La SCJN aceptó analizar la acción de inconstitucionalidad del decreto que crea dos plantas desalinizadoras en BC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó hoy la propuesta de 11 diputados de Baja California de que analice una acción de inconstitucional para el Decreto 168 (antes Dictamen 95) del congreso local relativo a la aprobación y endeudamiento necesario para construir dos plantas desalinizadoras en la entidad, y privatizar el servicio de drenaje pluvial en Mexicali.

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos

Ensenada, B.C., 23 de enero del 2018.- El Poder Judicial de La Federación inmediatamente notificó su decisión a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, presenten informes amplios y detallados del tema a juzgar.

En particular, los ministros de la Suprema Corte pidieron al ejecutivo estatal la exhibición certificada de un ejemplar del Periódico Oficial donde se publicó el decreto, en tanto que el legislativo deberá entregar todos los antecedentes de la orden impugnada.

El Acuerdo de la SCJN, que se publicó este día en la Lista de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acción de Inconstitucionalidad, determina que de no cumplir con la orden los notificados serán acreedores a una sanción.

También ordena: “Dese vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que antes del cierre de instrucción formule el pedimento que le corresponde.”

Previo a este hecho, un juez federal de Distrito admitió -el 22 de diciembre del 2017- un recurso de amparo que indígenas nativos y migrantes residentes en Baja California pidieron porque el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid y el congreso local, no realizaron una consulta para la realización de las plantas desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín, con lo cual violaron derechos irrenunciables que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las comunidades originales.

Fue el pasado 3 de enero cuando legisladores de los partidos Encuentro Social (PES), de Baja California (PBC), del Trabajo (PT), Regeneración Nacional (MORENA), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN-Miguel Antonio Osuna Millán), presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

El proyecto virtual de la planta desalinizadora de agua marina en Playas de Rosarito (Cortesía).

Son dos las causas que los diputados esgrimieron para presentar su petición, la cual quedó asentada como expediente 2/2018 en la SCJN.

Luis Moreno Hernández, legislador del PES, las explicó así:

La primera es “por las violaciones al procedimiento (en el congreso local) que consistieron en la notificación arbitraria, minutos antes de la hora que convocaron a una sesión extraordinaria, no justificada, en una convocatoria sin orden del día… (Incluso) A algunos diputados la convocatoria les fue entregada hasta 15 minutos o media hora después de empezada la sesión”.

La segunda fue “el enorme endeudamiento público -más de 82 mil millones de pesos- que representa la aprobación del dictamen 95 –que en el Periódico Oficial del Estado se publicó como Decreto 168- para pagar con la recaudación del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo, la construcción de las plantas desalinizadores y cuatro obras pluviales en un periodo que va de 20 a 35 años”.

Los diputados de oposición también sustentaron su acción “por la decisión del Poder Legislativo del Estado de declinar la responsabilidad de legislar y diseñar el Presupuesto de Egresos en cada ejercicio fiscal, al comprometer ingresos anuales durante más de tres décadas, hasta 2053”.

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