EN EL CAMINO: No olvidemos el violento desalojo de manifestantes en Mexicali (primer aniversario)

El martes 13 de febrero se cumple un año del violento desalojo realizado por la Policía Municipal, bajo las órdenes de Ulises Méndez, del plantón que se mantenía en el Ayuntamiento de Mexicali, presidido éste por Gustavo Sánchez. Son varias las razones por las cuales conviene no olvidar esta fecha.

Jesús Francisco Galaz Fontes/ A los 4 Vientos

La violencia que vimos hace un año es el último recurso que un gobierno debe emplear para resolver un conflicto social. Antes de la violencia debe prevalecer el diálogo entre las partes.

Dialogar no es sencillo, definitivamente, pero los funcionarios públicos son los ciudadanos que, por la naturaleza de su trabajo, debieran ser los más habilitados para platicar, como se dice coloquialmente, inclusive con el diablo.

Desalo violento de manifestantes en Mexicali por parte de la Policía Municipal. Foto: internet/ La Silla Rota

Los sucesos del lunes 13 confirmaron, sin embargo, que nuestros funcionarios públicos tienen poca disposición para el diálogo, además de que tampoco parecen tener mucha experiencia en dialogar con ciudadanos que no piensan como ellos y, sobre todo, que no se sujetan al protocolo de la política palaciega a la que están acostumbrados.

Si nuestros funcionarios públicos supieran dialogar sabrían que tal actividad necesita del establecimiento de relaciones personales en las que los que van a participar en un diálogo, tengan la oportunidad de conocerse mutuamente para desarrollar la confianza mínima entre ellos que les permita, más adelante, reunirse y dialogar de una manera constructiva.

Se puede argumentar que tampoco los manifestantes que fueron desalojados del Ayuntamiento contaban con las mejores habilidades para dialogar con el gobierno. Sin duda alguna que hay alguna razón en este planteamiento, pero la gran diferencia es que los gobiernos son los que tienen la responsabilidad principal de mantener una política de diálogo abierto hacia la ciudadanía. Ese es un componente esencial del trabajo (por el cual, por cierto, se les paga) de los funcionarios públicos y, si no lo hacen bien ni tienen intención de aprender, tal vez deberían pensar en otra actividad profesional. Mandar publicar boletines de prensa, hablar con todos los medios de comunicación, pero no con los ciudadanos demandantes, no fomenta el diálogo, aunque las declaraciones y las consignas se repitan una y otra vez.

En otro orden de ideas, recurrir a la violencia como medio para solucionar una situación conflictiva lleva, inexorablemente, a que dicha violencia se vea como la estrategia central para resolver problemas ya que, después de todo, ejerciendo la violencia es factible lograr, al menos aparentemente y en el corto plazo, que el problema desaparezca. Pero una cosa es que se logre un objetivo, digamos desalojar ciertas oficinas gubernamentales, y otra cosa muy diferente es solucionar el problema por el cual dichas oficinas estaban siendo bloqueadas, como es el caso con los sucesos que hoy recordamos.

La violencia, además de que aparenta solucionar un problema en el corto plazo (y en mucho debido a ello), desalienta la búsqueda, a través de un diálogo organizado, informado, sistemático y de largo alcance, de soluciones creativas, incluyentes y que beneficien concreta y claramente a todos los involucrados.

El hecho de que luego de ese lunes 13 se hayan presentado otras acciones violentas, siendo la del Rancho Mena la más reciente, confirma que nuestros funcionarios públicos no parecen haber aprendido nada en todo este tiempo. ¿Estarán realmente interesados en aprender a dialogar con la ciudadanía? ¿En qué sí estarán interesados nuestros representantes?

Aprehenden a manifestantes y activistas de Mexicali Resiste. Foto: internet

Finalmente, como un gobierno democrático no puede ejercer la violencia de una manera arbitraria, y nuestros gobiernos se precian de serlo, una vez que se ha ejercido la violencia se usa al poder judicial para justificar las acciones realizadas. Así, luego de que los ciudadanos involucrados han sido víctimas de una violencia de estado a nivel físico, se les persigue judicialmente para poder declarar que, en realidad, fueron los ciudadanos los responsables de la violencia que el estado aplicó y la ciudadanía sufrió. De este modo se implementa, además de una violencia física, otras violencias como la jurídica, la social, la mediática y la psicológica. ¿De qué otra forma se puede explicar la celeridad (y muchas veces torpeza) con la cual la justicia persigue a los ciudadanos activistas, mientras que avanza a un paso desesperadamente lento en las demandas interpuestas por los activistas en contra del gobernador y algunos de sus colaboradores?

Vivimos en una época en la cual la información se difunde de una manera impresionantemente rápida. La vida pública es tan dinámica que el escándalo de ayer se olvida pronto, ya que los escándalos de hoy ocupan ahora nuestra atención y, aunque la ciudadanía se mantiene en un estado prácticamente permanente de indignación, con el paso del tiempo olvida y su disposición para participar en la vida pública se desgasta. Nuestros gobernantes saben esto, y por ello en lugar de intentar genuinamente de enfrentar los retos que afrontamos, juegan al olvido y al desgaste de la ciudadanía y, más específicamente, de los activistas que tan molestos resultan con sus protestas, sus falta de respeto y su no-consideración de las buenas costumbres.

Vencer la inercia del olvido no es sencillo en nuestros tiempos. A pesar de las enormes posibilidades que nos ofrece la tecnología, necesitamos organizar, analizar y sintetizar la información relevante del pasado para entender una determinada problemática. En este esfuerzo resulta imprescindible no olvidar, sino recordar críticamente y contar las historias de las que hemos sido testigos, para que algunas, como la del lunes 13 de febrero de 2017, no vuelva a repetirse.

Las primeras marchas en Mexicali, en enero de 2017, contra el gasolinazo la corrupción y en defensa del agua. Foto: Internet

Imagen de portada: Desalojo violento de manifestantes en contra del gasolinazo y en defensa del agua, en operativo efectuado por la Policía Municipal de Mexicali el 13 de febrero de 2017. Foto: Cristian Torres/ Zeta