EN EL CAMINO: La descomposición del gobierno bajacaliforniano

Sin duda alguna que en Baja California la realidad que vivimos, sobrevivimos y sufrimos, pudiera estar peor de lo que está. No obstante, ello no elimina ni disminuye los problemas que vivimos. No constituye consuelo alguno estar enterados de que en otras partes de México y del mundo la corrupción, la impunidad, la violencia, la contaminación, la explotación irracional de los recursos naturales, la ausencia de justicia y un estado de derecho débil tengan niveles mayores que los que, pareciera, se han vuelto cosa de todos los días en nuestro estado.

Jesús Francisco Galaz Fontes* / A los 4 Vientos / Foto: Victor Medina, Cuarto Oscuro

Sin negar esas otras realidades, es imperioso atender la nuestra, ya que de no hacerlo seguiremos en ruta para engrosar la lista de esas otras realidades social y humanamente lastimosas en grado extremo. El dilema al que nos enfrentamos en estos momentos es real, y si la población y los ciudadanos no somos capaces de cambiar las tendencias presentes, todos sufriremos las consecuencias, incluyendo particularmente las generaciones futuras.

Una de las grandes paradojas de sociedades como la bajacaliforniana es que sus gobiernos, más que un factor promotor del desarrollo humano y la justicia social, se han transformado en uno de sus más grandes problemas. En términos muy generales un buen gobierno debería caracterizarse por funcionar de una manera honesta, competente y éticamente centrada en el bien común. Además, debe ser incluyente, participativo, transparente y promotor de la justicia y de un estado de derecho en el que, finalmente, toda la población tuviera acceso a una vida digna.

Lo excepcional debieran ser los grupos humanos sin acceso a ese tipo de vida, pero lo que padecemos en México y en Baja California es exactamente lo contrario, ya que lo excepcional son los grupos que pueden llevar una vida digna (trabajo, remuneración, vivienda, servicios educativos y de salud, etc.). ¿Cómo podemos estar satisfechos con el funcionamiento de nuestro sistema político-económico bajo estas condiciones? ¿Bajo qué maroma intelectual podemos justificar este estado de cosas? ¿Con qué autoridad moral podemos pedirle a los grupos excluidos paciencia y más paciencia mientras es cada vez más claro que las clases gobernantes están centradas en fortalecer y acrecentar sus posiciones de poder para seguir expoliando al país y, en nuestro caso particular, al Estado.

“Kiko” y los pobres. Monero de Adrián Osuna.

Desde hace ya algunos años el gobierno bajacaliforniano, en todos sus niveles, ha estado mostrando niveles cada vez más descarados de corrupción y, al mismo tiempo, se ha hecho evidente su distanciamiento de la sociedad y de sus necesidades. Nuestros gobernantes, si alguna vez lo tuvieron, no tienen el bien público y común como el referente de sus acciones, sino que tal función orientadora ha sido ocupada por los negocios propios o de su círculo de socios, familiares y amigos, y para ello no han vacilado en hacer uso de información pública privilegiada, involucrarse en el tráfico de influencias, en el intercambio de favores y, por si lo anterior fuera poco, en la formulación de leyes y decretos que les permiten hacer que sus deshonestas acciones no puedan ser etiquetadas como ilegales. El tristemente famoso “Año de Hidalgo” asociado al último año de cada administración gubernamental ha perdido vigencia, puesto que los preparativos y las acciones para apropiarse de los bienes públicos comienza ahora desde el primer día en que nuestros gobernantes asumen sus puestos.

Pero como en estos últimos tiempos un sector de la sociedad bajacaliforniana se ha resistido a seguir soportando abnegadamente los abusos de sus gobernantes, ahora éstos están recurriendo al uso de la fuerza policiaca y al uso faccioso de la ley, combinadas con una buena dosis de publicidad para los medios dispuestos a seguir viviendo del presupuesto, para hostigar, amedrentar y reprimir a los activistas y movimientos sociales que osan oponerse a su autoritarismo.

Así, ahora no solamente los ciudadanos debemos aceptar que nuestros gobernantes se comporten como si fueran reyes y propietarios de los recursos públicos y de la conducción política del estado, sino que debemos resignarnos a ser reprimidos si nos atrevemos a alzar la voz o no permitimos que nos pasen por encima, como fue el caso de lo acontecido en el Rancho Mena el martes 16 de enero de este año. A esto me refiero cuando afirmo que el gobierno en Baja California está en descomposición.

¿Por qué, en lugar de amenazar con el uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, así como con un poder judicial sumiso al poder ejecutivo, el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid no ha buscado dialogar con la sociedad que se manifiesta a través de los diferentes grupos de resistencia? ¿Por qué alguien que afirma estar bajo las órdenes de la gente tiene miedo de reunirse con esa misma gente cara a cara y sin intermediarios? ¿Por qué los representantes populares, particularmente los asociados al Partido Acción Nacional, se congratulan cuando el gobernador defiende los intereses empresariales, pero no dicen nada al respecto de los derechos humanos de manifestantes agredidos y encarcelados mediante acciones ilegales?

¿Por qué el presidente municipal Gustavo Sánchez Vázquez no ha mostrado las carpetas que hagan evidente la legalidad de la instalación de la cervecera Constellation Brands? ¿Por qué considera justificado canalizar fuerzas policiacas para proteger a grupos de seguridad que se comportan ilegalmente en sus tareas de protección a una empresa que le importa un comino la comunidad en la que quiere establecerse, con la que quiere asociarse y a la que quiere supuestamente beneficiar?

Dicen por ahí que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. ¿Merecemos los bajacalifornianos este gobierno en descomposición que tenemos? Si no lo merecemos tenemos, entonces, que hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a que nuestros gobernantes cambien su comportamiento? Informémonos, discutamos, apoyemos virtualmente, manifestémonos físicamente, organicémonos; asumamos nuestros derechos y reclamemos un buen gobierno.

 

 

*Jesús Francisco Galaz Fontes, profesor retirado de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es integrante del grupo civil Mexicali Consciente.