Avanza nuevo intento por retirar el registro al PES en BC

El Instituto Estatal Electoral (IEEBC) dio un paso más en su intención de retirar el registro del Partido Encuentro Social (PES) en Baja California, al decretar en comisión la no procedencia de la reforma al artículo 148 de los estatutos del instituto político.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / IEEBC

Mexicali, B. C., 17 de enero de 2018. – Los integrantes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del IEEBC, consideraron hoy que esa reforma “se aparta por completo del marco constitucional, legal, jurisprudencial, así como los principios democráticos que debe prevalecer a favor” de los militantes petistas en la entidad.

Asimismo, resaltaron que la propuesta del inciso A del citado artículo estatutario reduce el nivel de participación de los militantes del partido –siete mil 157 personas- en la toma de decisiones, “sobre todo las que son de trascendencia” como lo es la disolución del instituto político por la vía de una votación simple.

“La Comisión determinó declarar la improcedencia (de la citada reforma, contenida en la segunda parte del Dictamen 52 relativo “Declaración de Procedencia Constitucional y Legal de la Reforma a los Artículo 64 y 148 de los Estatutos” del PES), por ser contraria a los principios democráticos que imperan en el marco jurídico vigente”, explicó el instituto en un comunicado.

Antes, los comisionados declararon procedente la reforma del artículo 64 de los estatutos pesistas, también bajo análisis en el Dictamen 52.

Esto, “en razón de que al tratarse de un requisito de acreditación para acceder a un cargo de la estructura municipal como lo es la temporalidad de su militancia, ésta fue realizada en ejercicio de los principios de auto organización y auto determinación que gozan los partidos políticos”.

Foto: Cortesía IEEBC

La votación aprobatoria para las dos reformas contenidas en el dictamen de la comisión fue unánime. Sufragaron así el consejero presidente Daniel García García, y las vocales Bibiana Maciel López y Lorenza Soberanes Eguía.

La resolución de los tres consejeros se turnó este día por la tarde al Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para su acuerdo definitivo, que podría ser el retiro del registro al PES en Baja California.

Apenas el pasado 13 de noviembre, Encuentro Social obtuvo del IEEBC un fallo definitivo que le permitió conservar su registro en el estado.

Esto porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovió el retiro del registro bajo el argumento de que había 179 registro válidos del Partido Encuentro Social que estaban duplicados con el Partido Político Nacional Encuentro Social.

La decisión se tomó luego de que la Comisión de Régimen de Partidos del instituto electoral encontró que el padrón del PES es de siete mil 157 militantes, lo que equivale al 0.26 por ciento del padrón electoral de la entidad utilizado en la elección inmediata anterior en Baja California.

Foto: Cortesía.

También que los ciudadanos afiliados a Encuentro Social se encuentran distribuidos en cada uno de los cinco municipios de la entidad.

“De ahí se concluye que el Partido dio cumplimiento a los dos requisitos necesarios para la conservación de su registro como partido político local, el primero relativo al porcentaje mínimo de afiliados, y el segundo que estén distribuidos en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad”, determinó entonces el Dictamen 48 que resolvió el caso en definitiva.

El debate jurídico para dictaminar si el PES continúa en Baja California como partido político local se da en medio de dos hechos relevantes en los últimos meses:

1.- La decisión de la dirigencia nacional de partido derechista de aliarse a la candidatura presidencial del morenista Andrés Manuel López Obrador.

2.- El activismo del diputado pesista estatal Luis Moreno Hernández quien llegó a impulsar en el congreso la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, y oponerse a la privatización del agua en el estado y el mega endeudamiento del gobierno para pagar obras al amparo de los contratos de asociación pública privada (APP’s).