en cuestión.

En efecto, el Congreso y el Ejecutivo deben negociar con la sociedad el trayecto a recorrer para la elaboración de una Ley del Agua que no tenga el mismo destino que el anterior intento de legislar a espaldas de la sociedad. ¿No sería más sencillo todo esto si nuestros gobernantes fueran incluyentes y aceptaran que la sociedad tiene derecho y reclama participar en la formulación de las leyes que han de gobernarla? ¿Por qué les resulta tan difícil comportarse democráticamente? ¿O es que el Ejecutivo y sus fieles diputados están pensando en otro madruguete legislativo?

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