Crece el armamentismo en Baja California

A más de un año de que las autoridades de Baja California solicitaron al gobierno de Arizona que criminalizara la venta ilegal de armas a México, no hay respuesta y siguen entrando mensualmente a la entidad miles de pistolas, fusiles de asalto, cartuchos, municiones y granadas.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

(Trabajo que se publicó originalmente el 15 de febrero de 2012).- De hecho, las dos entradas a rutas de tráfico de armas a México detectadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California –las ciudades de Tijuana y Mexicali, controladas por el Cártel de los Arellano Félix- se mantienen intactas.

Y una comisión de diputados federales fracasó el año pasado en un intento por sanear las aduanas fronterizas en la entidad, y el resto de las 19 que existen en frontera norte de la República, en donde se presume hay un lazo vital para que se dé, con total impunidad, el cruce ilegal de armamento a Baja California.

“No hay nada oculto, (las armas) no pasan por el cerro o por el aire, pasan por la aduana. El contrabando hormiga definitivamente es por ahí”, ha dicho el jefe de la Oficina de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, Rodolfo Luna Herrera.

El funcionario reveló también que son los miembros de la pandilla conocida como “La Mara 18”, los que se encargan de poner el armamento en las calles de Baja California y el resto del territorio mexicano

“Ellos son los que surten al crimen organizado. Son los que se encargan de recabar todo el armamento en las calles de Estados Unidos y luego las venden o lo cambian por droga en México”, apuntó.

De hecho, la oficina bajo la responsabilidad de Luna Herrera reporta que más del 80 por ciento del armamento decomisado en Baja California –alrededor de cuatro mil al año en promedio, según estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)-, fueron adquiridas o robadas en tiendas de ciudades y poblados del sur de Estados Unidos.

Fundamentalmente en Arizona: hasta un 80 por ciento del total requisado, según las mismas fuentes.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Baja California, licenciado Daniel de la Rosa Anaya, reveló que desde enero del 2011 el gobierno del estado recomendó al estadunidense que mejorara los operativos y controles en la venta de armas en su país, principalmente en Arizona, para impedir su traslado a Baja California.

Esta posición del gobierno de Baja California quedó plasmada en documentos oficiales de la 29 Conferencia de Gobernadores Fronterizos de ambos países, cuando en septiembre del año pasado sus miembros se reunieron en la ciudad de Ensenada.

En esa ocasión, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán hizo tres propuestas específicas en el tema de reducción del tráfico de armas de Estados Unidos a México:

1.- Aplicar un mayor control en las armerías para evitar la venta a bandas dedicadas al traslado explosivos y armamento.

2.- Dar seguimiento a las investigaciones dedicadas a conocer la forma de operar de las bandas e individuos que trafican las armas desde los Estados Unidos.

3.- Incrementar los operativos que las autoridades estadunidenses deben desplegar en la frontera para evitar el tráfico de armas.

“Con que ellos realicen esas tres funciones se va a ver una reducción significativa del tráfico de armas hacia México”, estimó el funcionario.

Y Osuna Millán dijo: “Nosotros estamos exhortando para que una medida de control adicional sea tomada por los gobiernos estatales –de Estados Unidos-, y ésta consiste en el registro y el reporte de compras múltiples de armas de fuego”.

Seis meses después de la petición formal del gobierno bajacaliforniano, los estados fronterizos de la Unión Americana con México nada han hecho para aplicar o al menos considerar la solicitud.

 

UNA SUPER INDUSTRIA

Esto puede explicarse por dos hechos: Primero, la Constitución de Estados Unidos permite que los ciudadanos americanos puedan adquirir cualquier tipo de armamento, desde un arma corta hasta un lanzagranadas.

En segundo lugar están los intereses que se mueven detrás de la industria armamentista de los Estados Unidos, principal abastecedor de armas a México.

Con base a estudios hechos por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, entre 40 y 60 por ciento de las armas que el crimen organizado utiliza en nuestro país –un total de 12 millones 750 mil de las 15 millones que hasta el 2009 circulaban en México (según “Small Arms Survey”, organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza)- provienen de Estados Unidos.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales del Poder Legislativo federal, en Estados Unidos existen 40 grandes empresas fabricantes e importadoras de armas, las cuales comercializan aproximadamente tres millones de artefactos bélicos.

Por otro lado, el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, estima que Estados Unidos destina más de 340 mil millones de dólares al año para el desarrollo, producción e implementación de armas, que lo convierte en el país armamentista más grande del mundo, por encima de Rusia y Alemania.

Además, en el último informe presentado en febrero de 2011, el Instituto reveló que de las 100 empresas fabricantes de armas con mayores ganancias, 45 se encontraban en Estados Unidos, entre ellas los cinco consorcios más poderosos: Lockheed Martin, Boeing, Northrop-Grumman, General Dynamics and Raytheon.

Las ganancias conjuntas de las compañías estadunidenses fueron de 247 mil millones dólares en ventas, lo cual representa el 61.5 por ciento del total de las ventas de las 100 armadoras.

Y de las ganancias que anualmente obtiene la industria armamentista estadunidense, 30 mil millones impactan directamente en la economía del poderoso vecino.

Por otro lado, un estudio elaborado en 2011 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), titulado: “Armas  Pequeñas y Livianas: Una Amenaza para la Seguridad Hemisférica”, advirtió que Estados Unidos es el principal exportador de armas en el mundo y América Latina, donde sus principales socios comerciales en ese ámbito son: Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.

El documento también señala que la “debilidad institucional” para ejercer un control adecuado y efectivo de los arsenales que ingresan ilegalmente a México,  ofrece un terreno propicio para la proliferación de armas.

Al respecto, el CESOP precisa que junto al mercado de los estupefacientes ha proliferado la industria de las armas, al grado de que México el tráfico de armamento es ya el segundo delito en importancia, por debajo del narcotráfico, y a nivel mundial nuestro país pasó de ser el lugar número 22 al número cinco, en cuanto al tráfico de armas se refiere.

Y esto se dio, según reconoce la Unidad Especializada de Lucha contra el Tráfico de Armas y Municiones de la PGR, en los últimos 10 años.

 

¿ARMAS? ¡DE CUAL QUIERE!

La Procuraduría General de la República también sabe que en la frontera sur de Estados Unidos hay más de 100 mil permisionarios que venden armas en negocios constituidos o a través de las “ferias” del ramo.

Estas “ferias” son famosas en California y Arizona, estado éste último en donde opera una bodega-bazar, similar a cualquier tienda departamental famosa y ubicada en la ciudad de Kingman (Norte de Arizona), en donde las personas pueden comprar y vender, en 52 de las 54 semanas del año, “cuernos de chivo” (AK-47) en menos de mil dólares, y rifles de asalto AR-15 nuevos desde 825 dólares.

En estas ferias de Arizona diversos medios de comunicación de los Estados Unidos y México han documentado que una pistola Beretta de 9 milímetros cuesta 495 dólares; una Taurus 38 súper, 519; una 357 Magnum, 309 dólares; silenciadores, entre 300 y 500 dólares, y si los rifles de asalto son usados, se pueden comprar hasta en 700 dólares.

Aparte esta el costo de las armas en el mercado negro, el cual se mueve en rangos que van de 800 a 2 mil dólares.

La PGR documenta que la mayoría de las armas que se usan de manera ilegal en Baja California son de origen estadunidense, y las marcas más usadas son Colt, Marlin, Bushmaster, Beretta, Raven, Remington, Smith & Wesson, Browning, Mossberg y Jennings.

De Austria llega la Glock, de Rumania la Romarm Cugir y de China la Norinco.

De 2006 a 2011 la PGR ha incautado en Baja California miles de fusiles de asalto, cartuchos, municiones y granadas. De cada 10 armas decomisadas al crimen organizado, entre 8 y 9 provienen de Estados Unidos.

A nivel nacional, de 1995 a febrero de 2011 la fiscalía federal dice que registró el aseguramiento de 152 mil armas de fuego,  13.2 millones de municiones y  3 mil 183 granadas, cantidad exigua si se toma en cuenta que tan solo en el sexenio de Vicente Fox Quesada entraron al país, de manera ilícita, cinco millones de armas, de las cuales el 85 por ciento era norteamericano.

Según reportes de la PGR, por el aseguramiento de armas con más “versatilidad, potencialidad lesiva, alcance, penetración y volumen de fuego”, el cártel del Golfo y Los Zetas son las organizaciones más violentas.

El informe destaca los cohetes antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm. Aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación y fusiles Barrett calibre .50.

Asimismo armas de fuego de nueva generación, como la subametralladora belga FN Herstal calibre 5.7×28 mm, conocida como “five-seven” o “matapolicías”, que por su munición subsónica, trazadora y de penetración puede traspasar los blindajes de kevlar o crisat de última generación.

La fiscalía considera al cártel de los hermanos Arellano Félix que opera en Baja California, como usuario de armas de fuego “convencionales”, ya que se les han decomisado en menor proporción “algunos fusiles Barrett, lanzacohetes y subametralladoras FN Herstal 5.7”.

Al cártel de Sinaloa, que según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) -hechos públicos en marzo de este año- también tiene presencia en Baja California, se le ha decomisado armas cortas y fusiles de asalto con características convencionales y excepcionalmente lanzagranadas y granadas de .37 milímetros.

La aparición en México de las sorprendentes armas que disparan balas calibre .223, capaces de atravesar chalecos antibalas, se dio en junio del año 2007 en la ciudad de Tijuana, cuando fueron utilizadas en un asalto que supuestos estudiantes de la Universidad Iberoamericana perpetraron contra una compañía telefónica.

 

ARMAMENTISMO: PROBLEMA DE ESTADO

Al destacar la nula respuesta de los gobiernos estadunidenses fronterizos con México a las demandas del gobierno de Baja California, José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad.

“México –dijo- vive una crisis por este contrabando y por los crímenes que se cometen cada año. Un ejemplo es Baja California, en donde las autoridades informan de cientos de ejecuciones al año cometidas con estas armas ilegales, que entran al estado contando con la complicidad de los servidores públicos”.

Por ello, dijo, es fundamental investigar y castigar a la corrupción, complicidad y negligencia que actualmente existe en las garitas fronterizas, marítimas y aeroportuarias, que son la causa principal de la entrada ilegal de armas al país.

Asimismo, realizar campañas de despistolización permanente, destruir de manera efectiva del excedente de las armas decomisadas, dar cumplimiento, por parte de los tres órdenes de gobierno, a la disposición legal de realizar campañas educativas permanentes sobre armas, reformar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos a fin de adecuar su contenido a los tiempos actuales, y atender el llamado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de exigir a los países productores de armas de terminar con este contrabando,