«Kiko», una vez más. Su gobierno dañó con 171.5 mdp al erario en materia de Salud Pública

El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ocultó información, mintió, evadió pago de impuestos y violó disposiciones oficiales en el sector público de Salud. Con ello provocó un daño al erario nacional de 171.5 millones de pesos.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 14 de febrero del 2018.- Las acciones ilegales las cometió en el ejercicio fiscal 2016 del Instituto de Salud Pública de Baja California (ISESALUD), e impactó negativamente al menos el 10 por ciento de los recursos públicos federales que Vega recibió ese año del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y observó las irregularidades al revisar el manejo que del presupuesto federal por mil 997.6 millones de pesos realizaron como egresos la Secretaría de Planeación y Finanzas y el ISESALUD, ambas del gobierno de Baja California.

El auditor nacional concluyó que durante el desarrollo de la fiscalización al 85.3 por ciento del presupuesto del FASSA (alcanzó mil 704 millones de pesos), se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones legales diversas.

Entre ellas destacó “la inobservancia de la normativa, principalmente en materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley del Impuesto sobre la Renta”.

Y él, ¡feliz de la vida! (Internet)

El resultado de los delitos que cometió el gobierno estatal fue “un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 171 millones 502 mil pesos, los cuales representan el 10% de la muestra auditada”.

El director del área y el director general de la ASF –arquitecto Raymundo Montiel Patiño y el licenciado Lucio Arturo López Ávila, respectivamente- enumeran en su informe los ilícitos en que incurrió la administración de Vega.

1.- Las percepciones de la nómina de los trabajadores de los Servicios de Salud que son gravadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), fueron renombrados ilegalmente por “percepciones exentas”, sin autorización alguna de la Secretaría federal de Hacienda o alguna entidad legislativa.

2.- Existe una diferencia de recursos entre el saldo bancario y lo reportado como pendiente de ejercer contablemente en el avance presupuestal del fondo.

3.- Incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, “ya que la información que emitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no coincide con los registros contables y presupuestales”.

Los daños, en un fondo que protege a cientos de miles de personas sin acceso al derecho a la salud en el estado (Foto: SEDESOL).

Esta última ilegalidad por sí misma provocó que la administración estatal quedara incapacitada de conocer sus debilidades y áreas de mejora en el sector de Salud Pública, y de hacer un uso adecuado y eficiente del FASSA.

El auditor federal reportó que ya procedió a realizar la “promoción de las acciones correspondientes” para corregir y sancionar las irregularidades que cometió el gobierno de Baja California, de quien concluyó:

 “No realizó una gestión eficiente y transparente del Fondo (…), ajustada a la normatividad que regula su ejercicio.”

Esto en un fondo federal que tiene como principal meta facilitar recursos a los gobiernos estatales para la prestación del servicio de salud a la población que no cuenta con empleo formal, o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a ese tipo de servicios.

Además, de acuerdo con el portal cibernético del fondo que se ejerce a través de la Secretaría federal de Salud, el FASSA busca consolidar los sistemas estatales de Salud, y con ello consolidar al Sistema Nacional de Salud, mediante la implementación de mecanismos de apoyo a la protección contra riesgos sanitarios, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como el abasto y entrega oportuna de medicamentos a la población meta del recurso.

Con información de Monitor Económico de BC