11 diputados piden a la SCJN que anule los contratos para construir desalinizadoras en BC

Los diputados estatales del PRI, MORENA, PT, PES, PBC y uno del PAN (Miguel Osuna Millán), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para que anule el Decreto 168 que otorga los contratos de Asociación Público Privadas (APP) para la construcción de las plantas desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín.

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6 de enero del 2017.- Los diputados Luis Moreno Hernández, del Partido Encuentro Social (PES), y Catalino Zavala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a nombre de 11 legisladores promotores de la demanda, manifestaron que decidieron acudir al Poder Judicial de la federación porque la aprobación del decreto, hecha en la madrugada del lunes 1 de diciembre pasado, se hizo con mayoría simple del congreso en lugar de mayoría calificada, tal y como lo establece la norma constitucional.

“Es una acción de inconstitucionalidad; los firmantes somos de distintas fuerzas políticas, están todos los diputados del PRI; está un diputado de Acción Nacional, Miguel Osuna Millán; esta el PT, con Claudia Agatón, está el PBC, está el PES y está Morena”, destacó Zavala.

Moreno por su parte dijo que se aplicó el recurso ante la SCJN destacando dos hechos:

“El primero es por las violaciones al procedimiento que consistieron en la notificación arbitraria, minutos antes de la hora que convocaron a una sesión extraordinaria, no justificada, en una convocatoria sin orden del día… (Incluso) A algunos diputados la convocatoria les fue entregada hasta 15 minutos o media hora después de empezada la sesión”.

El segundo es el enorme endeudamiento público -más de 70 mil millones de pesos- que representa la aprobación del dictamen para a pagar la construcción de las plantas desalinizadores por un periodo que va de 20 a más de 37 años.

Coincidieron en que si bien el problema del abasto de agua potable en Baja California debe ser resuelto al corto plazo, esto debe suceder con “proyectos correctos” financiera y técnicamente, que se basen en las necesidades reales de los cinco municipios y acaben con el inconveniente de fondo: la mala administración y distribución del recurso en el estado.

Informaron por último que la SCJN puede resolver en un plazo de 2 a 6 meses la petición de los diputados Claudia Josefina Agatón Muñiz, Bernardo Padilla Muñoz, Édgar Benjamín Gómez Macías, Catalino Zavala Márquez, Alejandro Arregui Ibarra, Luis Moreno Hernández, Blanca Patricia Ríos López, Miguel Antonio Osuna Millán, Víctor Morán Hernández, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Jorge Eugenio Núñez Lozano.